El vicesecretario de Estudios y Programas del Partido Popular de Canarias, Jorge Rodríguez, ha preferido la política y el mundo de la abogacía y de los negocios antes que el de la magistratura. Este dirigente político, abogado y asesor empresarial, renunció in extremis este mismo jueves a su designación como magistrado suplente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en su sede de Santa Cruz de Tenerife. Lo hizo en aplicación del régimen de incompatibilidades y prohibiciones al que están sujetos todos los jueces y magistrados, sean o no de carrera, que los obliga a renunciar a todas sus actividades profesionales y políticas en un plazo no superior al de ocho días desde su designación. En el caso de Rodríguez, la suya fue publicada en el Boletín Oficial del Estado del pasado 27 de agosto.
Nadie en el Partido Popular de Canarias supo que su vicesecretario de Estudios y Programas y uno de los históricos dirigentes que aún continúa activo en el comité ejecutivo regional de la formación, había presentado su candidatura ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para convertirse en magistrado suplente del TSJC. La noticia la conocieron sus dirigentes por este periódico, cuando se les telefoneó para preguntarles si Rodríguez ya había dimitido de sus cargos orgánicos. No lo hizo y confirmó a este periódico aquellos días que se lo estaba pensando.
Su carrera política se había visto seriamente comprometida cuando fue investigado, acusado, juzgado y finalmente absuelto por un presunto delito de tráfico de influencias. Rodríguez intercedió en nombre de una empresa madrileña, Grupo Europa, ante ayuntamientos canarios gobernados por el PP para la realización de oscuros negocios relacionados con la construcción de viviendas sociales. Aunque resultó absuelto en un alambicado fallo en el que se rebajó a la mínima expresión el valor de sus influencias, los hechos probados de la sentencia fueron demoledores para su credibilidad como político: efectivamente no solo había mediado a favor de esa empresa, sino que se probó que era su asesor y que había cobrado por ello la cantidad de 64.000 euros siendo incompatible por su condición de diputado regional con dedicación exclusiva.
A partir de ese momento, el PP canario colocó a Jorge Rodríguez en un segundo plano, y aunque lo volvió a presentar al Parlamento regional, enseguida lo designó senador por la Comunidad Autónoma, puesto donde pasó completamente inadvertido los cuatro años que ejerció como tal, entre 2015 y 2019.
Su última aparición pública también resultó fallida: el PP lo presentó a la junta de control de la Radio Televisión Canaria, cuyos miembros no pudieron ser elegidos por el Parlamento al quebrarse los acuerdos entre los grupos parlamentarios y no alcanzarse las mayorías exigidas.
La renuncia de Jorge Rodríguez libra a la Sala de lo Social del TSJ de Canarias de unos cuantos quebraderos de cabeza, los que se preveían por las recusaciones a las que el frustrado magistrado sería sometido por quienes se pudieran sentir indefensos por las históricas vinculaciones con el mundo de la política y del empresariado, particularmente el urbanístico.