El abogado especialista en derecho urbanístico Normando Moreno, que defiende desde marzo de 2000 a la empresa de Jaime Cortezo en el contencioso ante Costas por la invasión del dominio público marítimo terrestre de los dúplex de Hoya Pozuelo, en Telde (Gran Canaria), ha declarado este miércoles que tanto el promotor como los compradores de las viviendas “han sido víctimas de un sistema kafkiano, que no funciona”.
En la sexta sesión del juicio contra Cortezo, Elena del Castillo y Juana Rosa Fuentes por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y alzamiento de bienes en la venta de los mencionados inmuebles, Moreno ha recordado en su declaración como testigo que el deslinde se realizó en el año 1985 al amparo de la Ley de Costas de 1969, que “no distinguía lo que era la ribera del mar ni establecía una zona de servidumbre”.
“Sin embargo”, añadió el reputado letrado, “se basan en que el replanteo invade una servidumbre, una línea imaginaria que nadie ha trazado”.
Cabe recordar que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Rural (Apmun) del Gobierno de Canarias abrió en febrero de 2000 un expediente sancionador a Hoya Pozuelo SL tras la denuncia interpuesta por José Luis Arencibia (ya fallecido), un excolaborador de Cortezo que consideraba que las viviendas invadían los 100 metros de servidumbre que la normativa establece para proteger la costa. El procedimiento se resolvió con una orden de derribo para las viviendas de primera fila de esta promoción, orden que después fue ratificada por varias sentencias judiciales.
Moreno precisó que la Ley de Costas aprobada con posterioridad, en 1988, obligaba a la Administración a adaptar los deslindes anteriores, como el de Hoya Pozuelo, para fijar la ribera del mar y la zona de servidumbre.
El abogado ha relatado que en estos quince años de litigio, desde que Cortezo le encargara el escrito de alegaciones para el trámite de audiencia por el expediente de la Apmun, ha ejercido 31 acciones y ha trabajado en más de 40 expedientes “voluminosos” para “intentar llevar al sentido común este asunto”.
Agotada la vía judicial en España, la defensa del empresario llevó el caso de las viviendas de Hoya Pozuelo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, Estrasburgo no ha admitido los recursos al entender que no concurren las causas para ello.“La jurisdicción europea es muy particular”, ha sentenciado Moreno, quien, no obstante, cree que aún hay margen de defensa y que el caso puede tener más recorrido. En los tribunales comunitarios “hay otras acciones que se pueden emprender”, ha afirmado el letrado sin dar más detalles.
Moreno ha lamentado que en este proceso no haya habido una “mayor coordinación entre la estrategia de defensa de los propietarios de las viviendas y la de Jaime Cortezo”, ya que las instituciones europeas son “más sensibles” a los problemas de los ciudadanos afectados por “decisiones desproporcionadas” como la que, a su juicio, ha derivado en este pleito.
“Nunca se pueden hacer afirmaciones rotundas, y menos en Derecho, pero las cosas podían haber sido de otro modo si se llega a hacer causa común. Hubiera sido ejemplarizante”, ha concluido.
Para este encargo profesional, Moreno se ha servido de varios informes elaborados por el ingeniero topógrafo Enrique Vidania, que también ha declarado como testigo este miércoles.Vidania ha defendido que el deslinde realizado en la zona de Hoya Pozuelo es incorrecto: “El propio informe de la Demarcación de Costas dice que hay errores de metros”.
Según el topógrafo, las viviendas de Hoya Pozuelo no se encuentran dentro de la zona de servidumbre, puesto que, en su opinión, no hay menos de 100 metros entre las mismas y la denominada ribera del mar. Afirmó además que es “imposible hacer una línea paralela” y que, pese a ello, en ese terreno sólo hay dos mojones que marcan el deslinde cuando debería haber “aproximadamente 24”.
Vidania ha manifestado que la línea que delimitó la Apmun no coincide con la fijada por Costas y que en el caso de uno de los mojones, el número 22, hay un error “muy llamativo” de 13 metros que perjudica a la promotora. “Puede haber incluso falsedad de documento público”, se ha atrevido a decir.
El tercer testigo en comparecer este miércoles ha sido Federico Rodríguez, que en febrero de 2000 reservó una vivienda en la parcela I4, una fase de la promoción posterior a la I2, en la que se encuentran las casas afectadas por la orden de derribo. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, ante la “incertidumbre” que existía, decidió no ejecutar la opción de compra y se le devolvió el dinero que había aportado. Según Rodríguez, el propio Cortezo le explicó que había un problema “con el tema del deslinde”, aunque finalmente renunció “por el retraso de la obra”.
El juicio por la presunta estafa de Hoya Pozuelo se reanuda el próximo lunes con la declaración de nuevos testigos.