Imputados por cohecho dos ex altos cargos de Coalición Canaria: el exconsejero de Obras Públicas y el expresidente de Puertos de Tenerife
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha imputado a seis políticos por el supuesto cobro de comisiones irregulares pagadas por la constructora OHL a cambio de adjudicaciones de obra pública, entre los que se encuentran dos ex altos cargos de Coalición Canaria: Antonio Castro, quien estuvo en todos los gobiernos regionales entre 1987 y 2007, siendo entre otros consejero de Obras Públicas, y Luis Pedro Suárez Trenor, expresidente de Puertos de Tenerife desde 1996 a 2007. Aún no hay fecha fijada para que los dos investigados comparezcan en la Audiencia Nacional.
Las presuntas mordidas, investigadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional dentro de la operación Lezo, fueron destapadas por la Fiscalía y la Guardia Civil, que revelaron una “práctica generalizada de abono de comisiones a funcionarios públicos por parte de responsables del Grupo OHL para la adjudicación de determinadas obras públicas en todo el territorio nacional”, según informa el diario digital Vozpópuli.
Así, en la Audiencia Nacional también se investiga la adjudicación de contratos de obra pública en Canarias entre 2003 y 2014, periodo en el que se adjudicó el dique de abrigo del puerto de Granadilla (sur de Tenerife), a la Unión Temporal de Empresas SATO (filial de OHL), cuando presidía la Autoridad Portuaria de la provincia occidental Sánchez Trenor. Esta operación, que tenía relación con la titularidad de terrenos en la zona que luego se convirtió en polígono industrial, alcanzó los 114,5 millones de euros. En el caso de Antonio Castro, el informe de la Guardia Civil recoge una grabación entre los directivos de la constructora en la que tratan sobre el reparto de dinero que habría que ver “los porcentajes de Antonio Castro”.
Presuntamente, el contrato era amañado previamente a cambio de comisiones ilegales. El dinero que supuestamente gastó OHL para sobornos a funcionarios y altos cargos de diferentes administraciones, principalmente en Madrid, Andalucía, Extremadura y Canarias, se estima en más de 38,6 millones de euros.
Esta cifra corresponde con la cantidad intervenida por orden judicial en el domicilio de Paulino Hernández, quien fue director de Obra Civil de OHL, que declaró la semana pasada ante la Audiencia Nacional. Hernández grababa las reuniones que mantenía y el ejecutivo del área de Control, Felicísimo Ramos, recogía en una memoria portátil la relación de pagos de comisiones ilegales.
Además de Hernández, también ha comparecido José Manuel Sanjurjo, exdelegado de obra civil de Andalucía Oriental, quien estaba al tanto de las presuntas mordidas. Tras estas declaraciones, el próximo 12 de junio, comienzan las citaciones a políticos o altos cargos de administraciones regionales, con el testimonio de Abelardo García Moya (exgerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía); al día siguiente le toca el turno a José Luis Almazán Palomino (exmiembro de la Ejecutiva del PP de Melilla) y, el 13 de junio, el juez Albino Pardo Rodríguez (exdirector del Puerto de Cádiz).
