Un sindicato denuncia ante el Poder Judicial al juez de Gran Canaria que prohíbe a una funcionaria hacer guardias
Co.bas Canarias, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia en las Islas, ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al magistrado Luis Galván Mesa, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Las Palmas de Gran Canaria, por “atropellar los derechos” de una funcionaria a la que impide por sistema hacer guardias alegando “pérdida de confianza”.
El juez ha ordenado al menos en tres ocasiones a la Guardia Civil que expulsara a la trabajadora, que ejerce como tramitadora procesal, de su puesto en el juzgado al inicio de la jornada de guardia, ocasionándole con ello, según ha denunciado la Junta de Personal de Las Palmas, “una merma” de salud y un perjuicio económico, ya que le impide cobrar el complemento salarial.
Co.bas Canarias sostiene en su denuncia que las actuaciones del magistrado Galván “carecen de soporte jurídico y de procedimiento administrativo” y que el juez se arroga facultades “de las que legalmente carece”.
El origen del conflicto se remonta a 2016. En esa fecha la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia abrió expediente a la trabajadora como consecuencia del enfrentamiento que mantenía con el magistrado y con la letrada de la Administración de Justicia (antes secretaria judicial), que le atribuyen retrasos injustificados en la tramitación de procesos judiciales y poca diligencia.
Ese procedimiento administrativo fue archivado después de que la funcionaria causara baja por enfermedad y el expediente prescribiera. A pesar de ello y, según la Junta de Personal, “invadiendo competencias de ámbito disciplinario que corresponden única y exclusivamente al Gobierno de Canarias”, el juez Luis Galván ha decidido prohibir a la trabajadora el acceso a su puesto durante las jornadas de guardia. En tres ocasiones mediante expulsión y en otras dos, cuando el magistrado se encontraba de vacaciones, a través de la letrada de la Administración de la Justicia, que le ha permitido permanecer en las dependencias, pero sin atribuirle tareas y sin certificar las guardias.
El juez ahora denunciado también impidió que nueve miembros de la Junta de Personal estuviesen presentes “como observadores” en la última guardia, la del pasado viernes, a pesar de que los representantes sindicales contaban con una especie de “salvoconducto” emitido por el Gobierno de Canarias para garantizar sus derechos. Galván no sólo “no quiso saber nada” de ese documento, sino que también ordenó a la Guardia Civil que expulsase a los integrantes de la Junta de Personal “sin motivación alguna, atentando así contra la libertad sindical”.
Se trata, según Co.bas, “de un castigo decidido de forma unilateral por el juez, comunicado verbalmente sin motivación alguna y sin tener ninguna facultad o amparo legal para ello; un atropello mayúsculo”, sentencian.
El sindicato solicita al CGPJ que “depure las responsabilidades disciplinarias del magistrado en cuestión, y adopte las medidas oportunas para evitar tales violaciones de la legalidad, teniendo en cuenta que la situación se mantiene a día de hoy”. De hecho, el juzgado entra de guardia el próximo sábado.
Co.bas se reserva además “las acciones que sean procedentes”, además de la disciplinaria, para exigir responsabilidades al magistrado.
