La formación política Sí Se Puede, en la oposición en el Ayuntamiento de Güímar, lamentó este jueves el daño que la mala gestión de la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro (del PP), causa a las empresas locales y a los empleados públicos que se serán citados como testigos por la denuncia que la Fiscalía Anticorrupción ha tramitado ante el Juzgado de Instrucción de Güímar en relación con la información trasladada previamente a la Fiscalía por Sí Se Puede y el PSOE debido a las graves irregularidades que se venían cometiendo en los últimos años de gestión pública en la citada Corporación local.
Por esta denuncia, la alcaldesa Castro será citada a declarar como investigada o imputada por un supuesto delito de prevaricación administrativa, junto a dos concejales de su grupo de gobierno.
La organización ecosocialista considera que las graves irregularidades del gobierno de Carmen Luisa Castro suponen un perjuicio serio para el municipio y puntualiza que el largo listado de testigos representantes de empresas, trabajadores autónomos y funcionarios que han sido citados a declarar por la Fiscalía lo son en calidad de testigos de los hechos que se investigan, que apuntan a irregularidades de integrantes del Gobierno municipal de Güímar.
De esta manera, cabe precisar que las empresas citadas no están investigadas en estos momentos, sino los encargos que les hizo el Ayuntamiento bajo los mandatos de Castro. El detalle de esta situación es oportuno, dada la cantidad de falsedades e imprecisiones que está difundiendo la Alcaldía en una inoportuna y poco democrática utilización de la página web municipal.
Tras analizar la documentación, el fiscal decidió investigar “posibles infracciones en materia contractual”, tras constatar “la existencia de múltiples vulneraciones a la legislación en materia de contratación”, en las que señala como posibles infractores a la alcaldesa, Carmen Luisa Castro (PP), y a los concejales Verónica Isabel Jorge Mesa (CC) y Sixto Carlos Alfonso Martín (Alternativa por Güímar), sin perjuicio de que la investigación pueda apuntar a otras personas.
El fiscal asegura que “se desprende una práctica, al parecer generalizada, de elusión, en materia de obras públicas, de los procedimientos de licitación aplicables mediante la vía del fraccionamiento de las diversas prestaciones necesarias”, además de constatar “la existencia de diversos supuestos en los que se concierta y practica la obra sin informes previos de otras instituciones públicas”.
También indica, en materia de personal, gratificaciones no justificadas a miembros del personal municipal o intervención no explicada en algunas nóminas.