La Fiscalía pide tres años de inhabilitación para el exalcalde de Mogán por impedir a la oposición grabar plenos

El exalcalde de Mogán Francisco González se ha vuelto a encontrar la mañana de este viernes con la que fuera su mano derecha, y que tras una serie de desavenencias ha terminado por ocupar su cargo al frente del municipio grancanario de la mano de Ciudadanos por el Cambio (Ciuca), Onalia Bueno. Eso sí, ante el magistrado del Juzgado de lo Penal número 3 de Las Palmas e Gran Canaria, donde la primera edil reconoció tener una enemistad manifiesta contra el acusado.

La Fiscalía pide para González tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado contra los derechos individuales, que el exalcalde habría cometido al impedir a varios concejales de Ciuca - entonces en la oposición - grabar los plenos del Consistorio.

El Ministerio Público señala en su escrito de acusación que, con motivo de las publicaciones que el mencionado grupo de la oposición realizaba sobre el contenido de las sesiones plenarias, González impidió “únicamente a éste” y “de forma sistemática” las grabaciones plenarias amparándose en el artículo 107 del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) que aprobó en noviembre de 2012.

Dicho artículo, que prohibía a los concejales y el público en general asistente “efectuar grabaciones de imagen y sonido sin la previa y discrecional autorización de la Presidencia del Pleno” fue tumbado posteriormente por el Tribunal Supremo en agosto de 2015.

Mientras tanto, la tónica continuó hasta diciembre de 2013, “pese a conocer que con ello conculcaba el Derecho Fundamental a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, apostilla la Fiscalía. En febrero de dicho año González procedió, además, a expulsar a un concejal y a incautar su cámara de vídeo y soportes audiovisuales.

La acusación particular que representa a Ciuca, por su parte, pidió seis años por el mismo delito al que añadió, subsidiariamente, otro de prevaricación administrativa por dictar una resolución arbitraria a sabiendas de que era injusta. Mientras que la Defensa interesó la libre absolución.

A puerta cerrada

La estancia que da paso a la sala de vistas número 24 de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, comenzó a llenarse de rostros conocidos en Mogán desde las 9.30 horas de la mañana. Como si de una sesión plenaria se tratase, uno a uno fueron sentándose alrededor de la puerta exconcejales del Ayuntamiento y representantes que todavía forman parte de la vida política del municipio.

La comparecencia de González se produjo a puerta cerrada, así como la de uno de los principales denunciantes, Luis Miguel Becerra, en la actualidad concejal de Deporte y Juventud. El siguiente en declarar fue el segundo teniente de alcalde, Mencey Navarro, quien recordó la ubicación de la cámara y que una vez aprobado el ROM “se permitía a otras personas y medios grabar los plenos, pero a nosotros no”.

Cada vez que se celebraba un pleno, rememoró, su grupo solicitaba por escrito al alcalde grabar el mismo, sin conseguir una respuesta que detallara los motivos por los que no se les dejaba captar la sesión, más allá del amparo en el artículo 107 del Reglamento.

La alcaldesa de Mogán recordó que en una entrevista el exalcalde lamentó que los vídeos de la oposición le desprestigiaban y agregó que se permitía captar los mismos a medios y personas que acudían a la Administración municipal. “Acudimos al Defensor del Pueblo y nos respondió que se nos tenía que dejar grabar”, sostuvo.

Argumentos como el que la cámara impedía el paso o no lo hacía, o si suponía interrupciones o no, fueron contradichas por la concejal en Mogán del Partido Socialista (PSOE) Pino González – actualmente en el Grupo de Gobierno con Ciuca - y la edil popular María del Carmen Navarro. Mientras que la exconcejal de CC, Catalina Cárdenes, se refirió a la publicación de una conversación privada y a que la cámara de Becerra la hacía sentirse incómoda, mientras que la de la Radio Televisión de Mogán, no.

Artículo 107 del ROM

La Defensa sacó a colación que antes de la aprobación del ROM se permitía captar los plenos con normalidad y que el conflicto surgió a raíz de la introducción del artículo 107. Dos de los testigos principales llamados por la representación legal de González fueron el entonces secretario municipal y el asesor jurídico.

Ambos se refirieron a que las órdenes del exalcalde sólo se dieron cuando dicho artículo se encontraba vigente y respaldaron que González lo podía aplicar. Sin embargo, el último reconoció que la prohibición debía estar motivada de palabra, algo que le correspondía al ex primer edil.

Por su parte, el ex secretario municipal recordó que el artículo fue modificado para asemejarse al de municipios como el de Las Palmas de Gran Canaria y dijo entender que “la redacción no era la más afortunada, pero creo que tenía una interpretación que podía salvar la legalidad” del mismo.

González: “Nunca ha sido mi intención vulnerar ningún derecho fundamental”

En su turno de última palabra, González aseguró que “nunca ha sido mi intención vulnerar ningún derecho fundamental, si lo he hecho ha sido de forma inconsciente y, desde luego no a propósito”.

“Creo que ha quedado patente a lo largo del juicio que nunca fue mi intención prohibirlo, lo hice a instancias del propio secretario que decía que no era coherente lo que estaba viendo. A parte de eso, porque se me pedía, también por parte de la oposición, un reglamento municipal”, explicó.

En cuanto a las justificaciones que explicaran el rechazo a las reiteradas peticiones de Ciuca, sostuvo que “entendía que el artículo era prohibitivo, es decir, prohibía grabar y que el permitir por parte del alcalde tenía que ser la excepción”. Autorizarlo con carácter general, dijo, era ir en contra de la Ordenanza.

González se refirió, además, al ambiente de los plenos y a la “presión mediática” y la “coacción”. “Llevaban las sesiones y las preguntas a unos extremos donde se hacía irrespirable”, manifestó.

Entre los argumentos esgrimidos por la Defensa en su resolución final, se encontraba el que se había dado orden a la Televisión pública de Mogán para que grabara íntegramente los plenos y repartiera copias a todos los grupos y que, el 4 de diciembre de 2013, se modificó la normativa para permitir hacer vídeos, a lo que Ciuca se opuso.

“Resulta que se opone al mismo y, a partir de ahí, deja de grabar, ¿qué sentido tiene?”, preguntó. Asimismo, cuestionó que esta “guerra” entre partidos haya derivado en una denuncia interpuesta por la vía Penal cuando, a su juicio, lo correcto hubiera sido un contencioso administrativo. El abogado no dijo ver dolo en la actuación de su defendido que, según añadió, siempre actuó amparado en la normativa.

Por su parte, la acusación particular recordó que el exalcalde ignoró la recomendación del Diputado del Común y las sentencias condenatorias que se iban emitiendo al respecto y concluyó que existía intencionalidad en la falta de respuesta y en dañar políticamente al rival. El juicio ha quedado visto para sentencia.