La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha retirado los cargos durante la segunda sesión del juicio por presunta estafa en la concesión del quiosco Strasse Park en el Parque García Sanabria, por el que está acusado el administrador de los primera concesionaria, de traspasar la concesión sin informar a los nuevos titulares de que el enganche de luz era ilegal y que acumulaba facturas por casi 90.000 euros, que en la actualidad ya son 150.000.
El Ministerio Público cree que sólo se puede hablar de un engaño, dado que los nuevos concesionarios nunca pagaron ni los 82.000 euros en luz de la primera etapa ni emprendieron una obra por 75.000 euros para eliminar la conexión “ilegal” que les reclamó el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Según la Fiscalía, el “auténtico responsable” de lo ocurrido es la corporación local, que no sólo ha permitido este enganche del quiosco a la red municipal “con los peligros que entraña y sin cumplir la normativa”, sino que tampoco ha logrado el pago de las facturas de luz y que se lleven a cabo las obras.
La única deuda que afrontarían los dueños serían los últimos cuatro años de luz de su concesión y que no ha prescrito aunque está por ver quién asumirá la nueva conexión.
El fiscal atribuyó los cargos a un error de quien elaboró el primer escrito y considera que el conflicto se hubiese resuelto en poco tiempo en la vía civil, no en la penal como ahora.
Los concesionarios sin embargo insisten en reclamar que se les abone la diferencia entre el dinero pagado y la valoración de un auditor que se sitúa entre unos 160.000 y 130.000 euros. También piden tres años de cárcel para el administrador.
En esta última sesión intervinieron peritos como el arquitecto que hizo el proyecto, quien dijo que efectivamente los nuevos dueños nunca fueron informados previamente de la existencia de esta deuda y la obligación de hacer las obras, cuyo coste estimado es de 75.000 euros, que la Corporación local nunca ha reclamado.
Un economista calculó que el gasto en electricidad desde que se inauguró el quiosco en 2015 hasta que fue traspasado en 2021 en realidad no supera los 11.000 euros, de los que apenas habría que pagar cantidad alguna ya que las obligaciones municipales prescriben a los cuatro años.
El fiscal, sin embargo, recordó que este plazo se interrumpe cuando es reconocido el débito, tal y como ocurrió en este caso mientras que la acusación particular habló de otras deudas con bancos de las que tampoco fueron informados sus clientes.
Otro perito determinó que el valor de la concesión era de 323.000 euros, cantidad que fue la que se pagó y no de 600.000 como decían los vendedores.
Precisamente, el lunes primer día del juicio el Ayuntamiento sacó a concurso la concesión por otros diez años.