“El Partido Popular de Telde no puede tener una responsabilidad civil subsidiaria cuando sus representantes no tienen una responsabilidad penal”. La frase está recogida en el décimo punto del voto particular emitido por Salvador Alba en la sentencia del caso Faycán, notificada este miércoles a las partes. El polémico magistrado pretendía exonerar al PP de la devolución de una factura amañada de 740 euros, la cantidad reclamada por la Fiscalía, al entender que no existe “prueba alguna directa o indirecta que demuestre que las obras de reforma en la sede de dicho partido se sufragaran con dinero público del Ayuntamiento de Telde, lo que excluye, incluso, la participación del partido a título lucrativo”.
Olvidó Alba que uno de los procesados que se confesaron autores de los hechos, José Luis Sánchez, asesor de María del Carmen Castellano, entonces concejala de Desarrollo Local, era, en el momento de los hechos, secretario del comité local del PP en Telde. En la declaración que prestó el 19 de enero en el juicio del caso Faycán, Sánchez admitió la financiación irregular de la sede del partido en el barrio de Arnao y señaló a Francisco Gordillo, asesor de la cabecilla de la trama, la ya fallecida María Antonia Torres, como su muñidor. Las conversaciones telefónicas interceptadas durante la investigación le incriminaban y comprometían también a su jefa, que ha sido finalmente absuelta.
El antiguo asesor de Castellano, que llegó incluso a asumir de forma fugaz la Presidencia del PP de Telde antes de su detención, ha sido condenado a ocho meses de cárcel y tres años de inhabilitación por un delito de fraude en concurso con malversación y falsedad. La responsabilidad penal de Sánchez, al igual que la de los otros veinte acusados arrepentidos, figura, por tanto, en el voto particular que emitió Alba días después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordará su suspensión como juez ante su procesamiento en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), donde está acusado de cinco delitos por maniobrar contra su compañera de profesión Victoria Rosell para perjudicar su carrera política y profesional y favorecer la querella que contra ella había presentado José Manuel Soria, exministro de Industria, expresidente del PP canario y rival político de la jueza en las elecciones generales celebradas en diciembre de 2015.
La responsabilidad civil subsidiaria del PP en la trama Faycán ha sido, precisamente, el único motivo de discrepancia entre Alba, presidente del tribunal, y los otros dos miembros de la Sala, Carlos Vielba y Oscarina Naranjo. “Se ha declarado probado que el concierto para este pago (el abono con fondos públicos de las obras en la sede del PP) se realizó entre, sorprendentemente, Francisco Gordillo y José Luis Sánchez (también con la fallecida María Antonia Torres), y si bien no consta que el primero ostentara cargo en el PP, ”hombre de confianza del partido“ se definió él mismo, sí consta el desempeño de cargo por parte del segundo, por lo que la declaración como responsable civil subsidiario por parte del PP resulta obligada”, exponen Vielba y Naranjo en el fallo para enmendar el olvido de Alba.
También ignoró el polémico magistrado la confesión de otro de los arrepentidos, Felipe Ojeda, administrador de facto de la principal proveedora del Ayuntamiento de Telde en suministros de ferretería durante el periodo investigado en el caso Faycán (2003-2007). Este acusado convertido en testigo admitió que falsificó facturas para que la corporación local pagara la reforma de la sede del PP. El empresario emitió, en concreto, cinco facturas por un importe total de 15.000 euros para que se cargaran a las escuelas taller de la Concejalía de Desarrollo Local que lideraba María del Carmen Castellano y al programa de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia al Autoempleo (OPEA), dirigido a parados y subvencionado por el Fondo Social Europeo. Ojeda reconoció ante el plenario que esos suministros nunca se sirvieron al Ayuntamiento y que esos fondos se destinaron a financiar parte de la remodelación de la sede del PP en el barrio de Arnao.
A pesar de ello, Alba plasmó en su voto particular lo siguiente: “Sólo existe una sospecha, una especulación (...) que surge, una vez más, de un informe de la Policía en el que hace algunas deducciones de unas escuchas telefónicas para llegar a una conclusión de que había fondos que en un principio eran para talleres, cursos y demás y se destinaron a pagar las reformas de la sede del PP. Meras especulaciones carentes de prueba alguna”.
La responsabilidad subsidiaria del PP quedó limitada a 740 euros, correspondiente a la única factura que se pudo acreditar que fue pagada con fondos públicos. Así lo han dictaminado los magistrados Carlos Vielba y Oscarina Naranjo, en oposición a lo planteado por Alba. “Se ha declarado probado, por conformidad de las partes, que una pequeña parte, en atención a la cuantía, se ha abonado con fondos públicos”, recoge la resolución judicial.
La reforma de la sede del PP era una de las piezas clave del caso Faycán, puesto que salpicaba a María del Carmen Castellano, que ocupó la Presidencia del partido en Telde de 2012 a 2016. La firma de la exalcaldesa figura en alguna de las firmas de aquellas facturas, como máxima responsable de la Concejalía de Desarrollo Local, y su nombre también aparece en algunas de las conversaciones interceptadas entre José Luis Sánchez y Francisco Gordillo. En estas escuchas, el asesor de María Antonia Torres le insiste al de Castellano en la necesidad de mantener informada a su jefa sobre la operación para acometer la reforma de la sede del PP con cargo a las arcas públicas.
El tribunal del caso Faycán, y en esto sí coinciden tanto Alba como sus dos compañeros, descarta cualquier responsabilidad de la exalcaldesa en la financiación irregular. Con respecto a las conversaciones, sostienen que Castellano “no interviene” en las mismas, “es más, en un una (vía SMS) se limitan a señalar que ya eligió un tipo de suelo (el más claro), acto que no parece delictivo”. En relación al hecho de que las facturas se giraran, y se abonaran parcialmente, con cargo a la concejalía que ostentaba, los magistrados señalan que Francisco Gordillo, “el recaudador”, negó que la acusada le diera “orden alguna” con respecto a las obras de reforma, mientras que su asesor también evitó responsabilizarla del desvío de fondos.