Más de 30 testigos, la mayoría inversores privados de la empresa NAP de África Occidental-Islas Canarias, comenzarán a declarar este viernes en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Granadilla de Abona. Así consta en un auto judicial, al que ha tenido acceso Mírame Televisión, dictado el pasado 21 de septiembre por la jueza que investiga una presunta malversación de 12 millones de euros en el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) del Cabildo de Tenerife.
El auto de la magistrada María Isabel Pardo-Vivero, que también solicita un informe pericial para acreditar el “perjuicio económico sufrido por la entidad pública ITER”, anuncia que los 14 investigados en el conocido como caso NAP, entre los que figuran los expresidentes del Cabildo de Tenerife Carlos Alonso y Ricardo Melchior (ambos de Coalición Canaria), serán llamados a declarar “una vez practicadas las declaraciones testificales”, que comienzan este viernes y se prolongarán hasta el próximo 17 de diciembre.
Los 14 investigados que aparecen en el auto del Juzgado de Instrucción Número 1 de Granadilla de Abona, tal y como había pedido la Fiscalía en su denuncia, son los miembros del Consejo de Administración del ITER que aprobaron la operación de rescate del NAP, una empresa arruinada que fue creada para la instalación de un punto de conexión de datos, así como la compra de todas las acciones de los inversores privados de la sociedad, en la que el Cabildo de Tenerife poseía alrededor del 50% del capital.
Además de Carlos Alonso y Ricardo Melchior, en el auto figuran el resto de personas que serán citadas en calidad de investigadas una vez concluyan las declaraciones de los testigos: el exvicepresidente del Cabildo de Tenerife Aurelio Abreu (PSOE); el actual viceconsejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pérez (PSOE); el exdirector-gerente del ITER, Manuel Cendagorta; el expresidente de CajaCanarias Álvaro Arvelo; la actual consejera delegada de la entidad INtech Tenerife, Raquel Lucía Pérez Brito; el anterior rector de la Universidad de La Laguna, Eduardo Doménech; el exconsejero delegado del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) Nicolás Díaz; los exconsejeros insulares Antonio García Marichal (CC), Magaliz López García (CC) y Jesús Morales (CC); el exconcejal de Urbanismo de Granadilla Esteban González (PP); y el director del Instituto de Astrofísica de Canarias, Francisco Sánchez.
Rueda de testimonios
Las declaraciones de los testigos comenzarán este viernes con el testimonio de la actual consejera delegada del ITER, María Elena Rodríguez, que fue la encargada de poner los hechos que ahora se investigan en manos de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. A ella le seguirán otras cuatro personas, entre las que destaca el empresario José Ana Pérez Labajos, el principal inversor del NAP e investigado en una de las piezas separadas del caso Forum.
El segundo día de interrogatorios será el lunes 8 de noviembre, cuando están citados otros cinco testigos. Será el turno, entre otros, del dueño de la constructora Daltre, Manuel Jesús Dharandas, vinculado también al accionariado del CD Tenerife. Las declaraciones continuarán el viernes 12 de noviembre con dos nuevos testimonios.
Los interrogatorios se reanudarán el lunes 22 de noviembre con cinco testigos más, entre los que figura otro destacado empresario vinculado al CD Tenerife, Pedro Suárez. No hay que olvidar que la entidad, a través de una promotora creada por diversos accionistas, es una pieza clave en el conocido como pelotazo de Geneto, donde el Cabildo de Tenerife compró varias parcelas a un precio inflado, entre ellas un terreno donde estaba previsto construir el edificio del NAP, que finalmente se levantó en Granadilla.
Otra ronda de cinco testigos continuará el 26 de noviembre. Será el turno del empresario Francisco Javier del Rosario, uno de los areneros condenados por las extracciones ilegales de áridos en Güímar. Las declaraciones se reanudarán en la sesión del siguiente lunes, 29 de noviembre, a la que seguirá una nueva ronda de testificales el 3 de diciembre, cuando está previsto que sea interrogado el expresidente de la CEOE en la provincia tinerfeña Enrique Rodríguez de Azero.
Las dos últimas fechas para interrogar a los testigos serán el 13 y el 17 de diciembre. A partir de ese momento, la jueza citará a los 14 investigados para que presten declaración acompañados de sus abogados, según el auto dictado por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Granadilla de Abona.
La magistrada también ha solicitado al ITER el contrato por el que la empresa del Cabildo de Tenerife se subrogó en el préstamo hipotecario existente con la extinta CajaCanarias “en relación a los cuatro terrenos adquiridos el 12 de marzo de 2007” en la ciudad deportiva de Geneto.
La empresa ruinosa del NAP generó un agujero financiero que fue cubierto gracias a la inversión llevada a cabo por el ITER con dinero público. La jueza María Isabel Pardo-Vivero investiga, además de la compra de los terrenos de Geneto, los distintos préstamos que se emitieron para saldar la deuda de la sociedad, sin que los inversores particulares pusieran ni un céntimo de su bolsillo. Una operación que culminó mediante la absorción de la entidad, sin tener en cuenta que se encontraba en causa de disolución, y la compra de todas las acciones privadas a su valor nominal, a pesar de la devaluación que habían sufrido.