El exsenador del Partido Popular Jorge Rodríguez Pérez, actual vicesecretario de Estudios y Programas de ese partido en Canarias, falseó su solicitud cuando la pasada primavera presentó su candidatura para ser magistrado suplente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), plaza que consiguió. Jorge Rodríguez Pérez, que hasta 2019 fue senador en representación de la Comunidad Autónoma, firmó una declaración formal en la que, entre otras cosas, aseguró ante las autoridades judiciales que evaluaron su candidatura que no había “ejercido durante los dos últimos años de profesión de abogado ante el tribunal” para el que pretendía su nombramiento, una de las exigencias recogidas en las bases. Gracias a esta ocultación, Rodríguez Pérez consiguió su plaza como magistrado suplente en la misma sala en la que había actuado como abogado en un recurso que se resolvió a su favor en junio de este mismo año, justo durante el periodo en el que se tramitaba la designación de magistrados suplentes y jueces sustitutos, que se convocó el 1 de mayo y se resolvió el 12 de agosto, según publicó el BOE.
El TSJ de Canarias lo ha confirmado a requerimiento de este periódico: “Entre las múltiples certificaciones de intervención en procedimientos que aportó, no consta ninguna ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife”. Pero lo cierto es que Rodríguez Pérez representaba en esos instantes al Partido Popular y al Grupo Parlamentario Popular de Canarias en una demanda por despido de un trabajador que denunció haber sufrido mobbing. El trabajador ganó la demanda en primera instancia, que declaró nulo su despido, pero la Sala de la que pretendía formar parte Jorge Alberto Rodríguez revocó la sentencia y redujo el conflicto a un despido disciplinario. La sentencia fue notificada a las partes el 15 de junio pasado, un mes y medio después de que se convocaran las plazas a las que optó el alto cargo del PP y en pleno proceso selectivo.
En la convocatoria para cubrir plazas de magistrados suplentes y jueces sustitutos para el año judicial 2021/2022 en todos los tribunales superiores de justicia de España, publicada en el BOE el pasado 1 de mayo, se incluía un anexo con la “declaración formal” que todas las personas candidatas debían cumplimentar y presentar ante su propio TSJ. En esa declaración formal se obligaba a las personas candidatas a hacer constar, por orden de preferencia, los juzgados o tribunales a los que deseaban optar, tanto como jueces sustitutos o como magistrados suplentes. Además, se les instaba a que declararan formalmente no haber ejercido durante los dos últimos años la profesión de abogado o procurador ante el tribunal o juzgados para los que se pretendiera el nombramiento.
Según el TSJ de Canarias, el exsenador popular declaró formalmente que reside en Gran Canaria que tiene “facilidad de desplazamiento”; que “no estaba incurso en causa de incapacidad, [que] reunía los requisitos, y efectivamente [que] ejercía la profesión de abogado, comprometiéndose en su caso a darse de baja como tal en el caso de ser designado”. Asimismo, siempre según el TSJ canario, Rodríguez Pérez “detalló este orden de preferencia: juez sustituto antes que magistrado suplente, en un juzgado antes que en una audiencia provincial, o el TSJC, y en Las Palmas de Gran Canaria, antes que en San Cristóbal de La Laguna”. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le otorgó la plaza de magistrado suplente de la Sala de lo Social del TSJC en Santa Cruz de Tenerife. En ningún caso, según el expediente, Jorge Rodríguez hizo constar que estaba incompatibilizado para optar a esa sala por estar ejerciendo en el momento de presentar su candidatura como abogado ante ella.
Tras publicarse la noticia de su designación en este periódico, Jorge Rodríguez Pérez renunció a esa plaza dentro de los ocho días de plazo preceptivos antes de la toma de posesión del cargo.
El exsenador y actual vicesecretario de Estudios y Programas del PP de Canarias no ha contestado a la petición de este periódico de ofrecer su versión a los lectores.
Jorge Alberto Rodríguez Pérez es un histórico del Partido Popular de Canarias. Acompañó a José Manuel Soria en algunos de los cargos públicos que desempeñó durante su larga carrera. Fue junto a él concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria durante los primeros años en los que el exministro de Industria fue alcalde (1995-2003). Pero se vio obligado a dimitir al descubrirse que desde su concejalía benefició a una empresa cuya titular era una mujer de su círculo más íntimo.
Luego alcanzó la cima política regional cuando fue designado portavoz económico del Partido Popular, con un puesto de relumbrón en el Parlamento de Canarias. Pero nuevamente se vio obligado a dimitir cuando este periódico publicó que había actuado como intermediario de una empresa madrileña ante varios ayuntamientos canarios para facilitarle concursos públicos a partir de los cuales construir y gestionar viviendas de protección oficial mediante supuestas cooperativas. Jorge Rodríguez Pérez fue procesado y se sentó en el banquillo de los acusados en un juicio del que resultó absuelto al entender el tribunal que el tráfico de influencias del que estaba acusado no había quedado suficientemente probado.
Y eso que en los hechos probados de la sentencia se podía leer que Rodríguez violentó en 2006 la dedicación exclusiva que tenía declarada en el Parlamento regional para defender los intereses del empresario Antón Marín, dueño de Grupo Europa, introducirlo en ayuntamientos gobernados por el PP y cobrar por hacerlo al menos 64.000 euros.
Cuando se descubrió su participación en los hechos, en 2007, Rodríguez Pérez dimitió e interpuso una querella contra Canarias Ahora y dos de sus periodistas. La querella fue finalmente sobreseída y el querellante regresó a la política activa después de conseguir su sentencia absolutoria.
Esa sentencia fue redactada por José Ramón Navarro Miranda, actual presidente de la Audiencia Nacional. Fue su último acto de servicio al frente del TSJ de Canarias.
La última candidatura de Jorge Rodríguez a un puesto de elección pública ha sido a la junta de control de la Radio Televisión Canaria, rechazada por el Parlamento de Canarias pero no por su presencia en ella, sino por la del periodista Francisco Pomares, propuesto por Coalición Canaria en medio de una polémica por haber sido denunciado e imputado por falsificar su currículo para acceder a una plaza de profesor de Periodismo en la Universidad de La Laguna.