Dos años después de su apertura, la investigación a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Juntos por Mogán - Coalición Canaria), por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos a dos asesores de la corporación puede darse ya por cerrada. La jueza instructora ha admitido que el pasado mes de enero dictó el auto de prórroga de la causa fuera de plazo y que, por tanto, cualquier actuación posterior a esa fecha carece de validez.
En la práctica, la anulación de la prórroga supone que no se podrán llevar a cabo cuatro declaraciones testificales ya acordadas y que tampoco podrán incorporarse a la causa los expedientes completos de contratación a los que alude la Guardia Civil en el atestado que da origen a este procedimiento penal. La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana deberá decidir ahora si con lo prueba recabada hasta enero de este año (el propio informe de la policía judicial y la declaración de los investigados) hay suficientes indicios para transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado, el paso previo a la apertura de juicio, o si decreta su archivo.
Esta causa penal se incoó en mayo de 2022. Es una de las cuatro piezas separadas que se abrieron en el marco del procedimiento -finalmente archivado- sobre la presunta trama de compra de votos por parte de Ciuca, el anterior partido de Onalía Bueno. Esta línea de investigación se centra en las adjudicaciones concedidas a dos asesores de la alcaldesa.
El primero de ellos es Rayco Guerra. Entre 2015 y 2020 se convirtió en el contratista único de servicios veterinarios y de salud pública del Ayuntamiento. De forma directa o a través de su empresa familiar, denominada Arpiplan, se embolsó en este lustro al menos 276.000 euros, según las pesquisas policiales. Guerra se presentó a las elecciones de mayo de 2019 en el número 12 de la plancha que encabezaba la actual regidora. No obtuvo acta de concejal, pero cinco meses después fue nombrado asesor municipal. Entre otras, del área de Urbanismo.
Para los investigadores, durante esos cinco primeros años de gobierno de Onalia Bueno hubo una “intencionalidad manifiesta” en beneficiar a Guerra con esas adjudicaciones, incluso fraccionándolas e intentando “pasar por legal lo que a todas luces se muestra como un fraude de ley”.
Tan sólo dos días antes de que Guerra fuera nombrado asesor, el Ayuntamiento de Mogán adjudicaba el primer contrato de asesoramiento urbanístico a Jesús Romero Espeja, un arquitecto que ha estado vinculado con diferentes gobiernos de Coalición Canaria (CC), primero como director general de Urbanismo y después como viceconsejero de Política Territorial. A esa primera adjudicación, de cerca de 4.000 euros y tres meses de duración, le sucedió otra de un año (de enero a diciembre de 2020) por importe superior a los 16.000 euros (IGIC incluido), el máximo previsto para los contratos menores de servicios.
La Guardia Civil precisaba en su informe que esos contratos eran “sucesivos en el tiempo” y “del mismo ámbito funcional” y que, por tanto, tenían que haber sido sacados a concurso para garantizar la concurrencia competitiva, que quien quisiera pudiera presentar oferta.
Desde su apertura, la causa se dirige contra la alcaldesa de Mogán; el secretario municipal, David Chao, y los dos asesores, Rayco Guerra y Jesús Romero Espeja. Todos ellos declararon como investigados en junio de 2022. Como acusación popular figura Isabel Santiago, exconcejala de Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento. Fue su abogada quien pidió en marzo de 2023 la prórroga de la instrucción. También lo hizo la Fiscalía un mes después. Ambos, en tiempo y forma.
La respuesta de la jueza llegó diez meses después. En enero de este año, dictó un auto en el que accedía a prorrogar la causa medio año y también a practicar diligencias que habían sido solicitadas por la acusación popular. Unas diligencias que entendía que eran necesarias para el “total esclarecimiento” de los hechos denunciados por la Guardia Civil en su atestado. En la parte documental, solicitaba al Ayuntamiento de Mogán copias íntegras de los expedientes de contratación de estos dos asesores, así como la designación de Romero Espeja como miembro de la comisión de evaluación ambiental de Mogán. También estaba interesada en el contrato con el anterior adjudicatario de los servicios veterinarios municipales y en la sentencia que declaró improcedente su despido y que obligó a la administración a indemnizarlo con más de 13.000 euros, así como en la relación de los trabajadores dados de alta y baja en la empresa familiar de Rayco Guerra, Arpiplan.
En ese auto de ampliación de la instrucción, la jueza acordaba también la declaración como testigos del anterior veterinario de Mogán y de tres funcionarias municipales que intervinieron en esa “cascada de contrataciones”.
Ninguna de esas diligencias podrá ya realizarse. Ese auto de prórroga fue recurrido en reforma (ante el propio juzgado) por la defensa de uno de los investigados, Romero Espeja. La magistrada instructora acaba de darle la razón. El plazo estaba vencido cuando lo dictó y, por tanto, si se practicaran nuevas pruebas no tendrían validez, aun habiendo siendo solicitadas en plazo por las partes.
Se trata del mismo error formal (una prórroga extemporánea) que el producido en otro juzgado de San Bartolomé de Tirajana, el de Instrucción 3, en una causa que investigaba al número dos de Onalia Bueno en el Ayuntamiento de Mogán, Mencey Navarro, primer teniente de alcalde, también por fraccionar contratos menores para concedérselos a un antiguo socio en el despacho de abogados. En aquel procedimiento se llegó a dictar el auto de procedimiento abreviado y, por tanto, estaba pendiente tan sólo de que las partes formularan los escritos de acusación o solicitud de archivo para que se celebrara juicio. Sin embargo, este paso no llegó a producirse porque la Audiencia Provincial de Las Palmas estimó un recurso presentado por la defensa de Navarro y decretó el archivo de la causa. La razón era que la prórroga de la instrucción había sido dictada fuera de plazo y que, por tanto, no se podían tener en cuenta los expedientes municipales de contratación que la Fiscalía consideraba “fundamental” para formular acusación. Con el añadido de que, en esa causa, el Ministerio Público cambió de criterio sobre la ampliación de las diligencias.