Nuevo revés para el Ayuntamiento de Mogán en los tribunales después de que el pasado 22 de mayo rechazara el recurso interpuesto por el grupo de gobierno ante la resolución que les obligaba a dotar de uniformes que les debe del año 2014 y 2016 a la Policía Local del municipio.
El Consistorio había optado por recurrir la sentencia por entender que la interpretación realizada por el juzgado de lo Contencioso era “lesiva para el interés general” y también perjudicaba “al interés público” porque tenía el error de “identificar lo básico con lo necesario, lo que obligaría al Ayuntamiento a hacer grandes desembolsos en material que no es necesario”.
Según la sentencia, el concejal del área, Mencey Navarro, defendió que los policías presentaron escrito de renuncia a la ropa que se recoge en el vestuario básico con el fin de que estos fondos se puedan destinar en el presupuesto a la compra de otro material necesario para la prestación del servicio.
Sin embargo, tal como recuerda Nueva Canarias, partido que ha hecho pública la sentencia, el pasado mes de febrero el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 tumbaba las intenciones de Navarro de proponer a los trabajadores que renunciaran a la dotación total del uniforme de 2017.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias entiende que “la partida de uniformes tiene que estar en los presupuestos municipales”, echando por tierra el planteamiento del concejal de Recursos Humanos, al añadir que no es “admisible prácticas en las que se presupueste una cosa, indumentarias, y se destine a otra, medios técnicos, de forma habitual”. Además, concluye que “es necesario que en los presupuestos municipales se detallen los medios necesarios para tener una policía local adecuadamente uniformada”.
Así mismo, en la sentencia se rechaza de plano que sea el Ayuntamiento de Mogán quien determine unilateralmente qué prendas básicas son necesarias entregar a la Policía.
La resolución judicial concluye indicando al Ayuntamiento que si considera que el acuerdo es antieconómico y contrario al principio de eficiencia tendría que haberlo declarado como lesivo, cosa que no ha hecho.
Así mismo, determina que no puede quedar al arbitrio del gobierno decidir qué prendas son las que se van a otorgar a los policías como uniforme, pues están tasadas en el acuerdo, en concreto cinco polos, cuatro pantalones, tres pares de calcetines, dos pares de zapatos, dos gorras, un chaleco reflectaste, un par de hombreras y dos pares de insignias, cada tres años un anorak y según necesidades el cinto y defensa.
Para la concejal de Nueva Canarias, Isabel Santiago, este nuevo varapalo judicial “confirma que el concejal de Policía y de Recursos Humanos lleva tres años incumpliendo el acuerdo laboral con la Policía Local, así como que se confirma que debe aparecer en el presupuesto las cuantías exactas para hacer frente a los compromisos adquiridos entre la policía y el gobierno de Mogán”.
Santiago espera que el grupo de gobierno dé cumplimiento “de una vez por todas” a las reivindicaciones de los representantes de la sección sindical de UGT del cuerpo, que son los mismo que reivindicaron la destitución del actual jefe de la Policía Local de Mogán.