Un juicio nuevo que suena a viejo. Por la distancia entre los hechos y la vista oral (once años), porque los acusados ya no ocupan los cargos que ocupaban y porque dos de ellos, Reyes y Bartolomé Fuentes, ya han sido condenados por otorgar licencias urbanísticas.
Reyes, que se negó a declarar, acudió al juicio con abogado de oficio y no preguntó a los acusados ni a los peritos. Antonio Lorenzo y Vicente Bartolomé Fuentes sí declararon aunque no respondieron a la acusación popular, ejercida por la abogada Irma Ferrer, de Transparencia Urbanística: “Igual que se prestaron -señaló a los acusados- para dar licencias a mansalva, han decidido ser los únicos que se sienten hoy en el banquillo”. La abogada destacó que una de las licencias se la otorgó Reyes a quien era compañero de partido (en el PNL) y socio (en Comcaype), Pedro de Armas.
Lorenzo aseguró que, como tenía dudas sobre si se podían dar o no las licencias, pidió un informe al secretario. Reconoció que en aquel momento no hacía los informes de forma correcta. “Nadie me dijo que estuvieran mal hechos ni me pidieron aclaración; estaba convencido de que estaban bien hechos”, dijo.
La fiscal Elena Herrero le reprochó su desconocimiento del Reglamento de Ordenación y Funcionamiento de las corporaciones locales, que explica cómo elaborar los informes técnicos y también le reprochó que no hubiera comprobado si el proyecto cumplía con las leyes autonómicas, estatales o con el Código de edificación.
“Normalmente los proyectos cumplen”, señaló Lorenzo, que asumió que sus informes no estaban motivado pero alegó que no eran informes técnicos para dar licencias sino solamente para iniciar el trámite. Respecto a que todo el expediente se diera en un día, dijo que no era normal “pero se puede hacer”.
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