El Juzgado de Instrucción nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, a raíz de una denuncia de Unidas Podemos, ha dictado un auto en el que imputa al exalcade Miguel Zerolo, en la actualidad en prisión por el caso Las Teresitas, y a Pablo Abril Martorell Fernández, ex consejero delegado de Emmasa, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
Según la denuncia de Unidas Podemos, ambos acordaron en el Consejo de Administración de Emmasa la devolución ilegal del canon de 59 millones que había pagado Sacyr-Vallehermoso al Ayuntamiento de Santa Cruz por las infraestructuras de la empresa del servicio de aguas en la capital tinerfeña.
Así lo han explicado en rueda de prensa el portavoz de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, junto a la también concejala de este grupo municipal Dolores Espinosa y los abogados José Pérez Ventura, redactor de la denuncia, y Antonio Espinosa.
Tanto Trujillo como Pérez Ventura tacharon este presunto caso de corrupción como “aún más grave que el de Las Teresitas”, al ser la cuantía mayor que en el “pelotazo de libro” cometido con las parcelas de la playa. A Sacyr el Ayuntamiento ya le ha devuelto 33 de los 59 millones que había abonado en 2005 como canon por Emmasa.
Además, lamentaron que la “falta de diligencia” del actual alcalde, José Manuel Bermúdez, “ha impedido procesar a más personas en estas diligencias judiciales, debido a la prescripción de los posibles delitos”.
Ambos recordaron que los pagos a Sacyr, a través de Emmasa, pasaron desapercibidos en los controles muncipales hasta que un informe municipal de marzo de 2019 daba cuenta de no haber encontrado soporte documental de la deuda, conclusión similar a la de un nuevo informe, ya en 2020, que reiteró que no existía documento alguno que sustentara el pago, y que la deuda en favor de Sacyr había sido tomada “de manera unilateral” y sin sustento contractual.
La denuncia se presentó primero en la Fiscalía, pero ante el temor a la prescripción de los delitos, Unidas Podemos decididó denunciar los hechos directamente en el Juzgado, que dictó el auto a mediados del presente mes de abril, justo un día antes de que prescribieran los delitos a las dos únicas personas que han podido ser procesadas según este criterio. En todo caso, la Fiscalía finalmente presentó también denuncia.
A raíz de la gravedad de los hechos, Trujillo anunció que Unidas Podemos se personará en esta causa, reclamó que haga lo propio el Ayuntamiento y volverá a pedir además una comisión municipal de investigación sobre estos hechos “para esclarecer además cómo es posible que durante tantos estos millonarios pagos anuales, pese a ser ilegales, burlaron los controles técnicos del Ayuntamiento”.
Antecedentes en la gestión de Emmasa
En diciembre de 2005 se adjudicó a la empresa Sacyr la gestión del ciclo integral del agua en Santa Cruz de Tenerife durante 25 años a cambio del abono de 59 millones de euros por el canon para gestionar la infraestructura pública y otro millón por la adquisición de 212 acciones de Emmasa.
Este acuerdo, que se firmó en la etapa de Miguel Zerolo (Coalición Canaria) al frente de la alcaldía, salió a la luz después de 30 años de gobiernos nacionalistas en la capital una vez que el PSOE, con Patricia Hernández al frente, se hizo con el bastón de mando. El Gobierno que duró solo unos meses acabó tras una moción de censura, liderada por Coalición Canaria y apoyada por el Partido Popular y una concejal tránsfuga de Ciudadanos.
En julio de 2020 se inició el proceso de interpretación del contrato, en el que Emmasa y Sacyr aportaron sus alegaciones, que fueron desestimadas en septiembre, por lo que el expediente fue remitido al Consejo Consultivo el 24 de septiembre, y cuya dictamen llegó este lunes al consistorio.