El empresario canario investigado en el ‘caso Cuarteles’ se enfrenta a tres años de cárcel por un delito contra Hacienda

El constructor canario Ángel Ramón Tejera de León, que aparece en el sumario del caso Mediador como Mon y que está imputado en la causa que investiga los contratos que se le concedieron a sus empresas para realizar reformas en cuarteles de la Guardia Civil, será juzgado el próximo 12 de abril por el Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife acusado de un delito contra la Hacienda Pública. La Fiscalía pide para él tres años de cárcel y una multa de 488.015,04 euros al considerar que defraudó 162.171,68 euros del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2016.

Según la información publicada en el perfil del contratante, ese año dos empresas de Tejera de León percibieron cerca de 900.000 euros en adjudicaciones directas de distintas comandancias de la Guardia Civil. La mercantil Angrasurcor, que fue constituida en diciembre de 2013 y de la que este empresario es administrador único, cobró ese ejercicio al menos 752.495,69 euros del instituto armado. La sociedad Solocorcho, de la que también fue administrador único entre 2016 y 2018, recibió 144.969,55 euros.

La Fiscalía lo acusa de ocultar ingresos e incluir gastos no deducibles en la declaración del Impuesto de Sociedades de Angrasurcor de 2016. La entidad pagó 68.017,52 euros y debió abonar, según el Ministerio Público, más del doble: 162.171,68 euros.

En el escrito de acusación, el fiscal explica que el empresario canario no declaró ingresos por importe de 14.500 euros cuyo origen “no ha quedado acreditado documentalmente” y que fueron contabilizados como movimiento de caja a bancos.

Sin embargo, el apartado “más importante” del presunto delito contra Hacienda, por su cuantía, es el que se refiere a los gastos que Tejera de León incluyó como deducibles en la declaración y que “en modo alguno pueden tener tal consideración”.

Por un lado, alude a los gastos de “aprovisionamientos”, referidos a la compra de mercancía. Angrasurcor contabilizó por este concepto 728.254,48 euros. La Fiscalía precisa que, de esa cantidad, la empresa no justificó más de la mitad. En concreto, 392.781,74 euros. Al no haber acreditado la existencia de esos gastos y no haber contestado el requerimiento para que lo hiciera, esa cifra “no se puede deducir”.

El escrito hace referencia también al importe recogido en el epígrafe sobre trabajos realizados por otras empresas. La Fiscalía sostiene que la constructora solo acreditó una “pequeñísima parte” que asciende a 6.312,93 euros. El resto, 235.028,86 euros, no fue justificado. Los pagos, señala el Ministerio Público, respondieron a “gastos personales” y no a “necesidades de la actividad económica que desarrolla la mercantil”.

El empresario investigado también incluyó como deducibles los seguros médicos, del coche y ahorros que no estaban vinculados a la actividad de la sociedad. En total sumaban 2.575,53 euros. A esta cifra agregó otros gastos por un importe total de 3.801,01 euros por comidas, desplazamientos o estancias en “hoteles de lujo” que, a juicio de la Fiscalía, eran ajenos a la actividad de Angrasurcor.

El Ministerio Público concluye que, en su declaración del Impuesto de Sociedades de 2016, el administrador de esta entidad omitió ingresos por valor de 14.500 euros e incluyó indebidamente como deducibles gastos por un montante de 634.186,74 euros.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública. La multa propuesta, de 488.015,04 euros, es el triple de la cuota que el empresario habría ocultado (162.171,68 euros). Además, pide para él la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de seguridad social durante cuatro años.

Según un informe del servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, un total de 13 unidades territoriales de este cuerpo adjudicaron obras a empresas administradas por Tejera de León, que también aparece en el sumario del caso Mediador como persona vinculada al general retirado Francisco Javier Espinosa Navas, el único de los imputados que se encuentra en prisión preventiva. El llamado ‘caso cuarteles’ investiga si esas obras fueron ejecutadas en su totalidad. Aunque las primeras diligencias judiciales se abrieron en Ávila, el caso se residencia ahora en un juzgado de Madrid.

El Ministerio del Interior anunció este miércoles la destitución de José María Tienda como jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife. La decisión está relacionada con la investigación que lleva a cabo Asuntos Internos para tratar de dirimir si hubo irregularidades en las reformas adjudicadas a Tejera de León en varios acuartelamientos, entre ellos los de la provincia occidental.