El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), que se encuentra investigado por el caso Grúas, defiende su actuación y la del equipo de gobierno en el anterior mandato en el proceso de rescate del servicio de grúas municipal, caso por el que también se investiga al portavoz municipal, Antonio Pérez-Godiño, y se está a la espera de lo que suceda finalmente con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, una vez perdida su condición de aforado.
“No me arrepiento de lo que hemos hecho”, ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press, resaltando que tiene la “plena certeza” de que se actuó “por el interés general y conforme a la ley” con la concesión de un préstamo de 120.000 euros a la empresa para salvar el servicio y equilibrar la compañía.
Díaz, que era concejal de Seguridad en el pasado mandato, resalta que la operación “no ha costado ni un solo euro” al Ayuntamiento, pues también se han recaudado los intereses, y con ella se garantizó el servicio de recogida de vehículos.
“No sé de qué se me acusa; se ha hecho lo mejor para el municipio”, ha señalado en una causa en la que se investigan los presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
Además, señala que la denuncia surge por la “incapacidad” de la oposición de articular una moción de censura en el municipio, de ahí que utilicen una herramienta judicial “desde el punto de vista político”, resaltando el “descrédito” de uno de los denunciantes, Santiago Pérez (Nueva Canarias-Por Tenerife), que dijo ante el pleno que también hubiera levantado los reparos de la Intervención.
Sobre la actuación de la Fiscalía en la instrucción del caso, considera que es “muy significativo” que se “paralizara desde arriba” un informe que en principio abogaba por archivar el caso, algo que le “sorprende” que “no llame la atención” a los denunciantes, que son “tan defensores de la democracia”.
“Es de una gravedad que atenta contra el Estado de derecho”, resalta, mostrando su convencimiento, no obstante, de que al final “va a haber justicia” y los ciudadanos también van a entender que CC sufre un “acoso político” en La Laguna.
Díaz no cree que sea irresponsable criticar la labor de la Fiscalía y se pregunta si hay actuaciones que “atentan contra lo político”, lamentando que se haya “instrumentalizado” la Justicia y que los políticos estén “vilipendiados” con carácter general porque parece que son “todos corruptos hasta que se demuestre lo contrario”.
Critica las sentencias “en plaza pública”
En esa línea, demanda “rapidez” en la resolución del caso y mientras tanto apunta que tiene que “preservar” su derecho a la inocencia.
“Yo no soy el que tiene que probar mi inocencia; es el otro el que tiene que probar que he cometido una irregularidad y, hasta que no lo pruebe y haya sentencia, no puede haber sentencias en plaza pública, que es lo que ha hecho la oposición”, ha dicho.
En el caso de que se decretara la apertura del juicio oral, dice que deja su futuro político “en manos del partido”, que siempre le ha manifestado su “apoyo total”, aparte de que CC tiene su propio código ético “y no es el que deciden otros partidos; aquí cada uno tiene su vara de medir y su libro”.