Las asociaciones Profesional Independiente de Fiscales y Foro Judicial Independiente en Canarias, además de las secciones territoriales de Las Palmas del colectivo Judicial Francisco de Vitoria, han mostrado su preocupación por la actuación llevada a cabo por el Ministerio Público contra la exmagistrada y diputada de Podemos en el Congreso, Victoria Rosell.
Las tres asociaciones hacen referencia en un comunicado a la sentencia dictada recientemente por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que estimó parcialmente el recurso interpuesto por Rosell, quien denunció que las diligencias abiertas por la Fiscalía Provincial de Las Palmas en plena campaña electoral vulneraban sus derechos fundamentales.
El TSJC consideró que el Ministerio Público actuó de manera ilegal contra la jueza en excedencia y transgredió la neutralidad exigida a las instituciones del Estado en campañas electorales al abrir unas diligencias preprocesales por presunta infracción disciplinaria e informar de ellas a la opinión pública en diciembre pasado.
Además, la investigación iniciada por una supuesta infracción disciplinaria que ya había sido archivada por el Consejo General del Poder Judicial, se remitió al mismo órgano después de que el TSJC decretara su paralización cautelar.
Las dos asociaciones de magistrados y la de fiscales muestran su preocupación “dentro del máximo respeto a las resoluciones dictadas o que se puedan dictar”, por la actuación de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, “arrogándose competencias que entendemos, como lo hace la sentencia referida, que se encuentran reservadas por imperativo de una norma constitucional al Consejo General del Poder Judicial”.
“Es a este órgano de gobierno de los Jueces al que se le atribuyen de forma clara, exclusiva y excluyente las funciones relacionadas con el régimen disciplinario de jueces y magistrados, todo ello con la finalidad de salvaguardar la independencia judicial”, apostillan.
A este posicionamiento hay que añadir que la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha solicitado la dimisión del fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, como un ejercicio de responsabilidad por los errores cometidos o que se adopten las medidas necesarias para disponer su cese.
García-Panasco dará cuenta de su actuación conta la jueza Rosell el próximo jueves, cuando está convocada con carácter ordinario la Junta de Fiscales de Las Palmas.
Por otro lado, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un informe en el que solicita la inadmisión de la querella presentada por el ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, contra la jueza en excedencia, por los delitos de calumnias, injurias, prevaricación judicial, retardo malicioso en la administración de justicia y cohecho.