El Juzgado de Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto diligencias por delito fiscal contra cuatro empresarios a raíz de una querella de la Fiscalía de Las Palmas. Uno de esos cuatro empresarios, el madrileño Noeal Jammal Fernández, vendió material sanitario al Gobierno de Canarias durante la pandemia mediante contratos por importe de 22,9 millones de euros entre 2020 y 2021, aunque entre nueve y diez millones es la cantidad que se corresponde a material que no llegó, según ha asegurado el Ministerio Público a este periódico. Los otros tres investigados pertenecen a una empresa que ejerció de intermediaria local para tramitar los pedidos una vez contratados por la Administración, según ha podido saber este periódico. Se trata de Miguel Ángel Ramírez, Lucas Bravo de Laguna y Christian Zerpa, vinculados a la empresa Tabaiba Capital, S.L., a la que se investiga por presunto delito fiscal.
La portavoz de la Fiscalía ha anunciado en un comunicado que el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ya ha admitido a trámite esa querella, que gira en torno al material contratado por el Servicio Canario de Salud (SCS) a las empresas madrileñas Damco Trading Services y Tanoja Services. Los hechos denunciados son “inicialmente constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública, sin perjuicio de que en el desarrollo de la instrucción pueda apreciarse serios indicios de delito de blanqueo de capitales, delito de corrupción y delito de malversación”, señala la juez en el auto de admisión de la querella.
Se trata de la tercera causa que se abre por compras de material sanitario en Canarias durante el estado de alarma: la primera examina una presunta estafa de 4 millones de euros en el suministro de mascarillas que ya costó el cargo al director del SCS, Conrado Domínguez y que se encuentra en la Fiscalía europea; la segunda analiza los cuatro contratos por más de 12 millones de euros adjudicados a la empresa relacionada con el llamado Caso Koldo, también por la compra de mascarillas.
Según la nota informativa de la Fiscalía, las entidades mercantiles Damco Trading Services, SA y Tanoja Services, SL, ambas con domicilio fiscal en Madrid, fueron adjudicatarias del Servicio Canario de Salud (SCS) durante la emergencia sanitaria por Covid-19 para el suministro de material sanitario destinado a los hospitales públicos de las Islas. En ese concepto, Damco facturó en 2020 un total de 15,8 millones de euros y en 2021 un total de 2.7 millones de euros. Por su parte, Tanoja Services facturó en el año 2021 la cantidad total de 4,23 millones de euros.
La querella de la Fiscalía Provincial se dirige contra el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, el excandidato a la presidencia de Canarias por Unidos por Gran Canaria (UxGC), Lucas Bravo de Laguna, diputado adscrito a Coalición Canaria durante los hechos que se investigan, Noel Jammal Fernández y Christian Cerpa Espino, dirigente por entonces de Ciudadanos.
Noel Jammal Fernández aparece como el administrador único de las dos compañías que están siendo investigadas, Damco Trading Services y Tanoja Services, y que tienen domicilio fiscal en Madrid. En cuanto a Miguel Ángel Ramírez y Lucas Bravo de Laguna, la Fiscalía los vincula a dos entidades mercantiles a las que cree que se transfirieron los fondos ingresados por Damco Trading Services y Tanoja Services. A Christian Cerpa Espino también se le relaciona con el destino final del dinero. La empresa de Ramírez y Bravo de Laguna ejerció de representante local de las dos compañías madrileñas a efectos puramente logísticos, según han explicado portavoces autorizados de la mercantil.
Sin embargo, el Ministerio Público añade que “ninguno de los perceptores de los importes transferidos, comprobados en los procedimientos de inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), justificó la realización de actividad alguna de la que deriven los cuantiosos ingresos de los que fueron beneficiarios”.
Diez contratos de Damco
El primer contrato de Damco con el SCS se remonta al 27 de abril de 2020, según puede apreciarse en el Portal de contratación pública. Se trataba de una adjudicación de 1,33 millones de euros para la adquisición de test COVID. El Servicio Canario de Salud continuó contratando a esta empresa hasta enero del año 2022.
En total, Damco percibió alrededor de 19,6 millones de euros en diez adjudicaciones. Esta misma empresa también fue adjudicataria por el Gobierno vasco de un contrato de 82.000 euros para suministrar mascarillas y también recibió 361.000 euros de la Diputación Foral de Álava para adquirir material sanitario contra la pandemia.
Por su parte, en el referido portal de contratación figura que Tanoja Services sumó tres contratos por valor de 4,23 millones de euros que se efectuaron entre el 19 de enero de 2021 y el 6 de mayo de ese mismo año.
Parte de las adjudicaciones analizadas fueron financiadas con fondos europeos. Ello motivó que la Fiscalía de Las Palmas elevara una consulta a la Fiscalía Europea para conocer si quería hacerse cargo de la instrucción, pero esta declinó hacerse cargo de la investigación por no apreciar que se puedan haber visto afectados fondos comunitarios.
La fórmula que solía emplear el Gobierno de Canarias era adelantar el 50% del pago a estas empresas y el otro 50% una vez entregado el material, según puede apreciarse en distintas resoluciones. De acuerdo con una propuesta de informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Damco Trading Services fue la segunda empresa más contratada por el SCS durante el año uno de la crisis del coronavirus.
Miguel Ángel Ramírez: “Demostraremos que no se cometió ningún delito”
El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha asegurado a la agencia EFE que su empresa, Tabaiba Capital, no vendió material alguno al Servicio Canario de Salud, sino que su papel fue de intermediario en la operación, como representante en el Archipiélago de Damco Trading Services y Tanoja Services, sociedades de Noel Jammal Fernández, en una operación para la que subcontrató a Bravo de Laguna y Cerpa.
El empresario grancanario ha insistido en que “todas las mercancías que se pidieron fueron entregadas” y que está seguro de que durante la instrucción “demostraremos que no se cometió delito alguno”.