La Fiscalía reclama 32 millones a Globalia por el fraude en el descuento a residentes
La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama al Grupo Globalia el pago de una indemnización de 22,7 millones de euros y una multa de 9,5 millones por fraude en las subvenciones otorgadas por el Ministerio de Fomento para rebajar el precio de los billetes a las islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla para los residentes.
Según explica en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, el grupo puso en marcha una operativa destinada a recaudar “importes subvencionables superiores a los que realmente constaban en cada billete, presentando, no la cantidad efectivamente cobrada, sino la cuantía máxima por tarifa aérea y gastos de emisión registrada en el Ministerio de Fomento”.
El Ministerio Público asegura que los billetes emitidos por la compañía aérea Air Europa Líneas Aéreas Sociedad Anónima Unipersonal (Air Europa) y comercializados por diversas agencias de viajes, todas ellas pertenecientes al grupo empresarial Globalia Corporación Empresarial S.A. (Globalia) se produjo “una generalizada igualación de las cantidades que se reclamaban al Ministerio de Fomento, en aplicación del Real Decreto 1316/2001, en concepto de bonificación en los vuelos de residentes extrapeninsulares”.
Air Europa solicitaba, con carácter general, en el concepto de cargos por emisión la cuantía que ascendía en los primeros años a los que refiere la presente causa a 20 euros (por tanto, 10 euros bonificables como máximo) y que luego subió a 25 euros (por tanto, 12,50 euros bonificables como máximo), con independencia de la cantidad efectivamente cobrada por este concepto por la agencia de viajes, dice el escrito.
Asimismo, se presentaban liquidaciones al Ministerio por “la tarifa fare” registrada ante dicho organismo por Air Europa, y no por la efectivamente cobrada al pasajero, de modo que existe subvención de billetes aéreos abonados por la Administración por una cuantía superior a la legalmente establecida, agrega el fiscal.
Este sistema fue ideado --defiende la Fiscalía-- por una persona “no suficientemente identificada, con facultades decisorias en la sociedad acusada” en fecha tampoco determinada y trasladada como mecánica de procedimiento a las compañías del grupo, que de esta forma creó un sistema de cobro de tarifas subvencionadas por encima de lo dispuesto en la ley.
Archivo para el presidente
El juez instructor Eloy Velasco archivó el pasado 24 de octubre el procedimiento para el presidente del Grupo, Juan José Hidalgo, y mantuvo acusada a la compañía como persona jurídica.
El fiscal destaca que la cantidad reclamada como indemnización se encuentra ya consignada en el Juzgado mediante avales bancarios por importe de quince millones de euros aportados el día 5 de noviembre de 2015 para garantizar la responsabilidad que pudiera derivarse de la investigación.
También asegura la empresa desarrolló su Compliance Program (también conocido como plan de prevención de delitos en el ámbito de la empresa) para adoptar las medidas de vigilancia y control oportunas que aseguraran que, en la medida de lo posible, que en el futuro no se incurra nuevamente en estas ni en otras actividades contrarias a la ley.
Colaboración con la investigación
Destaca el fiscal que las compañías investigadas facilitaron en todo momento la investigación de los hechos, entregando de manera inmediata toda la documentación que se les pedía, a pesar de su posible carácter incriminatorio.
Globalia siempre ha defendido que si ha cometido un error está dispuesta a asumirlo y ha mostrado su colaboración con la Administración. Asimismo, apunta que la ley que regula el descuento del 50% sobre la tarifa de residentes era lógica cuando se aprobó en 1951 pero defiende que la demanda sobre estos billetes ha cambiado mucho desde entonces.
La matriz de Air Europa desembolsó 19,2 millones de euros en la Audiencia Nacional (AN) por este proceso judicial, a raíz de una denuncia de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) por un supuesto mal uso de dichas subvenciones. Un año antes, la patronal de agencias trasladó sus sospechas a Fomento, que abrió una investigación administrativa.
El Ministerio de Fomento ya había iniciado una investigación a partir de la cual comenzaron las pesquisas policiales. Globalia abonó otros 17,7 millones de euros ante la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) por el mismo concepto en relación a los ejercicios 2010 y 2015, tras llegar a un acuerdo con el Departamento que depende de Fomento por el expediente abierto al grupo.
