El juicio por el “pelotazo” en la venta de la playa se reanuda con la testigo clave

El juicio por la compra, supuestamente fraudulenta, del frente de la playa de Las Teresitas por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a dos empresarios afines al entonces alcalde, el exsenador Miguel Zerolo, se reanuda este lunes con la prueba pericial, una de las más importantes de la vista oral que se inició el pasado 9 de septiembre.

Entre los 20 peritos citados a declarar entre este 17 de octubre y el 4 de noviembre, destaca un nombre: el de Pía Oramas, exarquitecta del Ayuntamiento santacrucero (en la actualidad es técnico del Cabildo de Tenerife) y piedra angular de las acusaciones pública y popular que han sentado en el banquillo a Zerolo y a otros 12 acusados, entre políticos (como su mano derecha, Manuel Parejo, que también militaba en Coalición Canaria), funcionarios y los empresarios beneficiados, Antonio Plasencia e Ignacio González Martín. Se les acusa de malversación y prevaricación y se piden para ellos un total de 60 años de cárcel.

El de Pía Oramas es el nombre que más se ha repetido en las 14 sesiones de la vista oral que se han celebrado hasta la fecha. Elaboró en marzo de 2001 un informe sobre el valor de tasación de las 11 parcelas que conforman el frente de la principal playa de la capital tinerfeña y lo cifró en 19,2 millones de euros, aunque cuando llevó a cabo esa tasación ya había dudas acerca de la titularidad de algunas parcelas, que figuraban en el inventario municipal, es decir, ya serían propiedad del Consistorio.

Sin embargo, finalmente se pagaron 33 millones de euros más. En el expediente figuraban tres tasaciones de particulares, incluido una de expertos de la Universidad Carlos III de Madrid, pero el de Oramas no estaba, pese a que la tasación por un técnico municipal era de obligado cumplimiento, tanto que esa ausencia fue uno de los motivos por los que el Tribunal Supremo declaró la anulabilidad de la compra-venta de la playa en 2007.

En lo que llevamos de juicio, más de una decena de testigos han afirmado que nunca vieron el informe. Los concejales que participaron en 2001 en los dos plenos en los que se abordó la compraventa y en un tercer pleno, en junio de ese año, en que la operación fue aprobada por unanimidad, negaron conocer la tasación de Oramas. El socialista José Ángel Martín dijo que solicitó leerla reiteradamente cuando era responsable de Urbanismo, pero no lo consiguió.

Santiago Pérez, el ex secretario general del PSOE en Tenerife, testificó que “era vox populi” su existencia, cuando en 2002 ya se hablaba en la calle del “pelotazo” que habrían dado Plasencia y González Martín con la venta de los terrenos. Es más, aseguró que supo de su existencia porque la hoy diputada nacionalista, Ana Oramas, así se lo indicó en una conversación informal.

Coacciones para evitar que se conociera el documento

No solo se sabía de su existencia, sino que dos testigos declararon que Pía Oramas incluso llegó a temer por su vida, y les explicó dónde guardaba una copia. Fueron Luisa del Toro y Ana Zurita. Del Toro, que era directora técnico-jurídica de la Gerencia Municipal de Urbanismo, respondió a preguntas de la fiscal anticorrupción que ese informe le fue encargado por quien era concejal de Urbanismo en el año 2001, Manuel Parejo (para quien se solicitan ocho años de prisión, los mismos que para Miguel Zerolo).

“Se trataba de un asunto muy complicado. Doña Pía Oramas se sentía amenazada y coaccionada. Lo estaba pasando muy mal”, aseveró Del Toro. “Ella me hizo estas declaraciones de compañera a compañera, y me dijo dónde guardaba el informe de tasación, por si le pasaba algo”.

En el mismo sentido se expresó Ana Zurita, arquitecta y ahora diputada nacional del PP, que en 1998 era técnico de la Gerencia de Urbanismo y que en su testifical del pasado 20 de septiembre afirmó que conocía la tasación de Pía Oramas.

También conocieron esa tasación los técnicos Epifanio Gómez y Sebastián Martín. Epifanio Gómez, exjefe de Planeamiento Municipal, indicó al tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en la que se ve la causa penal por la compra del frente de la playa, que no era habitual que un concejal encargarse directamente una tasación, como hizo Parejo, y que pudo leer el informe de Oramas cuatro años después de que se llevase a cabo la operación.

Por su parte, Sebastián Martín, que era secretario delegado de la Gerencia del Ayuntamiento santacrucero (cargo en el que fue sustituido por Víctor Reyes, que también se sienta en el banquillo), declaró que conocía la tasación de Pía Oramas y que, además, se elevaron tres informes negativos al Convenio de Urbanización propuesto por la Junta de Compensación poco antes de llevarse a cabo la compra, y ello, entre otros motivos, porque hacían prevalecer el Plan Especial de Las Teresitas frente al Plan General de la ciudad.

La contundencia de la exarquitecto municipal

Pía Oramas ya declaró en febrero pasado, en el marco del juicio civil para dilucidar la titularidad de las parcelas del frente de la playa, y fue contundente al asegurar que el Ayuntamiento encargó otros dos informes de tasación para “echar abajo” el suyo. No solo eso, sino que recibió presiones para elevar el valor de los terrenos.

Con la misma rotundidad, dijo que no estaba aprobado el proyecto de urbanización para la instalación de infraestructura y que el convenio de la Junta de Compensación no se ajustaba a la legalidad.

Fernando Senante, abogado que formó parte del equipo redactor del Plan General de Santa Cruz de Tenerife de 1992, reconoció que en 2001 hubo una reunión en el Ayuntamiento con Pía Oramas, ya que “había discrepancias” en torno a su informe, pero negó que la extécnico municipal recibiera presiones para que cediera y respaldara con su firma la tasación de Tinsa, que elevaba el valor de las once parcelas hasta los 63 millones de euros, a lo que se negó.

El juicio civil está pendiente de sentencia a la espera del fallo en la causa penal y en aquel no solo se ha planteado la titularidad de las parcelas, sino que los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio Martín González, dueños de Inversiones Las Teresitas, devuelvan los casi 53 millones de euros que recibieron por el frente de la playa, además de otros 17 millones en concepto de intereses. Por su parte, los empresarios reclaman al Consistorio 116 millones de euros por lucro cesante.

Zerolo declara en noviembre

Entre este lunes y el 28 de noviembre comparecerán 14 peritos ante el tribunal que juzga el caso Las Teresitas, incluida Pía Oramas. El magistrado presidente, Joaquín Astor Landete, ya ha advertido de que la falta de espacio limitará la presencia de periodistas y público en la sala de vistas, pese a que se pidió, de forma reiterada, a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno canario una solución acorde a la magnitud de este juicio, sin recibir respuesta.

Los días 2, 3 y 4 de noviembre intervendrán tres, cinco y dos peritos diferentes. Los días 7 y 8 de noviembre se dedicarán a la prueba documental y, finalmente, entre el 10 y 11 de noviembre, serán interrogados los trece acusados.