La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha eximido al magistrado Salvador Alba de reparto (recibir más recursos para resolver) en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, donde tiene su plaza. El juez podrá así dedicarse prácticamente en exclusiva a poner la sentencia del caso Faycán, cuyo juicio presidió desde el 15 de enero hasta el 12 de marzo.
Esta autorización se extiende hasta el 1 de mayo, por lo que la resolución sobre la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde en el mandato 2003-2007, con un total de 28 encartados, se dictará, previsiblemente, antes de esa fecha.
La decisión del órgano de gobierno del alto tribunal canario se produce ante la inminente apertura de juicio oral contra el polémico juez. La magistrada Margarita Varona, instructora de la causa contra Alba en el TSJC, abrió en febrero procedimiento abreviado, el paso previo a la vista oral. En esa resolución, imputa a Alba la comisión de cuatro delitos (prevaricación, cohecho, falsedad en documento oficial y revelación de secretos) en la operación maquinada para perjudicar a Victoria Rosell cuando la sustituyó al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
El auto de apertura de juicio oral activará de forma inmediata la suspensión de Alba como juez. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantiene paralizada desde mayo de 2017 una propuesta del anterior promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca Herrera, para separar (expulsar) al magistrado de la carrera judicial por una falta muy grave de desatención en el cumplimiento de sus deberes judiciales. Una infracción disciplinaria que cometió, a juicio del promotor, por haber preparado un interrogatorio junto a un empresario al que investigaba con el objetivo de obtener datos para favorecer la querella que el exministro de Industria José Manuel Soria había presentado contra Victoria Rosell, rival del también expresidente del PP canario en las elecciones generales celebradas en diciembre de 2015.
El pleno del Poder Judicial, conformado por 21 magistrados, adoptará la decisión final en torno a Alba cuando finalice la causa penal en la que está inmerso, es decir, cuando haya sentencia firme. Sin embargo, el auto de apertura de juicio oral ya acarrea su suspensión cautelar en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
Las partes personadas en la causa contra Alba ya han presentado sus escritos de calificación. La Fiscalía solicita diez años de cárcel y 29 de inhabilitación para el juez. La acusación particular, ejercida por Victoria Rosell en calidad de víctima, y las acciones populares, representadas por el partido político Podemos y por el periodista Carlos Sosa, pareja de la jueza, reclaman penas de entre 12 y 13 años y medio de cárcel, de hasta 41 años de inhabilitación y multas que oscilan entre los 103.00 y los 135.000 euros. Rosell ha cifrado además en 80.000 euros la indemnización por los daños y perjuicios morales que le han ocasionado las actuaciones del juez.
Alba presidió el tribunal del caso Faycán y fue designado ponente de la sentencia. En esta causa hay 28 encartados, de los cuales 21 han reconocido los hechos y han pactado con la Fiscalía una reducción considerable de penas. Los siete restantes, entre los que se encuentran los exalcaldes de Telde Francisco Valido y María del Carmen Castellano, tampoco ingresarán en prisión, después de que el representante del Ministerio Público rebajara las peticiones de condena a un máximo de dos años de cárcel por concurrir el atenuante “muy cualificado” de dilaciones indebidas.
La Sala presidida por Alba adoptó al principio de la vista una decisión controvertida que, según abogados de las defensas, abre la puerta a solicitar en un futuro recurso ante el Tribunal Supremo la nulidad de actuaciones. El tribunal acordó que los procesados arrepentidos en el caso Faycán, aquellos que se confesaron autores de los hechos, prestaran declaración como testigos sin dictar formalmente sentencia, una medida “de difícil encaje” en el ordenamiento jurídico español, como calificó entonces el letrado de uno de los acusados. Una hipotética nulidad de las declaraciones de los procesados conformados podría restar valor a otros medios de prueba como la documental o los pinchazos telefónicos.
Sustituciones del juez Alba
El servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial detectó el año pasado en una visita a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas una elevada pendencia judicial, esto es, un considerable número de asuntos por resolver. Aunque determinó que los indicadores de los magistrados que la conforman entraban dentro de los parámetros razonables, el CGPJ incorporó en sus conclusiones, a modo de recomendación, la indicación de que los jueces de este órgano colegiado no ejercieran sustituciones en otros juzgados.
A pesar de ello, Alba acumuló durante el año 2017 sustituciones, refuerzos o comisiones de servicio en al menos dos secciones de la Audiencia Provincial de Las Palmas, la Tercera y la Cuarta.