La Fiscalía pide 12 años de cárcel para un operador bursátil por estafa en Tenerife

Paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa, en una imagen de archivo.

Efe

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La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado 12 años de cárcel y una multa de 110.000 euros para un operador bursátil por un presunto delito de estafa realizada al parecer en la compraventa virtual de activos, sobre todo acciones.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebra la próxima semana una vista oral en la que al procesado se le atribuye un delito continuado de estafa y otro de apropiación indebida, además del pago de varias multas.

El Ministerio Público considera que nunca existió una verdadera voluntad del operador para negociar y lo único que buscaba era obtener un beneficio ilícito, incorporando el dinero a su patrimonio, tanto lo entregado como las ganancias, “ sin que en ningún momento del contrato tuviese intención de cumplir con lo pactado”.

Con el primer perjudicado celebró un acuerdo financiero después de que le entregara 5.000 euros en efectivo en el que se estipulaba que las ganancias deben permanecer en la cartera, hasta que pueda volver a ser invertidas de nuevo o retirarlas.

El escrito señala que lo cierto es que ha expirado el plazo que se estipuló entre las partes al principio el acusado no llegó a transferir la devolución pactada.

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23 años de cárcel

En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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En cuanto al segundo denunciante, la Fiscalía relata que aprovechando la amistad que tenía con el otro estafado, consiguió que le entregara 5.000 euros en efectivo y luego 100.000 mediante una transferencia pero al igual que en el caso anterior, al parecer jamás se cumplió el acuerdo.

Al primer perjudicado debería entregarle, en caso de ser culpable, los 5.000 euros entregados y al segundo 105.000 por el mismo concepto. 

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