El juez Luis Galván Mesa, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Las Palmas de Gran Canaria, ha ordenado a la Guardia Civil la expulsión de los miembros de la Junta de Personal que se habían personado en las dependencias judiciales, con la autorización expresa del Gobierno regional, para apoyar a la funcionaria a la que el magistrado prohíbe sistemáticamente el acceso al juzgado sólo cuando se encuentra en funciones de guardia, como este viernes, alegando una supuesta “pérdida de confianza” en la trabajadora, a la que le ocasiona, con ello, un importante perjuicio económico, ya que le impide cobrar el correspondiente complemento salarial por este concepto.
Nueve representantes sindicales se concentraron a las puertas del juzgado de guardia a primera hora de este viernes y accedieron a su interior para protestar contra el trato dispensado por el juez a la funcionaria. El Gobierno de Canarias había expedido el jueves un escrito, una especie de “salvoconducto”, que garantizaba a la Junta de Personal el ejercicio de sus derechos sindicales en esas dependencias. “No quiso ni verlo”, ha explicado Luis Piernavieja, su presidente. “Nos ha expulsado requiriendo a la Guardia Civil, porque le dijimos que, si no había una orden, no nos íbamos a ir”, ha añadido. Tras ser desalojados, los representantes de los trabajadores han esperado en la puerta a la funcionaria, que ha sido expulsada por tercera vez desde que se reincorporó a su puesto de trabajo tras una baja, para mostrarle de nuevo, entre aplausos, su apoyo.
El origen del conflicto se remonta a 2016. En esa fecha la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia abrió expediente a la trabajadora como consecuencia del enfrentamiento que mantenía con el magistrado y con la letrada de la Administración de Justicia (antes secretaria judicial), que le atribuyen retrasos injustificados en la tramitación de procesos judiciales y poca diligencia. Ese procedimiento administrativo fue archivado después de que la funcionaria causara baja por enfermedad y el expediente prescribiera. A pesar de ello y, según la Junta de Personal, “invadiendo competencias de ámbito disciplinario que corresponden única y exclusivamente al Gobierno de Canarias”, el juez Luis Galván ha decidido prohibir a la trabajadora el acceso a su puesto durante las jornadas de guardia. En tres ocasiones mediante expulsión y en otras dos, cuando el magistrado se encontraba de vacaciones, a través de la letrada de la Administración de la Justicia, que le ha permitido permanecer en las dependencias, pero sin atribuirle tareas y sin certificar las guardias.
Luis Piernavieja ha anunciado la convocatoria urgente de la Comisión Permanente de la Junta de Personal para estudiar la interposición de acciones tanto en la vía contencioso-administrativa como en la penal contra el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 6 de Las Palmas de Gran Canaria y contra la secretaria judicial. “Tenemos un plazo consensuado con el Gobierno de Canarias para que nos conteste antes de la próxima guardia, que es el sábado 8 de septiembre. En función de lo que suceda, ya sabremos lo que tendremos que hacer”, ha manifestado.
El presidente de la Junta de Personal ha recordado que las guardias, “por imperativo legal”, debe hacerlas “la totalidad de la plantilla”. “Aparte de un derecho, es una obligación. El Gobierno de Canarias debe tomar nota. Este juzgado está haciendo las guardias sin que se cumpla le ley y sin que sea sustituida (la funcionaria) por un compañero, porque no media una causa objetiva, sino el capricho autoritario de este señor (el juez) en complicidad con la secretaria”.
Piernavieja alude a una resolución de abril de 1998 del Consejo General del Poder Judicial que concluye que el servicio de guardia debe ser prestado por todos los funcionarios que componen la plantilla del órgano judicial y que ello es una obligación. A pesar de este acuerdo del órgano de gobierno de los jueces, y en opinión de los representantes sindicales, Luis Galván está imponiendo a la trabajadora, sin tener competencias para ello, “una sanción vitalicia, no encubierta”, sobre la base de una notificación del año 2016 “que ni siquiera va dirigida hacia ella, sino al director general de Relaciones con la Administración de la Justicia”. Este conflicto está ocasionando “una merma en la salud y un perjuicio económico muy grave a una persona que está aquí por méritos propios, no como otros que están aquí a dedo”.
Las críticas también se dirigen hacia el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste. “Es lamentable la bulimia de poder y de autoritarismo que se le está consintiendo por parte del máximo delegado del Poder Judicial aquí, que está haciendo de Poncio Pilatos, lavándose las manos, ninguneándonos, que es la peor forma de maltrato”, ha denunciado el presidente de la Junta de Personal, que ha advertido de que “la batalla no acaba aquí”. “Estamos hartos de que existan elementos que integran el Poder Judicial, como el señor Galván, que afortunadamente son una minoría pero que metafóricamente, y lo digo desde el ejercicio de la libertad de expresión, huelen a naftalina, parecen vivir en tiempos del pasado con actuaciones que son más propias de una dictadura que de los tiempos actuales. Parece que están tocados por una unción divina, pero no es así. No son inviolables”, advierte Piernavieja, que asegura que el juez ha actuado de forma “imperativa”, sin dejar rastro por escrito.
Aparte de las acciones judiciales que barajan emprender, los representantes de los trabajadores de la Administración de Justicia en Canarias anuncian movilizaciones y protestas públicas.