El Juzgado de lo Penal Número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al empresario Jaime Cortezo a dos años de cárcel y una multa de 1,57 millones de euros por defraudar a la Hacienda Pública unos 525.000 euros a través de su empresa Residencial Hoya del Pozo S.A.
La sentencia considera probado que Cortezo, como administrador único de la mercantil Residencial Hoya del Pozo S.A., dejó de ingresar una parte de la cuota del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio fiscal de 2008, cifrada en 525.000 euros, “con claro ánimo de defraudar”.
Según el fallo, el empresario alteró deliberadamente la realidad de su base imponible, omitiendo ingresos percibidos y consignando los beneficios como gastos, para eludir el pago del Impuesto de Sociedades correspondiente al año 2008. En esta facturación fraudulenta, Cortezo camufló, según el juez, ingresos como el 18% de beneficio industrial, una comisión del 5% por la venta de las viviendas y una retribución del 3% que el promotor cobraba como administrador.
Cortezo deberá además pagar los 525.040 euros que, a juicio de los inspectores de la Agencia Tributaria, el promotor inmobiliario eludió mediante artificios contables.
Tanto la Agencia Tributaria, a través de un informe elaborado por dos inspectores, como la Fiscalía, en su escrito de acusación, sostenían que el promotor inmobiliario consignó como gastos cantidades que no eran deducibles o que no se ajustaban a la realidad. Le acusaban de inflar facturas de publicidad a sus propias sociedades de comunicación, con precios superiores a las que Residencial Hoya del Pozo cobraba a otras empresas del sector, o de contabilizar gastos supuestamente ficticios como la contratación de barcos con vinilos de publicidad, supuestas comidas con empleados en restaurantes de lujo, compras en joyerías o viajes vinculados a la promoción de viviendas.
La defensa de Jaime Cortezo, ejercida por el abogado Álvaro Campanario, aseguró en el juicio que se trataba de operaciones permitidas entre sociedades y que todos esos pagos estaban justificados por la gestión empresarial o porque se trataba de pagos en especie que están exentos de tributación. La Fiscalía apreciaba, en cambio, ánimo de defraudar en la actuación del empresario y no un simple error contable.
Cortezo ya se enfrentó a otro procedimiento judicial, en ese caso por estafa, por la venta de los chalets de Hoya Pozuelo y salió absuelto. Los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas estimaron que el promotor no tuvo voluntad de engañar a los compradores al venderles unas casas que estaban bajo amenaza de derribo por invadir la zona de servidumbre de la Ley de Costas.