La Fiscalía ha pedido seis años de prisión e inhabilitación absoluta durante 10 años y especial durante otros seis para empleo y cargo público de médico y oficio sanitario, para un doctor del Servicio Canario de Salud (SCS) por delitos contra la intimidad y falsificación documental cometidos contra su exmujer en pleno proceso de divorcio.
Así se desprende del escrito de acusación que el Ministerio Público ha remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, que próximamente tendrá que dirimir si abre juicio oral contra el acusado por la vía penal. El caso radica en la denuncia que interpuso la exesposa del investigado, en la que argumentaba que éste había accedido en repetidas ocasiones a su historial clínico durante su separación y le había añadido un diagnóstico falso para usarlo en su propio beneficio.
El acusado es un médico de familia del Centro de Salud de Shamann, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, que no resulta desconocido en las esferas políticas de la Isla. De hecho, Sergio Hernández se presentó en 2011 como número tres en la lista de Compromiso por Gran Canaria al Ayuntamiento capitalino, del que se quedó fuera al conseguir el partido solo dos actas de concejal.
En su presentación oficial, el partido hizo un recorrido sobre su vida laboral en la que destacó cargos como el de director Territorial de Salud entre 1993 y 1996; vocal de la Dirección General de Salud Pública, vocal de los Tribunales Calificadores de Pruebas selectivas de acceso a bomberos y Policía Local en el Consistorio de la capital grancanaria y médico colaborador del Primer Plan de Salud de Canarias.
Hernández demandó a Canarias Ahora por hacerse eco del caso, mientras avanzaba el proceso de instrucción, por intromisión ilegítima en el derecho al honor. Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Las Palmas de Gran Canaria desestimó la demanda y le impuso el pago de costas tras avalar el interés público y general y la veracidad de las informaciones publicadas por este medio.
Ahora la Fiscalía señala en su escrito que el acusado accedió en diversas ocasiones al historial clínico de su exmujer “hallándose en una situación de crisis y enfrentamiento conyugal” y “aprovechándose de su condición de empleado público del Servicio Canario de Salud (Gobierno de Canarias) como médico de familia, que le dotaba de un usuario de acceso informático a la base de datos de dicho servicio”.
El Ministerio Público añade que el investigado “también modificó su historia clínica, agregando diagnósticos de dolencias o patologías”, entre las que se encuentran las de personalidad narcisista y trastorno esquizoide. Además de borrar el diagnóstico de neoplasia maligna de ovario que él mismo había añadido en 2013.
Algo que hizo, continúa, a pesar de que la afectada no era su paciente y “con la finalidad de alterar ilícitamente la historia clínica” de su exesposa, para “hacer uso de la misma con un contenido que le resultase favorable en su conflicto con ella respecto a la guarda y custodia de su hija común”.
“Y así el acusado, a finales de 2015, en el procedimiento de divorcio contencioso del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Las Palmas de Gran Canaria aportó la Historia Clínica [de su cónyuge], su contraparte en dicho procedimiento, en la cual constaban, junto a los diagnósticos verdaderos de la misma, los datos añadidos subrepticiamente por parte del acusado”, apostilla.
La Fiscalía ha solicitado que se requiera al SCS que informe sobre la condición laboral del acusado, su capacidad económica y las retribuciones percibidas en el año 2016, cuando la causa ya se econtraba abierta en el Juzgado de Instrucción.