El Supremo ratifica el nuevo deslinde de Bajo La Cuesta que afecta a medio centenar de viviendas
Los vecinos de Bajo La Cuesta, un grupo de viviendas situadas en el litoral del municipio de La Candelaria, acaban de recibir un nuevo revés judicial en su batalla para impedir el derribo de medio centenar de casas situadas en dominio público. Hace escasas fechas el Tribunal Supremo (TS) ratificó que el nuevo deslinde fijado en 2006 es básicamente igual al anterior de 1969.
La principal consecuencia es que los edificios entran en la categoría de fuera de ordenación, y sus consiguientes limitaciones, e incluso podrían llegar a ser demolidas. De hecho, en 2008 la Dirección General de Costas comunicó a los afectados el inicio de los trámites para la recuperación posesoria y la desaparición del barrio, como ya ocurrió en su día con Cho Vito.
El recurso había sido presentado por una treintena de vecinos quienes defienden que aunque las condiciones geomorfológicas de este enclave no han variado, lo que sí ha cambiado con respecto a enero de 1969 es el concepto legal de zona marítima terrestre. De esta manera, los vecinos sostienen que el terreno no podía tener carácter público según aquella “añeja” ley que data de 1880, que fue la que se aplicó en aquel entonces.
Sin embargo, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en su momento, como ahora el Supremo, asumen el criterio de la Dirección General de Costas en cuanto a que ambas delimitaciones son “sustancialmente coincidentes”. Por ello, se descarta el argumento de que estos terrenos no eran demaniales antes de 2006 y que fueron incluidos “novedosamente” como suelo público ese año.
“Precisamente porque un deslinde y otro coinciden carece de sentido invocar la Ley de Puertos de 1880”, indica el fallo. En el auto también se explicita que a estas alturas ya no cabe discutir la corrección jurídica del deslinde efectuado en 1969 bajo el pretexto de que no se adecuaba a la legislación que data de finales del siglo XIX.
La batalla en los frentes administrativos y judiciales por parte de estos ciudadanos se inició en 2008 y desde entonces se han ido haciendo con diversos informes municipales, declaraciones juradas de funcionarios y otros documentos, en los que sostiene que existen errores de peso en el nuevo deslinde. De esta manera se demostraría que el trazado no tiene que ver con el de 1969, pese a lo defendido por Costas para justificar la demolición de este medio centenar de viviendas. Sin embargo, los tribunales una vez más se han puesto del lado del Gobierno central y dictaminan lo contrario.
