La magistrada Ana Isabel Vega, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, ha solicitado la extradición de Vladimir Kokorev y Julia Kokoreva, ciudadanos de nacionalidad rusa que fueron detenidos a principios de septiembre en Panamá tras permanecer varios meses en paradero desconocido (con una orden de busca y captura) después de que la Unidad de Delitos Monetarios de la Policía Judicial, en un extenso y complejo informe, les acusara de ser los testaferros en España de políticos de alto nivel en Guinea Ecuatorial, entre los que se encuentra su presidente, Teodoro Obiang.
Según han informado a este periódico fuentes de la investigación, la jueza está pendiente de que las autoridades de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) procedan a la extradición del matrimonio Kokorev, que permanece en el centro penitenciario La Joya, a las afueras de la ciudad de Panamá, para tomarles declaración, cerrar la instrucción y decretar la apertura del juicio oral. Las mismas fuentes esperan que este proceso se produzca en las próximas semanas.
El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España inició en 2003 una investigación a raíz de un rastreo ordenado por el Senado de Estados Unidos a las cuentas del banco Riggs de Nueva York. En estas pesquisas se descubrieron importantes operaciones en las que aparecían personalidades tan destacadas como las del dictador chileno Augusto Pinochet o la del guineano Teodoro Obiang. Este último figura como firmante de la cuenta de Petróleo de Guinea Ecuatorial, desde la que se movían unos 700 millones de dólares procedentes de petroleras estadounidenses y desde la que se ordenó entre los años 2000 y 2003 un total de 13 transferencias por un montante de 26,4 millones de dolares (23 millones de euros) a la sociedad panameña Kalunga Company SA.
El dinero se ingresó en una cuenta del Banco Santander en Las Palmas de Gran Canaria. En la capital grancanaria, en un apartamento situado en la zona de Playa Chica, en Las Canteras, residían en ese momento Vladimir Kokorev, profesor de historia de 59 años y extraductor de español del Partido Comunista en la Unión Soviética, y su esposa Julia Kokoreva, de 61, intérprete y periodista. Ellos son los titulares de Kalunga.
Ante la sospecha de blanqueo de capitales mediante la utilización de sociedades pantalla y transferencias a paraísos fiscales, la Asociación de Derechos Humanos de España presentó una querella contra el clan Obiang. El caso recayó en la Audiencia Nacional, que lo remitió a los juzgados de Las Palmas al entender que el presunto delito se habría cometido en esta provincia. La investigación pasa en ese momento a manos del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria y del fiscal Anticorrupción Luis del Río, que solicitó la imputación del matrimonio después de recibir un informe de Hacienda.
La Unidad de Delitos Monetarios de la Policía Judicial elaboró otro informe en el año 2013, destapado por el diario El País, que señalaba a los Kokorev como testaferros del clan Obiang y los acusaba de blanquear grandes cantidades de dinero procedentes de “actividades delictivas y de corrupción política” en el país africano. Según estas informaciones, el matrimonio ruso se valía de un conglomerado de diez sociedades para transferir el dinero de las arcas públicas de Guinea Ecuatorial a cuentas personales del entorno de Obiang, “presidente vitalicio” de la excolonia española desde que en 1979 derrocara con un Golpe de Estado a Francisco Macías Nguema.
Con estas actuaciones presuntamente delictivas, el matrimonio ruso amasó un importante patrimonio. Antes de su apresurada huida de España en el año 2012, los Kokorev contaban con seis propiedades en el país, tres en Las Palmas de Gran Canaria y tres en Madrid, y eran dueños de un complejo de 25 apartamentos en Lanzarote, el Sands Beach Resort, que habían comprado en 2006 a través de otra de sus empresas, Phase Invest, por cuatro millones de euros.
Vladimir Kokorev ha sostenido en los interrogatorios preliminares a los que ha sido sometido que el dinero procedía de actividades pesqueras en Guinea Ecuatorial, pero los investigadores dudan de la autenticidad de su relato.
Los hijos del matrimonio, Igor y Vladimir, también fueron detenidos por un supuesto delito de blanqueo de capitales.