Los medios gráficos que el próximo lunes acudan a la Sala de lo Civil y lo Penal del Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria recogerán una imagen atípica, la de un juez sentado en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Más de tres años después de que se iniciara la instrucción de la causa, el denominado Albagate llega a juicio.
El magistrado Salvador Alba, suspendido de funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el 19 de julio de 2018, dos meses y medio después de que la jueza instructora dictase el auto de apertura de juicio oral, se enfrenta a peticiones de pena de hasta 13 años y medio de cárcel por lo que la Fiscalía Superior de Canarias definió como un “acuerdo corrupto” con un empresario al que entonces investigaba para perjudicar a su compañera de profesión Victoria Rosell, que en aquel momento hacía su primera incursión en política como independiente en las listas de Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas. Estas son las claves:
¿Quién es el acusado?
Su nombre completo es Salvador Alba Mesa. Natural de Baena, municipio situado en el sureste de la provincia de Córdoba, accedió a la carrera judicial en 1997, en la misma promoción que Victoria Rosell. Su trayectoria profesional está ligada a Gran Canaria, donde ejerce desde el año 2000.
Con plaza desde 2003 en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, los hechos por los que será juzgado a partir del lunes se produjeron cuando ejercía como sustituto de Victoria Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, del que es titular la actual diputada de Podemos. Alba accedió a este destino tras solicitar la plaza al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, y a pesar de que en aquel momento (noviembre de 2015) ya había superado el cupo legal de sustituciones permitidas para los magistrados a lo largo de un año, que asciende a 180 días. Para solventar el entuerto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le otorgó cuatro meses después una comisión de servicios con efecto retroactivo.
En el plano mediático y antes de que estallara el caso que le ha conducido al banquillo, la figura de Salvador Alba había adquirido cierta notoriedad en el año 2005, cuando el entonces titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Las Palmas de Gran Canaria planteó una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Violencia de Género aprobada a finales de 2004 por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero al considerar que esa ley discrimina a los hombres. Se da la circunstancia de que la pareja del magistrado es en la actualidad letrada de la Administración de Justicia en un Juzgado de Violencia de Género de la capital grancanaria. El hoy procesado fue también portavoz territorial de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
¿Qué se juzga?
Aunque los hechos por los que el magistrado ha sido encausado se remontan a sus primeras actuaciones como sustituto en Instrucción 8 de la capital grancanaria, en noviembre de 2015, el Albagate estalla siete meses después, en mayo de 2016, cuando el empresario Miguel Ángel Ramírez entrega en el juzgado la grabación del encuentro que ambos mantuvieron en el despacho del juez el 16 de marzo de 2016. Esa reunión, concertada por el propio Alba (que ordenó que la entrada del empresario a los juzgados se realizara por un circuito restringido) fue registrada por el entonces administrador de Seguridad Integral Canaria con un dispositivo oculto en una especie de llave electrónica de un vehículo. En ella se maquina el “acuerdo corrupto” descrito por la Fiscalía.
¿En qué consistió ese “pacto clandestino”? Según se desprende del contenido de esa grabación, el juez Alba asumió con el empresario el compromiso de archivar la causa por la que estaba siendo investigado en ese juzgado, un procedimiento por delitos fiscales, a cambio de que Ramírez aportarse documentación y prestase declaración en sede judicial en los términos acordados en esa reunión para tratar de acreditar vínculos comerciales entre algunas de sus empresas y las sociedades periodísticas relacionadas con el director de Canarias Ahora, Carlos Sosa, pareja de Victoria Rosell. De esta manera, pretendía introducir una causa de nulidad en el procedimiento, el supuesto incumplimiento del deber de abstención de la jueza. “Me lo cargo antes de que tengas que ir ni a un recurso, ni a una audiencia...”, dice el magistrado a su interlocutor en esas grabaciones. “¿Y la fiscal?”, le pregunta el empresario. “La fiscal se tendrá que joder”, responde Alba.
La declaración amañada en ese encuentro se materializó, según el guión previsto, una semana después, el 23 de marzo de 2016, en una comparecencia que versó única y exclusivamente sobre esas supuestas relaciones comerciales ajenas a los hechos objeto de investigación, con un interrogatorio a Ramírez en el que también participó la fiscal del caso, Evangelina Ríos, la misma que meses antes había abierto diligencias contra Victoria Rosell por motivos disciplinarios, una investigación que acabaría siendo anulada por haber vulnerado derechos fundamentales de la magistrada. Alba intentó unir a la causa contratos suscritos en 2009 (cinco años antes de que se iniciara la instrucción por delito fiscal contra el empresario y antes incluso de que Rosell y Sosa fueran pareja) entre una sociedad administrada por Ramírez, Gestiones y Asesoramiento 3000, y empresas con las que había estado relacionado el periodista, así como la prestación del servicio de limpieza de las oficinas de Canarias Ahora por parte de Ralons Servicios, propiedad del también presidente de la UD Las Palmas.
Dos días después, el contenido de esa declaración orientada de Ramírez en sede judicial era publicado por El Mundo. El entonces director de este diario, David Jiménez, ha reconocido recientemente en el libro El director que se equivocó al no hacer caso a quienes le advirtieron de que se trataba de una conspiración urdida por Alba para alimentar la querella que contra Rosell había interpuesto José Manuel Soria, ex ministro de Industria, Energía y Turismo, ex presidente del PP canario, rival de la jueza en las elecciones de diciembre de 2015 y protagonista de varios enfrentamientos judiciales con el director de Canarias Ahora, un medio que le ha sido hostil por la publicación de informaciones que vinculaban con casos de corrupción a este dirigente que dio por finalizada su carrera política después de que su nombre apareciera en los papeles de Panamá con sociedades radicadas en paraísos fiscales.
El concurso de Alba fue fundamental para que la Sala Segundo del Tribunal Supremo admitiera a trámite la querella de Soria contra Rosell por cohecho y retardo malicioso en la Administración de Justicia, un hecho que obligó a la jueza en excedencia a renunciar a la Diputación Permanente del Congreso, en cumplimiento estricto del código ético de Podemos.
La pieza que enlaza el plan orquestado en la reunión del 16 de marzo con la acción judicial del entonces ministro de Industria, finalmente archivada, es un informe remitido por Alba al alto tribunal español el 20 de abril de 2016. Un documento en el que, según la Fiscalía, el magistrado ahora encausado informó de supuestas irregularidades durante la instrucción de Rosell ocultando “el hecho nuclear y decisivo del plan reservado” que había formalizado con Ramírez, hablando de una declaración “absolutamente espontánea” del empresario, introduciendo “afirmaciones inexactas, mendaces e inveraces” y omitiendo datos procesales “clave” que, de haberlos hecho constar, “acarrearían una versión distinta de la situación respecto de la que afirmaba”.
En el audio íntegro de la conversación entre Alba y Ramírez, rescatado por la Guardia Civil de la papelera del dispositivo de grabación utilizado por el empresario (que solo aportó unos extractos para no comprometer a terceras personas), el magistrado llega a sugerir a su interlocutor que la declaración pactada sería crucial para la querella de Soria, que contenía pasajes calcados a los recogidos en un informe reservado redactado por el magistrado. “A ver, yo creo que la querella que tiene prospera sí o sí, pero desde luego esto...”, dice a su interlocutor.
Alba ocultó su reunión con Ramírez hasta el 4 de mayo de 2016, el día después de abandonar el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria tras acabar el periodo de sustitución voluntaria. Acuciado por la inmediata incorporación de su relevo, la magistrada Carla Vallejo, el juez remitió un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que no había informado en otros dos informes el encuentro, para relatar que esa conversación se produjo a instancias del empresario, en contra de lo manifestado por el propio Ramírez durante la instrucción.
¿Quién acusa?
Además del Ministerio Público, que estará representado por el ex fiscal superior de Canarias Vicente Garrido (recientemente sustituido en el cargo por Luis del Río), habrá otras tres acusaciones.
Victoria Rosell figura como acusación particular en calidad de víctima de la maquinación urdida por Salvador Alba para perjudicar su carrera profesional y política. Su abogado es Antonio Marrero.
Como acción popular ejercerán el partido político Podemos, que no pudo contar con la magistrada en las elecciones generales celebradas el 26 de julio de 2016, y el periodista Carlos Sosa, a quien Alba atribuyó las relaciones comerciales con Ramírez en su conspiración contra su compañera de profesión. Tendrán como letrados, respectivamente, a Sandra Rodríguez y Luis Val.
Los delitos y las penas
Salvador Alba deberá responder por cinco de los delitos más graves que puede cometer un juez en el ejercicio de su cargo. Son estos:
- Prevaricación judicial. O lo que es lo mismo, dictar una sentencia o resolución judicial injusta a sabiendas. Entre ellas, las acusaciones aluden a la citación a Ramírez para prestar una declaración en sede judicial previamente pactada o el propio contenido del interrogatorio del investigado y posteriores providencias. Se trata de un delito que no acarrea pena de cárcel, pero sí de inhabilitación. La acusación particular, ejercida por la jueza Rosell, introduce una calificación alternativa para el supuesto de que el tribunal no aprecie este tipo penal, ya que entiende que la actuación del procesado también puede enmarcarse en el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, que también conlleva multa y pena de inhabilitación.
- Cohecho. Lo comete la autoridad que, en provecho propio o de un tercero, reciba, solicite o acepte una dádiva, un favor o retribución de cualquier clase. Es aquí donde emerge el nombre de José Manuel Soria, a quien el propio Alba recurrió en el pasado para pedir el apoyo de su partido a su candidatura a vocal del CGPJ. Esto argumenta la Fiscalía al respecto en su escrito de calificación: “Ambos (el empresario Ramírez y el juez) se beneficiaban del acuerdo corrupto. El magistrado porque obtenía su retribución buscada de la documental contractual que, para su provecho o para el de un tercero, supondría el definitivo impulso a la querella ya promovida (por el exministro) contra la entonces diputada Victoria Rosell, y el investigado porque vería archivado su procedimiento judicial por delito fiscal”. Las peticiones de pena por cohecho oscilan entre los cuatro años y los cuatro años y medio de prisión y también llevan aparejadas condenas de inhabilitación.
- Falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. Al magistrado Alba también se le juzgará por los informes que remitió al Tribunal Supremo y al Consejo General del Poder Judicial, unos escritos que, según las acusaciones, contenían datos inveraces y omisiones importantes que modificaban por completo la versión de los hechos acaecidos durante la instrucción desarrollada por Victoria Rosell en el marco de las diligencias abiertas contra Ramírez por delitos fiscales, tratando de hacer pasar por irregularidades actuaciones que no eran tales. Uno de estos escritos fue el que sirvió a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con el canario Manuel Marchena como ponente, para admitir a trámite la querella de Soria contra la actual diputada de Podemos. Además de la multa e inhabilitación, las acusaciones piden para Alba por este delito penas de entre 4 y 6 años de cárcel.
- Revelación de secretos, por divulgar informaciones reservadas de las que tuvo conocimiento por razón de su cargo. Las acusaciones tratarán de probar en la vista que fue el propio Alba quien difundió a periodistas de El Mundo y La Provincia tanto el DVD con la declaración prestada por Ramírez en sede judicial el 23 de marzo de 2016, una semana después de su reunión en el despacho del magistrado, como los sucesivos informes al Supremo y al CGPJ. El contenido de esa comparecencia del entonces administrador de Seguridad Integral Canaria fue publicado dos días después por el diario de tirada nacional y la declaración íntegra fue reproducida en las páginas del periódico de Editorial Prensa Ibérica un mes después, el 23 de abril. Las penas solicitadas por este delito oscilan entre los 2 y los 3 años de prisión, además de la inhabilitación para el cargo de juez.
Podemos añade a estos cinco delitos el electoral, puesto que Rosell tuvo que renunciar a presentarse a las elecciones de julio de 2016 como consecuencia de esta conspiración.
Por ellos, la Fiscalía pide 10 años de cárcel, 29 de inhabilitación, 40.500 euros de multa y una indemnización a Rosell por daños morales. La jueza solicita 13 años y medio de prisión, 42 años de inhabilitación, 118.000 euros de multa y 80.000 de indemnización.
Podemos, por su parte, reclama 13 años y 3 meses de cárcel, 39 años y medio de inhabilitación y una multa de 135.000 euros. La otra acción popular, ejercida por Carlos Sosa, pide la misma pena de inhabilitación, 12 años de prisión y 103.000 euros de sanción.
Pruebas y testigos
La grabación completa de la conversación mantenida por Alba y Ramírez en su reunión del 16 de marzo de 2016 será una de las principales pruebas de cargo contra el juez, además del rastro documental que fue dejando el propio acusado a través de los informes remitidos al Supremo y al CGPJ con presuntas falsedades. Las acusaciones llevan al juicio un total de 24 testigos. Entre ellos destacan Miguel Ángel Ramírez; el abogado de Seguridad Integral Canaria (SIC), Sergio Armario, que acompañó al empresario a su encuentro con Alba; la jueza Victoria Rosell, en su condición de víctima, y su pareja, el periodista Carlos Sosa; varios funcionarios del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria y partes implicadas en la causa por fraude fiscal contra el ex administrador de SIC, o los periodistas Fernando Lázaro (El Mundo) y Manuel Reyes (La Provincia). También comparecerán en calidad de peritos los dos agentes de la Guardia Civil que examinaron el dispositivo de grabación utilizado por Ramírez y encontraron el audio completo.
Estrategia de la defensa
La defensa de Salvador Alba corre a cargo de Nicolás González Cuéllar, que también ha ejercido como abogado particular del exministro Soria en múltiples procesos judiciales. Desde que se difundiera el contenido de la grabación de su encuentro con Ramírez, el magistrado investigado ha sostenido que los audios habían sido manipulados. El empresario no aportó al juzgado la grabación íntegra, que fue encontrada con posterioridad por la Guardia Civil en la papelera del dispositivo de grabación. A esa tesis de la manipulación se agarra la defensa para tratar de tumbar todas las pruebas en su contra, con una pericial de parte incluida. Alba mantiene que lo que se escucha en esas grabaciones es el resultado de un “corta y pega” con conversaciones que, según su versión, pudieron haber sido registradas en fechas distintas. Incluso llega a sugerir que en algunos tramos no reconoce su voz.
Alba también ha fabricado su estrategia de defensa con resoluciones propias dictadas durante el periodo en el que permaneció investigado. El fiscal del caso Unión, Javier Ródenas, ya deslizó esta tesis en una vista celebrada en noviembre de 2018 para dirimir la validez de la grabación que dio origen a la causa y que el magistrado anuló. En esa ocasión, el representante del Ministerio Público acusó a Alba de adoptar esa decisión con el objetivo de “blindarse ante las acometidas procesales” en la causa en su contra, la que se instruía en el TSJC. Ese auto de Alba fue finalmente anulado por el alto tribunal canario, que confirmó que esos audios no habían vulnerado los derechos de los procesados.
También aprovechó su última resolución, la del caso Faycán, para arremeter contra los sistemas de grabación y escucha de la Policía Nacional, además de dedicar buena parte de su argumentación en ese voto particular para atizar a los medios de comunicación por el “escarnio” al que, según su opinión, someten a los acusados por corrupción en juicios paralelos. Esa sentencia, que fue dictada cuando Alba ya había sido suspendido por el CGPJ después de una larga baja que no le privó de realizar un viaje con su familia a las Maldivas, absolvió a 7 de los 28 acusados, los que no se conformaron con las penas, y también pretendió hacerlo con el Partido Popular (PP) como responsable civil subsidiario, aunque sus compañeros de Sala acabaron condenando a la formación.
Después de ser suspendido, el juez Alba ha multiplicado sus apariciones mediáticas, en especial en una radio local a la que acude casi cada semana, para declararse víctima de lo que considera un sistema judicial corrupto y tratar de extender las sospechas de actuaciones irregulares a la cúpula. Incluso ha denunciado al presidente del TSJC, Antonio Doreste, aunque todas sus acciones han sido archivadas. El único testigo propuesto por la defensa del procesado es su compañero en la Sección Sexta Emilio Moya, recientemente reelegido presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que también aparece en un fragmento de la grabación en la que el empresario le explica de forma resumida el plan acordado minutos antes en el despacho de Alba.
El tribunal
El proceso para conformar el tribunal que juzgará a Alba se ha extendido durante meses debido al baile de recusaciones y abstenciones. El juicio será finalmente presidido por José Félix Mota, magistrado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Estará acompañado por Jaime Requena, también de la Audiencia tinerfeña, y por Julio Wood, que ejerce en los juzgados de Telde. El magistrado Rafael Lis, a quien también se menciona en la grabación que da origen a la causa, se cayó finalmente de la terna al alcanzar el pasado 26 de mayo la edad de jubilación forzosa, los 72 años.
El juicio se celebrará, según las fechas señaladas, en cinco jornadas, con sesiones matutinas y vespertinas. Comenzará el lunes 1 de julio a las 9.00 horas y continuará el martes y el miércoles de esa misma semana y los días 11 y 12 del mismo mes (jueves y viernes).