El empresario investigado por estafa en el caso canario de las mascarillas pide declarar voluntariamente ante el juez

El empresario Rayco Rubén González, investigado por estafa agravada y blanqueo de capitales en el caso que investiga la fallida compra por parte del Servicio Canario de Salud (SCS) de un millón de mascarillas FPP3 por cuatro millones de euros, ha presentado un escrito en el que solicita declarar voluntariamente ante el juez para explicar su versión de los hechos. 

El administrador único de RR7 United S.L., la empresa dedicada al sector de la automoción que resultó adjudicataria de ese contrato de emergencia para el suministro de un material que nunca fue entregado a Sanidad, comparecerá el próximo jueves 27 de octubre ante el magistrado Francisco Javier García García-Sotoca, titular del Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria. 

En la primera citación, el pasado 29 de septiembre, González se acogió a su derecho a no declarar por la estrategia de defensa decidida por su abogado, Rachid Mohamed, que prefería que comparecieran previamente el resto de imputados y testigos de la causa y que se incorporaran al procedimiento los informes que el juez instructor había solicitado. 

El pasado viernes se celebró, a instancias del fiscal delegado contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de la provincia de Las Palmas, Javier Ródenas, una vista abreviada que tenía por objeto decidir la conveniencia o no de decretar el ingreso provisional en prisión del empresario. Finalmente, el representante del Ministerio Público solicitó para González la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer una vez al mes en los juzgados. 

Al finalizar esa vista abreviada, el abogado de Rayco Rubén González ya anunció a los medios de comunicación que estaba preparando junto a su cliente esa declaración y que aportaría una serie de documentos para tratar de “desacreditar los elementos acusatorios” contra él. Hasta ahora, el empresario ha intentado descargar la responsabilidad en el intermediario y el proveedor de la mercancía (unas 900.000 mascarillas) procedente de Etiopía que fue destruida a su llegada a Gran Canaria a principios de 2021 después de que la empresa fabricante 3M advirtiera a la Agencia Tributaria Española de que se trataba de material falso.

González declarará ante el juez, por tanto, quince días antes de que lo hagan los tres últimos imputados en esta causa, todos ellos familiares directos. Se trata de Adoración Sánchez (madre), Belén María de los Ángeles Alemán (pareja) y Kilian Sánchez (primo). La querella describe a estas personas como administradores o apoderados de las sociedades que el adjudicatario habría utilizado para ocultar el dinero presuntamente obtenido de manera ilícita (cobró los cuatro millones de euros por anticipado sin entregar las mascarillas comprometidas a los hospitales públicos de las Islas) y, de ese modo, adquirir siete vehículos de lujo por un importe superior al millón de euros. Comparecerán ante el juez el 11 de noviembre. 

Nueve días antes lo hará, por escrito y en condición de testigo, el presidente del Gobierno de Canarias. El socialista Ángel Víctor Torres ha sido citado el día 2 para aclarar, entre otras cuestiones, las competencias y funciones que tenía encomendadas otro de los imputados en esta causa, Conrado Domínguez, coordinador del Comité de Emergencia Sanitaria en la época de los hechos. Al actual director del Servicio Canario de Salud (SCS) se le investiga por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Según la querella del fiscal Anticorrupción, fue él quien negoció los términos del contrato después de que un amigo suyo le pusiera en contacto con el intermediario de la operación y quien autorizó que se le concediese a la empresa una segunda oportunidad con el contrato ya extinguido.

El Gobierno de Canarias remitió recientemente, a instancias del juzgado, un informe firmado por el jefe del servicio de Asuntos Administrativos de la Secretaría General de Presidencia en el que se afirma que el comité que coordinaba Domínguez “no se creó como un órgano colegiado” y que, por tanto, “no existió nombramiento de miembros, funciones y ámbito competencial; no estaba la capacidad de decisión dentro de las facultades de los miembros del comité; no se contaba con habilitación legal por el mero hecho de ser miembro del comité; no existía reparto por áreas, y no había sometimiento a revisión, autorización, previa, votación o cualquiera otra forma de visto bueno”.

Además, ese informe asegura que no existen actas que recojan el contenido de las sesiones celebradas. La investigación deberá resolver si ese comité que coordinaba Dominguez es el mismo al que se refiere una publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) del 21 de julio (número 152) que recoge una serie de recomendaciones sobre la gestión de la pandemia propuestas por el “Comité Científico para la Gestión de la Emergencia Sanitaria por Covid-19” tras celebrar la sesión “número 46”. Y, de ser así, de qué manera se comunicaban esos acuerdos.

Hasta la fecha son seis las personas investigadas en el caso Mascarillas. Aparte del empresario Rayco Rubén González, de sus tres familiares y del actual director del Servicio Canario de Salud, permanece imputada Ana María Pérez, exdirectora de Recursos Económicos del organismo autónomo, que según la querella de Anticorrupción autorizó el pago por adelantado de cuatro millones de euros a una empresa sin experiencia en el sector sanitario sin recibir ninguna mascarilla a cambio y que ignoró las advertencias de jefas de servicio que le informaron, antes del segundo abono, del riesgo de estafa.