El juicio por el presunto saqueo de 23,4 millones de euros a la empresa encargada del ciclo integral del agua de Las Palmas de Gran Canaria, Emalsa, ha arrancado este martes con las cuestiones previas, un trámite que ha estado marcado por la indisposición de José María Palomino, abogado que representa a los tres acusados vinculados con la constructora Satocan, propietaria del edificio donde se encuentra la sede de la compañía.
El presidente del tribunal, el magistrado Pedro Herrera, suspendió de inmediato la vista y desalojó la sala para que el letrado pudiese ser atendido, primero por un perito médico que se encontraba en los juzgados y después por personal sanitario. Palomino fue sustituido por su compañero de despacho Pablo Mariño Vila para poder reanudar un juicio cuya continuidad en los días sucesivos dependerá de la evolución del estado de salud del abogado.
El incidente se produjo cuando tenía el turno de palabra el abogado José Manuel Rivero, que en este procedimiento representa al comité de empresa de Emalsa. Antes, habían planteado sus cuestiones previas las defensas de los quince acusados. Dos de ellas habían solicitado que se admitiese como prueba un informe pericial que habían presentado el pasado 16 de septiembre. Es decir, tan sólo 14 días antes de que diera comienzo el juicio. Esa pericial es un “análisis crítico” del escrito de acusación de la Fiscalía y, más en concreto, de los cálculos que realiza para cifrar en 23,4 millones de euros el perjuicio económico que las actividades presuntamente delictivas habrían ocasionado a Emalsa.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ya rechazó admitir ese informe como prueba a través de una providencia fechada el 19 de diciembre. El tribunal concluía que su presentación era extemporánea. Ese informe fue presentado de manera conjunta por los abogados Noelia Afonso Marrero y Alberto Rodríguez Mourullo, que representan entre ambos a cinco exdirectivos de Saur, uno de los socios privados de Emalsa durante la época de los hechos enjuiciados. El otro era Valoriza.
El resto de las defensas se adhirieron a esa petición de que fuera admitido como prueba o, de forma subsidiaria, que pasara a formar parte de la documental para poder analizar el informe durante la vista. “Es una prueba pertinente que incide en la concurrencia o no del perjuicio económico” alegado por la fiscal Evangelina Ríos y que cuestiona tanto los cálculos del Ministerio Público como sus “planteamientos técnicos”. Según la letrada Afonso, la fiscal “mezcla contratos” en la exposición contenida en su escrito de acusación.
El letrado Rodríguez Mourullo, que actúa en nombre del exdirectivo de Saur José Luis Rubio Díaz de Tudanca, aludió a una reciente sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo, que preside el canario Manuel Marchena, para defender que ese informe reúne los requisitos para ser admitido como prueba en el juicio porque aporta una “mayor claridad” sobre los hechos, no es fraudulento y respeta el principio de contradicción.
Tres de las acusaciones se han opuesto a la admisión del informe como prueba. La fiscal, Evangelina Ríos, ha recordado que su escrito de calificación obra en autos desde diciembre de 2019, hace casi cinco años, y que, a pesar del “largo trayecto” hasta la celebración del juicio, las defensas han aportado la pericial a pocos días de que comience la vista. “Nos oponemos. Se lo podían haber preparado y presentado con muchísima antelación”, ha dicho.
Además, la Fiscalía ha advertido de que, en caso de que se termine admitiendo esa petición, y ante el considerable volumen del informe (más de 300 páginas), habría que suspender el juicio para que las partes puedan estudiarlo, dilatando aún más un procedimiento que ha tardado casi doce años en empezar a juzgarse y más de cuatro desde que se decretara la apertura del juicio oral.
De “intempestiva” ha calificado la solicitud de las defensas José Manuel Rivero, abogado de la acusación popular en representación del comité de empresa de Emalsa. Este letrado considera que las defensas pueden incurrir en un fraude de ley. Sostiene que la presentación del informe en fechas tan cercanas al juicio puede responder a un interés por “promover una dilación indebida”. Además, sostiene que, de admitirse, esa pericial esquivaría la crítica de los propios peritos de los juzgados, ya que no tendrían tiempo para poder analizarlo.
Por su parte, Agustín Bravo, abogado de El Sol Sale para Todos, que también ejerce como acusación popular, ha recordado que las defensas han tenido “más de once años” para presentar los escritos e informes que considerasen oportunos. En opinión de este letrado, el título del informe, “Análisis crítico del escrito de acusación de la Fiscalía”, es “impertinente”.
En cambio, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ejercen como acusación particular, sí se han mostrado partidarios de admitir ese informe como prueba. “Se ha presentado en plazo razonable y puede ser de gran utilidad”, sostiene su letrada, que ha recordado que lo que se dirime en este juicio es si hubo perjuicio para el interés municipal.
El tribunal resolverá sobre esta cuestión planteada por las defensas este miércoles, en la segunda sesión del juicio.
Una acusación genérica
El juicio se dirige contra quince acusados para los que se pide hasta seis años de cárcel por un presunto delito de apropiación indebida o, de forma alternativa, administración desleal. En el trámite de cuestiones previas, las defensas también han coincidido en definir de “genérico, impreciso, vago e inconcreto” el escrito de acusación de la Fiscalía, puesto que atribuye “una generalidad de hechos” (las irregularidades en los contratos firmados por los socios privados de Emalsa con su propia filial -Sercanarias- y con Satocan) a todos los acusados, “sin concretar la responsabilidad” de cada uno de ellos en esas actuaciones.
Antes de sentirse indispuesto, el abogado José María Palomino ha hablado de una “causa general” y de un “exceso de acusación”. El letrado ha señalado que a algunos de los acusados se les atribuye la responsabilidad de todo lo ocurrido pese a que dejaron de trabajar para Emalsa o se jubilaron en 2008 (los hechos objeto de enjuiciamiento se extienden desde 2007 hasta 2012) y que otros se incorporaron en 2009. Además, insistió en que no se les puede acusar por hechos de sociedades de las que eran responsables sin determinar cuál fue su actuación precisa. Algunas defensas ya han advertido de la posibilidad de presentar recursos por vulneración de derechos fundamentales.
Con respecto a esas manifestaciones de las defensas sobre la “inconcreción” de su escrito de acusación, la fiscal ha señalado que los hechos que se juzgan y las responsabilidades están delimitados en el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado y que, en cualquier caso, cualquier “zona de oscuridad o sombra” en las acusaciones “juega a favor de los acusados”.
Por su parte, el abogado Agustín Bravo, de El Sol Sale para Todos, ha respondido al letrado de Gerard Thierry (ex director general y consejero delegado de Emalsa), quien manifestó que a su cliente se le atribuía la responsabilidad de todos los hechos pese a que se había jubilado en 2008. Bravo recordó que tanto el contrato de alquiler de la sede con Satocan, como el de saneamiento con Sercanarias, como el de prestaciones accesorias (por el que los socios privados se repartían beneficios) fueron firmados ese año y con su participación. “Los efectos de esos contratos son devastadores para el interés general”, concluyó.