La exconsejera de Cultura del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha comparecido este jueves ante el juez del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria como investigada por un delito contra la integridad moral, a raíz de la denuncia de dos extrabajadoras de la empresa pública Canarias Cultura en Red.
Rojas acudió a la Ciudad de La Justicia de Las Palmas de Gran Canaria sobre las 09.30 horas y permaneció una hora a la espera de ser llamada a declarar ante el magistrado. Tiempo en el que prefirió no hacer declaraciones sobre los posibles casos de acoso y misoginia que, según las denunciantes, han tenido lugar en la entidad dependiente de la Administración regional.
Las extrabajadoras acudieron a la Fiscalía al ver vulnerados sus derechos a la igualdad y denunciaron al director ejecutivo de Canarias Cultura en Red, José Luis Cudós, por presunto odio y discriminación manifiesta hacia las mujeres. Asimismo, solicitaron que investigara el desequilibrio que obra en la empresa pública.
El Ministerio Público decidió remitir las diligencias al Juzgado de Instrucción número 7 - donde una de las denunciantes mantenía ya un litigio contra la entidad - al apreciar que se podían haber cometido delitos de discriminación en el ámbito laboral, incitación a la misma, coacciones y trato degradante.
Entre las situaciones que dijeron haber sufrido, explicaron que cuando se negaron a seguir ciertas indicaciones de la dirección, se las apartó y desprestigió ante sus compañeros. “Ninguna mujer de la empresa tiene una categoría superior a su titulación, no sucediendo lo mismo con algunos hombres”, recalcaron.
Según ha podido saber este medio, el principal argumento esgrimido por Rojas este jueves ha sido el desconocimiento de la situación que vivían las denunciantes en la empresa, así como de los supuestos casos de acoso y de misoginia. La exconsejera dijo desconocer a las extrabajadoras y aseguró que, durante los años en que estuvo como máxima responsable a la que debe responder Canarias Cultura en Red, no se le informó del caso.
Rojas accedió al cargo un año después de que la primera denunciante fuera despedida. Sin embargo, ésta última sostiene que trató de ponerse en contacto con ella para advertirle de la situación que padecía la empresa, pero no la recibió. De hecho, afirma que en respuesta a un burofax enviado directamente a la consejera, recibió una carta del consejero delegado de la entidad en la que señalaba que la Administración no tenía conocimiento de que se hubiera cometido algún delito contra los trabajadores.
Tanto el delegado de la empresa, como el de los trabajadores, han comparecido este jueves ante el juez.