La acusación define el caso Calero como la lucha “entre un paria y el capital que corrompe a los funcionarios”

El abogado de la acusación particular, José Manuel Rivero, ha calificado el caso Calero, que se ha juzgado a lo largo de esta semana en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, como la lucha “entre un paria” -calificativo con el que se definió en su declaración del martes el denunciante, Miguel Ángel Rodríguez- y “el capital que corrompe a los funcionarios”.

En su informe final, el letrado ha acusado al “poderoso empresario”, en referencia al promotor inmobiliario F.M., de ser el inductor de “un montaje administrativo” destinado a favorecer sus intereses en El Calero Alto 2 en perjuicio del propietario de una de las viviendas ubicadas en la misma unidad de actuación, su representado, a quien el Ayuntamiento de Telde dejó fuera en el proceso de reparcelación. Para ello se habría servido de los otros dos procesados, el ex jefe de Urbanismo José Luis Mena, a quien la Fiscalía considera “pieza fundamental” en esta trama, y el topógrafo municipal, Juan Fermín Peñate.

“Es el autor detrás de los autores”, ha sostenido en reiteradas ocasiones José Manuel Rivero, que considera al empresario no sólo inductor de un delito continuado de prevaricación administrativa, sino también de otro de falsificación de documento público y autor de uno de estafa. Por ello añade a la condena de cinco años de inhabilitación que solicita para el promotor el Ministerio Fiscal una pena de prisión durante el mismo periodo.

En su exposición final, el abogado de Rodríguez recordó que fue F.M. quien impulsó todo el procedimiento a través de un escrito, fechado el 30 de junio de 2004. En este documento solicitaba la reparcelación de unos terrenos propiedad de la empresa Telpan, de la que es administrador, ante el temor de que la revisión del Plan General de Ordenación (PGO) de Telde pudiera cambiar el desarrollo previsto en la zona y le impidiera la construcción de 76 viviendas.

Para Rivero, F.M. tenía el “dominio funcional de todo lo que se iba a hacer después”. En el mencionado escrito figuraba como único propietario dentro de la unidad de actuación, obviando, entre otros, al denunciante. El letrado de la acusación ha recordado que fue Ignacio Calandria, trabajador de la empresa de F.M. y hermano del entonces registrador de la propiedad de Telde Adolfo Calandria, quien entregó ese documento en el Ayuntamiento. “¿No tenía acceso a las propiedades que estaban incluidas en esa unidad de actuación?”, cuestionó.

Según Rivero, el empresario incorporó al expediente un informe técnico externo, elaborado por Jesús Álvarez, precisamente el redactor del PGO de 2002, “para dar apariencia de legalidad” a la operación, puesto que en el procedimiento no consta el preceptivo informe del arquitecto municipal. Como él mismo reconoció en el juicio, Álvarez no tenía entonces ningún vínculo laboral ni funcionarial con el Ayuntamiento. La acusación ha recordado además que el proyecto de urbanización que trató de desarrollarse años después, en base al de reparcelación, fue acometido por el despacho en el que trabajaba el redactor del PGO.

“Si los funcionarios actuaron así, es porque existía un control y un dominio por parte de F.M.”, ha concluido Rivero, que estima que ni Mena ni Peñate pueden “alegar desconocimiento” para justificar su manera de proceder en el expediente administrativo.

“Una concatenación de irregularidades”

El fiscal José Antonio Blanco ha constatado una “concatenación de irregularidades” en el proceso, desde la falta de informes técnicos y jurídicos y del control de legalidad hasta “la suplantación de la persona que debía emitir los informes y la falsedad de documentos”, en referencia a la firma de Miguel Ángel Martín Zurita que aparece en la propuesta de resolución de José Luis Mena y que, según su propio autor y un perito de la Policía Nacional, fue falsificada.

El representante del Ministerio Público subrayó que el promotor inmobiliario tenía “prisa” para desarrollar el proyecto desde que se enteró, a través del hermano de Guillermo Reyes, entonces concejal de Urbanismo, de que el PGO se iba a revisar y “podía quedarse fuera”. A partir de ese momento se pone en marcha un “artificio administrativo” para permitir al empresario la construcción de las viviendas sin tener en cuenta a otros propietarios.

Blanco ha apuntado que José Luis Mena es “la pieza fundamental” de este entramado, puesto que era quien debía ejercer el control de legalidad. Para el fiscal, la propuesta de resolución firmada por el exjefe de Urbanismo fue “arbitraria” y soslayó todos los procedimientos legales establecidos “perjudicando no sólo el interés particular del denunciante, sino también el público”. En relación a F.M., aseveró que tenía un interés “claro y directo” en el proyecto de reparcelación y restó importancia al hecho de que, según declaró, no conociera a los dos funcionarios, ya que no se juzga un delito de cohecho (soborno), sino de prevaricación.

Sobre el otro procesado, Juan Fermín Peñate, advirtió que el levantamiento planimétrico que elaboró sobre las propiedades de Telpan en la unidad de actuación de El Calero Alto 2 fue “parte esencial” en todo el proyecto de reparcelación. Este plano “falseaba la realidad y no reflejaba la realidad física”, en opinión del fiscal, ya que excluía la vivienda del denunciante.

“Un exceso de acusación”

José Antonio Choclán, abogado del empresario F.M., tildó el informe final del letrado de la acusación particular en el caso Calero de “ideológico y demagógico”. Recordó que el administrador de Telpan tenía derecho a promover en sus terrenos las 76 viviendas y calificó de “extravagante” la petición de solicitar una indemnización por los ruidos “normales” que producen las obras, en ese momento ilegales. Como ya manifestara en las cuestiones previas, considera que José Manuel Rivero habría incurrido en un “exceso de acusación” al imputarle a su defendido los delitos de inducción a la falsificación de documentos y estafa.

“No toda irregularidad administrativa da lugar a una imputación penal”, ha remarcado Choclán, para quien la acusación contra el empresario F.M. se reduce a “haber resultado favorecido por un expediente irregular”. El letrado de la defensa reconoció que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ordenó reabrir el caso porque apreció indicios de la posible comisión de un delito de prevaricación, pero concluyó que las “especulaciones no pueden servir como prueba inequívoca de cargo”.

Para Choclán, el argumento de que el empresario ha sido el beneficiario único de la actuación del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde “se desvanece” cuando en el procedimiento se ha acreditado la existencia de otros 67 expedientes similares, en los que el sistema de ejecución público se sustituyó por uno de ejecución privado-forzoso. “No hay ninguna prueba directa que vincule a Mena con Machín”, incidió el abogado.

“La misma Fiscalía que solicitó el sobreseimiento en la fase de instrucción pide ahora una condena sin que se haya aportado ningún dato adicional, sin que ninguno de los testigos haya aportado elementos incriminatorios contra F.M.”, ha añadido Choclán, que ha negado que el empresario tuviera intervención en el informe del arquitecto Jesús Álvarez que obra en el expediente y que, según la acusación, suplantó el preceptivo del técnico municipal. “No sabemos cómo ha llegado ese informe de 2004 al expediente”.

En cuanto al posible delito de inducción a la falsedad documental, la defensa de F.M. ha calificado de “temeraria” y “objetivamente calumniosa” la pretensión de la acusación. Choclán ha pedido la condena en costas parcial para la acusación particular por imputarle esos delitos.

“No está acreditado quién es el autor de la falsificación”

La abogada de José Luis Mena, Teresa Campanario, ha basado su defensa en que las periciales no han podido determinar quién es el autor material de la falsificación de la rúbrica de Miguel Ángel Martín Zurita y en que el exjefe de Urbanismo tan sólo “firmaba” las propuestas de resolución ante la gran cantidad de expedientes que se acumulaban sobre su mesa. Sobre la exclusión de la vivienda de Miguel Ángel Rodríguez, la letrada ha manifestado que “no se omitió al propietario, sino que se le dejó fuera porque no se sabía que existía”.

Campanario ha incidido en que el denunciante del caso se negó a recibir las notificaciones, entre ellas del proyecto de compensación, “poniendo de excusa a Mena, cuando ni siquiera estaba cuando se tramita el expediente de urbanización”. Sobre el rastro informático que dejaba el ordenador de Mena, su abogada ha dicho que el departamento de Urbanismo se regía por “un principio de confianza” y que el despacho del exjefe de Urbanismo siempre estaba abierto y sus compañeros utilizaban su ordenador.

Por su parte, José Francisco Jiménez, abogado del tercer procesado, el topógrafo Juan Fermín Peñate, afirmó que su representado actuó siguiendo “órdenes lícitas” de su superior jerárquico, José Luis Mena, y que en el levantamiento planimétrico que elaboró no atribuye propiedades. “No es el responsable del uso que se le diera a ese plano fuera del contexto para el que se pidió y no tuvo ninguna otra intervención en el expediente”, concluyó.

Sólo F.M. y Peñate utilizaron el turno que la ley les otorga para decir la última palabra. El topógrafo aclaró que no era el responsable de titular el levantamiento planimétrico que hace referencia a la unidad de actuación El Calero Alto 2 y que la orden que le dieron es que dibujara la afección de las propiedades de Telpan. El empresario, por su parte, precisó que quien redactó el proyecto de urbanización de la parcela no fue Jesús Álvarez, autor del PGO de Telde, sino su hermano Manuel, que trabaja en el mismo despacho de arquitectos.

Tras la tercera y última sesión de este jueves, el juicio ha quedado visto para sentencia.