El Tribunal Constitucional ratifica la legalidad de la Ley de las Islas Verdes
El Tribunal Constitucional ha ratificado la constitucionalidad de la conocida como Ley de las Islas Verdes, en la que se permite un modelo turístico diferenciado para las islas de El Hierro, La Palma y La Gomera, ha informado el Gobierno de Canarias.
La ley fue recurrida por el grupo de Podemos en el Congreso y el Ejecutivo canario ha tenido este martes conocimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que avala su constitucionalidad.
El Gobierno señala que el TC declara constitucional la nueva redacción al art. 6 de la Ley 6/2002 sobre admisión de casas rurales y hoteles rurales en cualquier categoría de suelo rústico.
También considera constitucional la Disposición Adicional Primera, que regula los Instrumentos de Planificación Singular Turística.
“El Tribunal entiende que la Ley no autoriza la urbanización en suelo rústico: simplemente, permite la implantación de actividades turísticas en el suelo rústico en consonancia con sus características y los valores a proteger”, indica.
Añade que el TC considera que la previsión de actuaciones singulares en suelo rústico ya se contemplaban en la redacción originaria de la Ley de 2002 para los planes insulares y que lo único que hace la modificación de 2016 es establecer otro instrumento alternativo para ello junto a los planes insulares.
Para las actuaciones contempladas en el Anexo 2 recuerda que se pueden desarrollar como instrumentos singulares, pero con declaración de interés público del cabildo.
La consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, ha señalado que la sentencia da prevalencia a la regulación de la Ley frente a los instrumentos de planeamiento.
“Creo que es una gran noticia para La Palma, La Gomera y El Hierro y la defensa que estas tres islas han hecho de la posibilidad de tener un modelo turístico diferenciado al resto de Canarias”, señala la consejera en el comunicado.
Para Barreto, la sentencia ratifica la posición del Parlamento a favor de un modelo de desarrollo turístico diferenciado y da la máxima seguridad jurídica a los ciudadanos, a las administraciones y a quienes quieran invertir en infraestructuras turísticas.
