Sólo cinco cárceles españolas están dotadas de las medidas necesarias para que en ella cumplan condena funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de prisiones o de la Administración de Justicia. Son cárceles con módulos específicamente diseñados para proteger la integridad física de estas personas frente al resto de la comunidad reclusa, generalmente formada por penados que lo han sido por la acción profesional directa o indirecta desempeñada por esos presos especiales. En cuestión de días el juez en suspenso Salvador Alba Mesa se convertirá en uno de ellos.
Aunque puede elegir inicialmente en qué prisión cumplir los seis años y medio de privación de libertad a los que ha sido condenado por prevaricación, cohecho y falsedad en documento judicial, Alba solo dispone en España de cinco centros penitenciarios que garanticen su seguridad. Están en Madrid (Estremera), Sevilla (Sevilla 1), Albocasser (Castellón 2), Lugo (Monterroso) y Logroño. Ninguna de las cárceles canarias dispone de esos módulos de seguridad para funcionarios relacionados con la persecución del delito, aunque el recluso puede elegir cualquiera de ellas para cumplir el requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de ingresar ya a cumplir su condena. Será a continuación la junta de evaluación de la cárcel la que clasifique el preso, para lo cual tiene un plazo máximo de dos meses, según el reglamento de Instituciones Penitenciarias.
En cualquiera de las cárceles que ingrese, Alba deberá empezar por guardar una cuarentena de diez días por motivos de las medidas de lucha contra la pandemia por COVID-19. Luego empezará su clasificación por los funcionarios encargados de hacerlo, y finalmente se le asignará módulo. Si eligiera cualquier cárcel canaria, Alba será de inmediato recluido en un módulo especial, aislado del resto de los internos, con funcionarios que recibirán instrucciones precisas sobre la custodia del condenado.
Luego se notificará a Instituciones Penitenciarias esa incidencia y será ese órgano dependiente del Ministerio del Interior el que, en función de la disponibilidad de plazas, la logística o razones de organización determine a cuál de las cinco prisiones habilitadas deberá ser trasladado el magistrado condenado.
En el caso de ingresar voluntariamente en prisión dentro de los diez días de plazo que le ha concedido el TSJ de Canarias, Alba podría elegir Sevilla 1 por encontrarse en una ciudad con la que mantiene vínculos familiares. Su actual esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier, es natural de la capital andaluza y allí tiene familiares. En caso de incumplir ese plazo, la autoridad judicial deberá emitir una orden de busca y captura para ser detenido y conducido a prisión. En tal caso, el proceso descrito anteriormente se llevará a cabo en la prisión que decidan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero siempre acabará cumpliendo en alguna de las cinco prisiones habilitadas.
Salvador Alba Mesa fue condenado en septiembre de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a seis años y medio de prisión por los delitos que cometió cuando trató de perjudicar a la magistrada Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. La condena, que incluye una inhabilitación de 18 años, la pérdida de su condición de juez y los honores anexos, le impone también una multa de más de 12.000 euros y una indemnización a Rosell de 60.000.
La sentencia fue ratificada el pasado noviembre por el Tribunal Supremo, y esta misma semana, cuando se cumplían 50 días, el TSJ de Canarias ha iniciado su ejecución. Paralelamente, el Consejo General del Poder Judicial acordó este jueves poner en marcha los trámites para su expulsión definitiva de la carrera judicial.