El Gobierno canario ‘se lava las manos’ en el conflicto entre un juez de guardia de Las Palmas y la funcionaria vetada
El Gobierno de Canarias se ha puesto de perfil en el conflicto laboral abierto en la Administración de Justicia de Las Palmas por la decisión del magistrado Luis Galván, titular del Juzgado de Instrucción 6 de la capital grancanaria, de prohibir a una funcionaria ocupar su puesto durante las jornadas de guardia. Este juez ha ordenado ya en tres ocasiones a la Guardia Civil la expulsión de la trabajadora, a la que atribuye falta de diligencia y retrasos en la tramitación de las causas. Para ello se agarra a una resolución de 2016, una notificación oficial sobre un expediente abierto a la empleada pública por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, finalmente archivado.
Por un lado, el Gobierno regional da la razón a la afectada y a la Junta de Personal, que denuncian que el magistrado se ha arrogado funciones sancionadoras que corresponden al Ejecutivo. Según un escrito al que ha tenido acceso Canarias Ahora, el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez, se ha dirigido al juez Luis Galván para informarle de que la funcionaria no ha sido expedientada ni sancionada ni suspendida de empleo, por lo que no hay ninguna razón que le impida llevar a cabo las funciones que tiene atribuidas. El Gobierno regional precisa en ese escrito que tampoco hay constancia de ninguna resolución que prive a la trabajadora de hacer las guardias.
Sin embargo, en el mismo escrito, el director general se muestra “respetuoso” con las competencias que la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a los letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) y a los magistrados en sus funciones de dirección y organización.
En otro documento, en este caso de respuesta a una petición de amparo de la funcionaria afectada, el Gobierno advierte de que tiene “vetada” la posibilidad de dirigirse a un juez para instarle a que se abstenga de llevar a cabo determinadas conductas e invita a la empleada pública, que ejerce como tramitadora procesal, a recurrir a la vía administrativa y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El director general alude al acuerdo adoptado por el órgano de gobierno de los jueces en abril de 1998 sobre un supuesto similar. En aquella ocasión, el pleno del Consejo revocó una resolución de un magistrado de instrucción de Barcelona que había adoptado idéntica decisión y dictaminó que el servicio de guardia debe ser prestado “por todos los funcionarios que componen la plantilla del órgano judicial, al menos hasta las horas previstas en el referido apartado, siendo ello una obligación”.
El presidente de la Junta de Personal, Luis Piernavieja (Intersindical Canaria) ha criticado “la tibieza” con la que, a su juicio, están actuando tanto el consejero de Justicia del Gobierno regional, José Miguel Barragán, como el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, a quienes los representantes de los trabajadores habían dado de plazo hasta este viernes para reconducir el conflicto entre el juez, apoyado por la secretaria judicial, y la funcionaria. Piernavieja esperaba una respuesta “más contundente” del Ejecutivo, “que cuando menos se dirigiera al Consejo General del Poder Judicial si está convencido de que el juez está usurpando sus funciones sancionadoras”.
La Junta de Personal también ha expresado su preocupación por el hecho de que el Gobierno no haya convocado aún la reunión extraordinaria en materia de prevención de riesgos laborales que solicitó hace aproximadamente tres semanas para abordar este conflicto. Y ello a pesar de que, según el reglamento interno, estas reuniones deben ser convocadas en las siguientes 24-48 horas a su solicitud. Los representantes de los trabajadores inciden en “la gravedad” de este incumplimiento y recuerdan una reciente condena a la Dirección General de Justicia por no proteger la salud de una funcionaria en el Juzgado de Primera Instancia 7 de la capital grancanaria.
Ofensiva legal
La funcionaria vetada ha emprendido, con el asesoramiento de la Junta de Personal, una ofensiva legal contra el magistrado en varios frentes. El objetivo es poner coto a la situación que padece cada ocho días desde hace un mes y medio y que le ha supuesto, además de un notable quebranto económico, al impedirle cobrar el complemento salarial, una merma en la salud.
Tres son las vías que ha abierto contra el magistrado. En el ámbito contencioso-administrativo, ha presentado una demanda por vulneración de derechos fundamentales con petición expresa de medidas cautelares que garanticen, hasta la fecha en la que se resuelva, la realización de las guardias.
De forma paralela, ha dirigido una queja a la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, también por la vía administrativa, con idéntica solicitud de medidas cautelares y la petición de que se depuren las responsabilidades que correspondan en este ámbito.
Además de las acciones administrativas y disciplinarias, la afectada ha acudido al ámbito penal. La denuncia que ha interpuesto ha recaído en el Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria. La Junta de Personal entiende que el magistrado titular de este partido judicial, Javier García-Sotoca, debe inhibirse para que el caso sea tramitado por la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al ser un juez el denunciado.
El Juzgado de Instrucción 6, del que es titular Luis Galván, vuelve a estar de guardia este sábado, por lo que es probable que se reproduzcan situaciones como las vividas el pasado viernes. La funcionaria estará respaldada, de nuevo, por representantes sindicales.
