La Fiscalía reduce la investigación contra Rosell a una mera “verificación”
La Fiscalía estudia interponer un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que consideró que el Ministerio Público actuó de manera ilegal contra la juez en excedencia Victoria Rosell, diputada de Podemos, y transgredió la neutralidad exigida a las instituciones del Estado en campañas electorales al abrir unas diligencias preprocesales por presunta infracción disciplinaria e informar de ellas a la opinión pública en diciembre pasado, en plena cita electoral del 20-D.
Así se desprende de las declaraciones que el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, ha hecho la mañana de este lunes en Cadena Ser, donde reconoció que la Fiscalía no tiene competencia para iniciar un expediente disciplinario a un juez. Sin embargo, sí consideró que tiene capacidad para ejercitar las diligencias preprocesales por una supuesta infracción disciplinaria, que posteriormente fue archivada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Garrido defiende que la actuación llevada a cabo por la fiscal Evangelina Ríos se centró “simplemente” en una “verificación de una posible infracción disciplinaria”, tras recibir el 23 de noviembre pasado un sobre anónimo en el que figuraba un contrato, con fecha de 26 de octubre, de prestación de servicios de la empresa la pareja de la magistrada, Carlos Sosa, con la Productora de la U.D. Las Palmas, cuyo presidente, Miguel Ángel Ramírez, estaba incurso en una instrucción en el juzgado de la que fue titular hasta que solicitó su baja el 15 de octubre para presentarse a las elecciones.
Esa “verificación”, continúo Garrido, fue la que se puso en conocimiento del órgano competente, es decir, el CGPJ, pese a que el TSJC ya había decretado su paralización cautelar en diciembre.
“Ese es el motivo principal de la discrepancia (respecto a la reciente sentencia del TSJC), si el Ministerio Fiscal tiene la capacidad o no para denunciar este tipo de actuaciones de verificación, para ofrecer al órgano disciplinario información precisa y veraz a nuestro juicio, para si eso es objeto o no de expediente disciplinario”, insistió.
Desde que recibió el susodicho “sobre anónimo” y hasta que la Fiscalía remitió sus pesquisas ilegales al Poder Judicial el 11 de diciembre, al mismo tiempo que el TSJC emitía un auto ordenando paralizar las actuaciones de manera cautelar, el Ministerio Público llamó a declarar a testigos, recabó información bancaria sobre operaciones entre las empresas que habían suscrito el contrato y finalmente emitió un comunicado público, tras saltar el asunto a los medios de comunicación, en el que confirmaba las diligencias.
Garrido señaló que este último aspecto centrará probablemente la interposición del recurso ante el Tribunal Supremo. Aunque no recordó si la Fiscalía Provincial de Las Palmas se puso en contacto con él antes de emitir el comunicado, defendió que su divulgación se hizo “simplemente para cumplir con nuestras obligaciones” y trasladar “lo que en aquel momento ya estaba en los medios de comunicación, con noticias que no se ajustaban exactamente a la realidad”.
En su opinión, la nota enviada a la prensa en plena campaña electoral no supuso un perjuicio para la magistrada, entonces candidata de Podemos al Congreso de los Diputados, ya que no desvelaba ningún secreto y proporcionaba una información aséptica. “Yo creo que en aquel momento, al fiscal jefe provincial (Guillemo García Panasco) le movió la idea de clarificar lo que estaba en los medios de comunicación de una manera tendenciosa”, apostilló.
La Sala difiere de la finalidad del Ministerio Público en este punto, al considerar que prueba la vulneración del derecho a participar en unas elecciones en condiciones de igualdad. El Alto Tribunal canario entiende que tal información “transgrede directamente la neutralidad informativa que deben mantener las instituciones públicas durante el proceso electoral, evitando aquellas que puedan influir en la orientación del voto”.
Preguntado por la reclamación de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que ha pedido la dimisión de García Panasco como fiscal jefe provincial, Garrido responde que la resolución del TSJC “no es firme” y emplaza a esperar a que lo sea.
Garrido confía en la interposición del recurso ante el Supremo por parte de la Fiscalía, porque cree que “sería saludable” que el Alto Tribunal indicara si el Ministerio Público es competente o no para llevar a cabo “este tipo de diligencias preprocesales”.
