El juez Alba pide citar como testigo al fiscal que solicita para él diez años de cárcel
El magistrado Salvador Alba, procesado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la presunta comisión de cinco delitos, presentó el pasado martes su esperado escrito de defensa, un texto que había generado expectación en el foro judicial ante su anuncio, hecho público hace un mes, de que iba a provocar “una reacción social” que tiraría “por los suelos” la imagen de la justicia en las Islas, a la que veía “en estado terminal”.
Lo cierto es que el escrito del juez no introduce novedades significativas con respecto a su discurso de las últimas semanas, más allá de una llamativa petición, la de citar como testigo a Vicente Garrido, el fiscal que lo acusa en este procedimiento de haber cometido cuatro delitos (prevaricación judicial, falsedad en documento oficial, cohecho y revelación de secretos) y solicita para él una pena de diez años de cárcel y 29 de inhabilitación para el cargo de magistrado, aparte de una multa de 40.500 euros y el pago de una indemnización a la también jueza Victoria Rosell, que figura en la causa como víctima, por los daños morales ocasionados como consecuencia de sus maniobras para perjudicar su carrera.
La petición de Alba es insólita, aunque encuentra cierto paralelismo con un hechos acaecidos en 1996, con el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, instructor del caso Lasa y Zabala, como protagonista. Este juez citó a declarar al fiscal jefe del mismo órgano, José Aranda, por una presunta ocultación de datos en el sumario. Entonces, la Sala de lo Penal de la Audiencia desautorizó a Gómez de Liaño y la Junta de Fiscales, tras una reunión de tres horas, le recordó que “no es adecuado a la ley citar como testigo a quien ya es parte imparcial en el proceso”.
Vicente Garrido, fiscal jefe de Canarias, es uno de los once testigos que ha pedido la defensa de Alba, ejercida por el abogado Nicolás González-Cuéllar, para el acto de juicio oral. El magistrado también ha solicitado que se interrogue a sus compañeros de la Audiencia Provincial de Las Palmas Emilio Moya y Carlos Vielba y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste. El juez grabó a los dos primeros en el office de la Sección Sexta mientras departían sobre determinados asuntos judiciales. Al tercero, en el garaje de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. En los dos casos pretendía probar, según sus propias manifestaciones, que estaba recibiendo presiones para archivar la causa que instruía, en sustitución de Victoria Rosell, contra Miguel Ángel Ramírez, el empresario con el que se reunió de forma clandestina en su despacho de la Audiencia para fabricar una declaración en sede judicial que perjudicara a la magistrada.
De aceptar el TSJC los testigos propuestos por Alba, en el juicio también comparecerán los fiscales que, según una sentencia del Tribunal Supremo, vulneraron derechos fundamentales de la jueza Rosell y se excedieron en sus funciones cuando abrieron diligencias preprocesales para investigarla por motivos disciplinarios. Se trata de Guillermo García-Panasco, que entonces era jefe de la Fiscalía Provincial de Las Palmas y que fue ascendido por la Fiscalía General del Estado a un cargo en Madrid, como teniente en la secretaría técnica, apenas una semana después de la citada sentencia del Supremo, y de Evangelina Ríos, especializada en Delitos Económicos y representante del Ministerio Público en la causa contra Ramírez, que mantiene un público y notorio enfrentamiento con Rosell.
La lista planteada por el juez procesado la completan la propia Rosell; la también magistrada Carla Vallejo, autora de la exposición razonada remitida al TSJC que da origen a la investigación contra Alba; la actual diputada de Podemos Meri Pita, funcionaria de la Administración de Justicia; el periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora y pareja de Rosell, que ejerce como acción popular en la causa, y el comunicador Francisco J. Chavanel.
En su escrito de defensa, Alba niega todos los hechos que se le imputan y afirma que todos los hechos narrados por la Fiscalía y las acusaciones “no son ciertos y no se corresponden con la realidad”. Insiste el magistrado en atribuir irregularidades a Rosell en su actuación como instructora de la causa contra Miguel Ángel Ramírez, las mismas que recogió en los informes remitidos al Supremo y al Poder Judicial, unos documentos que son objeto ahora de una acusación formal por falsedad en documento oficial, y en defender que su reunión con el empresario para conspirar en contra de la jueza, así como la posterior declaración pactada sobre hechos ajenos a la investigación, estaban justificadas.
Alba alude a la existencia de “una serie de operaciones económicas que se desprendían de la contabilidad de la empresa investigada, Seguridad Integral Canaria, y que podían ser constitutivas de un delito de blanqueo de capitales, lo cual -de confirmarse- supondría la ampliación del objeto de la causa”. El escrito del juez hace referencia a las relaciones comerciales de Ramírez con Carlos Sosa, y, en concreto, al contrato para la cesión temporal de una licencia de radio de Clan de Medios, la empresa periodística de la pareja de Rosell, y la productora de la Unión Deportiva Las Palmas, club de fútbol presidido por el empresario.
Sin embargo, en el interrogatorio que Alba -y la fiscal Ríos- hicieron a Ramírez aquel 23 de marzo de 2016, la declaración pactada en la reunión de la semana anterior, no se le pregunta en ningún momento por ese contrato, que había sido suscrito después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concediera la excedencia a Rosell para presentarse a las elecciones generales de diciembre de 2015 en las listas de Podemos. El juez confesó recientemente que había sido él quien había entregado en la Fiscalía una copia de ese contrato que sólo tenía, además de las partes, el exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria, rival de Rosell en aquellos comicios.
El escrito del juez también obvia que las relaciones comerciales entre empresas de Ramírez y sociedades vinculadas a proyectos periodísticos de Carlos Sosa habían concluido en 2009, cinco años antes de que se abrieran las diligencias contra el empresario por un presunto fraude contra Hacienda y la Seguridad Social por el que aún está siendo investigado. La defensa de Alba ha pedido que se libre oficio al registro mercantil para que se remita certificaciones de todas las inscripciones de dos de esas empresas periodísticas.
El magistrado sostiene que su reunión con Ramírez “nunca se mantuvo oculta” y que fue comunicada a los presidentes de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, a quien “se le remitió un informe escrito y se le dio cuenta de forma verbal”. Como se recordará, el juez envió al Supremo un día después de abandonar el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, en el que sustituyó a Rosell, un informe en el que hablaba de una declaración “absolutamente espontánea” del empresario contra la jueza. Con anterioridad, había obviado esa reunión en dos escritos dirigidos al Poder Judicial y en otro al Supremo.
Como ya hiciera en recursos anteriores, Alba también señala a Emilio Moya, presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, transcribiendo un fragmento de la conversación que este mantuvo con Ramírez cuando salió de su despacho y que revela que estaba al tanto de la operación que había preparado junto al empresario, al que, según Alba, su compañero “conocía personalmente” y a quien unía “una relación de amistad”.
El escrito concluye con una petición de libre absolución del juez procesado, que tampoco será suspendido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) esta semana a pesar de que ya ha transcurrido más de un mes desde que el TSJC decretara la apertura de juicio oral.
