El juez instructor del caso Mascarillas, que investiga el frustrado contrato que suscribió el Servicio Canario de Salud (SCS) con una empresa dedicada a la compraventa de vehículos para la adquisición, por cuatro millones de euros, de un millón de mascarillas FFP3 que nunca llegaron a los hospitales de las Islas, ha citado a declarar como testigo al presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, el próximo 2 de noviembre.
El magistrado Javier García García-Sotoca, titular del Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria, ha solicitado la comparecencia del presidente canario para que aclare qué competencias y facultades concedió durante la pandemia el Comité de Emergencias Sanitarias a su coordinador, el investigado Conrado Domínguez, actual director del Servicio Canario de Salud (SCS).
El instructor también pretende conocer si este comité estaba al corriente de las negociaciones y de la operación que suscribió Domínguez, que entonces ocupaba el cargo de secretario general técnico en la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, con la empresa RR7 United S.L., administrada por el también imputado Rayco Rubén González, a través del intermediario Samuel Machín.
Torres prestará declaración el 2 de noviembre, en la forma que elija: por escrito o de manera presencial ante el juez instructor y los representantes de las acusaciones y defensas, tal como permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal en razón de su cargo. Lo hará en condición de testigo, no como investigado (no se le imputan hechos presuntamente delictivos), y con ese propósito de aclarar el papel que desempeñaba Conrado Domínguez dentro de ese comité que encabezaba el presidente canario, del que también formaban parte asesores científicos y que proponía la subida o bajada de niveles en las Islas durante la pandemia según la evolución de los datos epidemiológicos.
La citación se produce después de la primera ronda de declaraciones en sede judicial y de que el Gobierno de Canarias remitiera, a petición del juzgado, un documento con la relación de miembros del Comité de Emergencias Sanitarias y en el que admitía, además, que no disponía de actas de esas reuniones.
Conrado Domínguez compareció ante el juez el jueves pasado. El director del SCS aseguró que todas las decisiones se adoptaron al amparo de “la legislación vigente en cada momento” y descargó en la exresponsable de Recursos Económicos del organismo público, la también investigada Ana María Pérez, y en su equipo la responsabilidad de comprobar la solvencia de la empresa contratada, así como de la segunda oportunidad que se le concedió a RR7 United una vez el contrato original estaba extinguido. A Domínguez se le imputan presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. A Pérez, de prevaricación. Y al empresario Rayco Rubén González, de estafa agravada y blanqueo de capitales.
El viernes también declararon ante el juez tres funcionarias del SCS y el intermediario de la operación, Samuel Machín, que se ratificaron en lo manifestado durante la fase de diligencias preprocesales ante el fiscal Anticorrupción y, con ello, apuntalaron la acusación contra los investigados.
Mascarillas que nunca llegaron
En mayo de 2020, dos meses después de la declaración del estado de alarma, Canarias era, después de Andalucía, la comunidad con el mayor porcentaje de sanitarios infectados en relación con el total de contagios. Es en este escenario en el que se produce la polémica adjudicación a la empresa RR7 United S.L., dedicada al sector de la automoción, de un contrato de emergencia por importe de cuatro millones de euros para la adquisición de un millón de mascarillas FPP3, las de máxima protección, que tenían como destino los hospitales de las Islas y que nunca se sirvieron. A las Islas solo llegó una partida de algo más de 900.000 unidades que acabó siendo destruida en Aduanas después de que la empresa fabricante, 3M, alertara a la Agencia tributaria de que se trataba de mascarillas falsas.
La Fiscalía Anticorrupción calificó este procedimiento de “abrumadoramente irregular”, incluso de “grotesco”. La querella remarca que el contrato se negoció durante 21 días a través de Whatsapp y que durante ese periodo en ningún momento se preguntó por la solvencia de la empresa, su capacidad para conseguir y transportar el material, su relación con el proveedor o los plazos. Señala que, a pesar de que se justificó por la necesidad “urgente e imperiosa” de suministrar mascarillas FFP3, las de máxima protección y rendimiento, a los sanitarios de las Islas, lo que acabó contratando fueron FFP2 y, además, al mayor precio que se pagó en toda la pandemia (más de un euro por encima por unidad con respecto a la segunda más cara).
También reprocha al SCS que acordara un segundo pago (de dos millones de euros, el 50% restante del contrato) sin haber recibido ni una sola mascarilla de las comprometidas y después de que dos jefas de servicio del área de contratación de la Dirección General de Recursos Económicos del organismo público advirtieran de que el riesgo de estafa “era notorio” y de que RR7 United era “una empresa fantasma, pirata”. O que en junio de 2021, cuando ya había resuelto el contrato por incumplimiento de la empresa, decidiera aceptar una modificación por la que el adjudicatario se comprometía a entregar por el mismo precio un 20% más de mascarillas (1,2 millones) de otro modelo, un compromiso que tampoco cumplió y que asumió tres meses después de que llegara a Gran Canaria una partida de algo más de 900.000 mascarillas procedentes de Etiopía que fueron destruidas en la Aduana tras constatarse que eran falsas.