La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha suspendido el inicio del juicio de la operación Jable, la última pieza de la mayor trama de corrupción investigada en Canarias por número de imputados y por tramas, el caso Unión. La vista se aplaza al menos una semana después de que el abogado de la exalcaldesa de Arrecife María Isabel Déniz pidiera su suspensión por motivos de salud. Déniz es una de las principales acusadas junto al histórico y multicondenado dirigente lanzaroteño Dimas Martín y el abogado Felipe Fernández Camero, exsecretario del Ayuntamiento.
Según relató ante la Sala el letrado José María Calero, la exdirigente del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) se sometió a una intervención quirúrgica urgente el pasado 25 de marzo en Gran Canaria tras acudir a un centro sanitario con un fuerte dolor de cabeza y permaneció 19 días hospitalizada, hasta el pasado jueves 13 de abril. La defensa sostuvo que la exregidora aún está convaleciente, que debe estar en reposo, en vigilancia periódica por los servicios de Otorrinolaringología y Neurocirugía y que, por recomendación médica, no debe enfrentarse a situaciones de estrés y tensión durante al menos “uno o dos meses”. Además, ha alegado que, debido a esa operación, no ha podido preparar un juicio cuyo auto de apertura data de diciembre de 2016, hace más de seis años.
Tras escuchar a las partes, la Sala ha decidido librar de inmediato un oficio al juzgado de guardia de Arrecife para que un equipo médico forense valore las patologías de la acusada y su previsión de recuperación. Los magistrados han emplazado a las defensas y a las acusaciones a reanudar el juicio el próximo lunes, siempre que los facultativos no informen en sentido contrario. La Fiscalía había solicitado que se conjugara el derecho a la defensa de la exalcaldesa de Arrecife con el calendario de sesiones para evitar una mayor dilación en un procedimiento e, incluso, había interesado que María Isabel Déniz, acusada de cinco delitos, compareciera en el plenario en la penúltima sesión, señalada para el 29 de mayo.
A pesar de que aún no se han podido resolver las cuestiones previas, el fiscal Javier Ródenas ya ha anticipado que retira la acusación contra 5 los 16 procesados, y que las penas solicitadas en el escrito de calificación se verán reducidas por las dilaciones indebidas, que ha calificado de simples y que ha atribuido al “irresponsable e injustificable tiempo muerto procesal” que transcurrió en la “fase intermedia” desde la apertura de juicio oral hasta que se resolvieron las dos recusaciones presentadas contra la composición de la Sala (primero por las defensas y después por la Fiscalía), que cuantificó en tres y dos años. Además, se prevé que haya reducciones de condena por conformidad, ya que algunos de los investigados han reconocido los hechos e, incluso, han pagado ya las multas.
El Ministerio Público considera que los hechos por los que fueron acusados Manuel Jesús Isidro Spínola, Julio Romero, Daniel Hernández y Rafael Antonio Corujo, todos ellos vinculados con la trama de Gamma Install, están prescritos. Esta vertiente del caso investigaba un entramado empresarial que captaba clientes que contrataban sus servicios convencidos de que todos sus proyectos obtendrían informes favorables tanto de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife como del Departamento de Actividades Clasificadas del Cabildo de Lanzarote. Y es que al frente de estos dos servicios estaban dos personas que tenían una vinculación con esa red societaria. Se trata de Juan Rafael Arrocha (que continúa acusado por su intervención en otras ramas del caso) y de Manuel Spínola. Este entramado facturó del Consistorio de la capital lanzaroteña 169.317,75 euros por la dirección de dos obras adjudicadas a Tecmed (luego Urbaser) junto al contrato para la recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y 136.999 euros por la redacción del proyecto para la construcción del pabellón de Argana Alta.
El fiscal ha recordado que los hechos por los que fueron investigadas estas cuatro personas concluyeron en 2005, que fueron detenidos en abril de 2010 y que los delitos por los que se les acusaba (actividades prohibidas a funcionarios públicos), según el código penal vigente en esa época, tenía un plazo de prescripción de tres años.
El representante del Ministerio Público también ha retirado su acusación contra Enrique Astorga, uno de los representantes de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), adjudicataria del contrato para la construcción del pabellón de Argana Alta, al no quedar acreditada su participación en los hechos. Por su parte, según han confirmado fuentes judiciales, el otro directivo de FCC imputado, Enrique José Hernández, admitió la pasada semana los hechos que se le imputan (haber sobornado a políticos y funcionarios para la concesión de ese contrato), por lo que se suma a las otras dos personas vinculadas a Urbaser (concesionaria del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos de Arrecife) que también confesaron los sobornos y consignaron ya en los juzgados un total de 220.000 euros. Se trata de Santiago Alonso y Manuel Andrés Martínez.
Otra de las noticias de esta sesión inaugural del juicio es que las empresas FCC y Urbaser ya no estarán personadas como responsables civiles subsidiarias y, por tanto, no deberán afrontar el pago de las multas a las que eventualmente sean condenados sus trabajadores. Había sido la polémica asociación Jiménez de Asúa, que se apartó de la causa días antes del inicio de la vista, quien había solicitado que las mercantiles tuvieran esa consideración, a pesar de no estar legitimada para hacerlo como acción popular. También lo había pedido el Ayuntamiento de Arrecife pero en un segundo escrito de acusación que fue presentado fuera de plazo y que, por tanto, la Audiencia de Las Palmas expulsó de la causa. El abogado de FCC ha recordado que la empresa tuvo que solicitar un aval bancario para cubrir esa fianza que, a su vez, le generaba unos costes mensuales de unos 30.000 euros en intereses y que, por ello, va a solicitar una condena en costas para la asociación Jiménez de Asúa por el “uso torticero” de la figura de la acusación popular.
Una trama de sobornos
La instrucción de la denominada operación Jable comenzó en 2008 y se refiere a hechos ocurridos entre 2001 y 2005. En su escrito de calificación, la Fiscalía acusa a Isabel Déniz y a Dimas Martín, ambos del PIL (la exalcaldesa abandonó después este partido y fichó por Coalición Canaria) de orquestar una trama para el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras y servicios del Ayuntamiento de Arrecife o aumentos injustificados de precios. Para ello se valieron de la “contribución ineludible” del secretario municipal, Felipe Fernández Camero, y del jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha. Los contratos investigados son los adjudicados a Tecmed (luego Urbaser) para la recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y a FCC por el pabellón de Argana Alta.
El Ministerio Público cree que las comisiones por el primero de ellos superaron los 300.000 euros. Fue Fernández Camero quien, según la acusación, facilitó la apertura de las ofertas de forma fraudulenta para que Arrocha pudiera advertir al gerente de Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez, de que su oferta no era la mejor situada, por lo que la cambiaron y “simularon que fue presentada en plazo”. Además, se le adjudicaron dos obras por más de seis millones de euros que no estaban incluidas en los pliegos. El contrato, de diez años de duración, fue adjudicado por un importe de 2,19 millones de euros al año, aunque los precios de ese servicio y del de limpieza, que también acabó en manos de Urbaser, fueron incrementándose de forma notable (hasta un 500%) con informes favorables del jefe de la Oficina Técnica.
El escrito de acusación recoge numerosos pagos de Urbaser a políticos y funcionarios, tanto en efectivo, como en especie (relojes, joyas, bolsos, pasajes de avión, estancias en hoteles...) Según los investigadores, la exalcaldesa de Arrecife habría recibido, además de cantidades en metálico, un bolso de la marca Loewe valorado en 418 euros, un reloj Rolex de 4.750 euros o un viaje a Kenia, vía Tanzania, junto al secretario municipal, Felipe Fernández Camero, y sus respectivas parejas, por un importe superior a los 15.000 euros.
La operación Jable también juzga la adjudicación fraudulenta del pabellón de Argana Alta, en Arrecife. Fue adjudicada, merced a ese presunto acuerdo corrupto liderado por Déniz y Martín, a FCC. Según la Fiscalía, esta empresa presentó una oferta a la baja (8,7 millones de euros frente a los 9,5 presupuestados) para hacerse con el contrato y, apenas un año después, el Ayuntamiento aprobó una modificación para incrementar la dotación casi en la misma cantidad. Además, posteriormente se le adjudicaron obras complementarias -no contempladas en los pliegos- por un importe de 1,31 millones y a través de un procedimiento negociado sin publicidad, lo que suponía “un incremento del 15%” sobre el precio ofertado por la empresa. También en esta rama hay un viaje pagado por la adjudicataria a Déniz, en este caso a Marruecos y en compañía de nueve familiares. El coste ascendió a 17.340 euros. El informe patrimonial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló que Déniz había percibido entre 2000 y 2010 unos ingresos de 400.000 euros que no estaban justificados.
En la instrucción de esta causa colaboraron con la justicia tanto el delegado de Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez, que reconoció los hechos y aportó cuadernos y agendas donde anotaba las peticiones de los políticos y la comunicación con sus superiores, como Matías Curbelo, histórico concejal del PIL que falleció en 2018. A los acusados se le imputan los delitos de asociación ilícita, prevaricación, cohecho, violación de secretos, uso o aprovechamiento de secretos, falsedad en documento público, actividades prohibidas a funcionarios públicos y fraude.
En el escrito de acusación, que será revisado por las dilaciones, la Fiscalía pedía 13 años de cárcel y 52 de inhabilitación tanto para Isabel Déniz como para Dimas Martín, además de multas que ascendían a 363.355 y 281.244 euros, respectivamente. Para Fernández Camero solicitaba 11 años y seis meses de cárcel y 18 de inhabilitación y una sanción de 38.183 euros, y para Rafael Arrocha, 19 años y medio de prisión, 62 de inhabilitación y 1,12 millones de multa.