La Audiencia de Las Palmas deja en libertad a la esposa de Kokorev y le impone a él una fianza de 600.000 euros
La Audiencia Provincial de Las Palmas ha abierto la puerta a que el matrimonio Kokorev, acusado de blanquear 26,4 millones de dólares para el dictador guineano Teodoro Obiang, quede en libertad provisional. El presunto testaferro Vladimir Kokorev tendrá que pagar una fianza de 600.000 euros si quiere eludir otros dos años de cárcel, mientras que a su mujer, Yulia Maaleva, no se le ha impuesto ninguna fianza. Ambos tendrán que residir desde su salida de prisión en Gran Canaria y se les retirará el pasaporte.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial ha resuelto así el recurso de la familia rusa contra el fallo del juzgado de Instrucción número 5, que prorrogó dos años más la prisión provisional del matrimonio. Además, la Fiscalía había solicitado en el mes de agosto ampliar dicho período de prisión y alertó del riesgo de fuga de la familia, “al tratarse de personas que cuentan con propiedades en diferentes países”.
El auto sobre la causa de Vladimir Kokorev, del que es ponente el juez Emilio Moya y en el que también han participado los magistrados Salvador Alba y Oscarina Naranjo, coincide con la instructora del Juzgado número 5 en el hecho de que existen indicios de comisión del delito por el que es investigado. No obstante, advierte de que ya se han cumplido dos años de prisión preventiva (desde el 9 de septiembre de 2015) y que desde entonces no realiza negocios al estar jubilado en la actualidad. Por ello y teniendo en cuenta el tiempo que ya han pasado en prisión “el riesgo de fuga se mitiga”.
La Sala, aunque sí prorroga la prisión hasta la mitad de la pena que pudiera corresponderle, estima que debe fijarse una cantidad en concepto de fianza que “sin ser simbólica permita su pago” y que supone 600.000 euros.
Además, Moya recuerda en este auto que la Sección Sexta también ha acordado la libertad a la esposa de Vladimir Kokorev sin fianza, porque “se han tenido en cuenta las circunstancias particulares de cada uno” y estima que el presunto testaferro participa en los hechos con mayor intensidad que su mujer y es “él quien tiene el dominio del hecho, el que decide las operaciones, en su caso, con la participación de los familiares más allegados”.
Del otro auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en el que se estima el recurso de Yulia Maleeva y se acuerda su libertad provisional, es ponente la magistrada Oscarina Naranjo. En él la jueza señala que la prórroga de prisión provisional es “desproporcionada” en relación a la naturaleza del delito que se está investigando, a las penas previstas para este delito y a las circunstancias personales. En su caso también considera que el riesgo de fuga es “más débil” que hace dos años.
La Sala considera que la medida de prórroga de prisión provisional podría vulnerar el derecho a la libertad del artículo 17 de la Constitución y del artículo 5 CEDH. Además, añade que esta medida no resulta “adecuada, idónea ni imprescindible, en el estado en que se encuentra la instrucción judicial”.
Papel del consulado de Rusia
Al intento de liberar al matrimonio ruso se unió el pasado mes de marzo el Consulado de Rusia en Canarias. El abogado José Antonio Penichet presentó una queja al Tribunal Superior de Justicia (TSJC) y otra al Consejo General del Poder Judicial (después de que el primero resolviera que no era un asunto de su competencia) con el fin de que se investigue quién era el magistrado que ante la grabadora del juez Salvador Alba aseguró en el office de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial que los jóvenes rusos “son mafiosos” y que todas las rumanas son “putas”.
El objetivo era evitar que dicho magistrado interviniera en los recursos de la causa abierta contra la familia Kokorev.
La investigación de este caso comenzó en 2003, cuando el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España detectó que el matrimonio manejaba estas cantidades de dinero, que venían de la cuenta de Petróleo de Guinea Ecuatorial abierta en el Banco Riggs de Nueva York. Más tarde, una investigación del periódico El País y otro informe de la Policía Judicial advirtieron de que la familia disponía de un amplio patrimonio y les señalaba directamente como testaferros de Obiang. La familia rusa estuvo varios meses en paradero desconocido hasta su detención y extradición y desde entonces han estado en la prisión de Las Palmas II, la de Juan Grande.
