La Fiscalía pide tres años de cárcel y una multa de 1,8 millones de euros para el promotor inmobiliario Jaime Cortezo por un presunto delito de fraude fiscal en la venta de los chalets de la última fase de la urbanización de Hoya Pozuelo, en el municipio grancanario de Telde. El Ministerio Público, representado por la fiscala especializada en Delitos Económicos Evangelina Ríos, acusa al conocido empresario de omitir ingresos percibidos y consignar los beneficios como gastos para eludir el pago del Impuesto de Sociedades correspondiente al año 2008.
El juicio, que se ha celebrado esta semana en el Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, ha quedado visto para sentencia, según ha informado este domingo el diario La Provincia.
Además de la mencionada multa y de la prohibición de acogerse a incentivos fiscales durante los próximos cuatro años, la Fiscalía reclama que el empresario pague los 525.040 euros que, a juicio de los inspectores de la Agencia Tributaria, el promotor inmobiliario eludió mediante artificios contables. En esta presunta facturación fraudulenta, Cortezo habría camuflado ingresos como el 18% de beneficio industrial, una comisión del 5% por la venta de las viviendas y una retribución del 3% que el promotor cobraba como administrador.
Tanto la Agencia Tributaria, a través de un informe elaborado por dos inspectores, como la Fiscalía, en su escrito de acusación, elevado a definitivo en la vista oral celebrada esta semana, sostienen que el promotor inmobiliario consignó como gastos cantidades que no eran deducibles o que no se ajustaban a la realidad. Así, le acusan de inflar facturas de publicidad a sus propias sociedades de comunicación, con precios superiores a las que Residencial Hoya del Pozo cobraba a otras empresas del sector, o de contabilizar gastos supuestamente ficticios como la contratación de barcos con vinilos de publicidad, supuestas comidas con empleados en restaurantes de lujo, compras en joyerías o viajes vinculados a la promoción de viviendas.
La defensa de Jaime Cortezo, ejercida por el abogado Álvaro Campanario, aseguró que se trataban de operaciones permitidas entre sociedades y que todos esos pagos estaban justificados por la gestión empresarial o porque se trataban de pagos en especie que están exentos de tributación. La Fiscalía aprecia ánimo de defraudar en la actuación del empresario y no un simple error contable.
Cortezo ya se enfrentó a otro procedimiento judicial, en ese caso por estafa, por la venta de los chalets de Hoya Pozuelo y salió absuelto. Los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas estimaron que el promotor no tuvo voluntad de engañar a los compradores al venderles unas casas que estaban bajo amenaza de derribo por invadir la zona de servidumbre de la Ley de Costas.