La jueza de Instrucción 2 de La Laguna, Celia Blanco, ha aceptado finalmente las pretensiones del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y ha suspendido su declaración como investigado en el llamado caso Grúas hasta que se resuelva un recurso ante el Tribunal Supremo interpuesto para impedir precisamente que la causa se trasladara desde el Tribunal Superior de Justicia al juzgado ordinario.
Fernando Clavijo nunca ha querido que le investigue un juzgado ordinario a pesar de que en noviembre pasado, con la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, quedaron suprimidos los aforamientos para la autoridades autonómicas. Por eso ha recurrido insistentemente las resoluciones de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC para que la causa quedara allí residenciada. Sin embargo, dos autos consecutivos le denegaron tal posibilidad, aunque en ambos casos el voto particular del presidente del tribunal, Antonio Doreste, quien fuera alto cargo autonómico con Coalición Canaria, pretendió darle la razón. El último auto concluye que contra él no cabe ningún tipo de recurso. Aún así, la defensa del presidente anunció recurso de casación, cuya validez está ahora en discusión.
De mantenerse esta resolución de la jueza de La Laguna, dictada a última hora de la mañana de este martes, Clavijo no declarará antes de las elecciones del 26 de mayo, a las que concurre nuevamente como candidato de Coalición Canaria. La jueza recuerda en su auto que el recurso de casación anunciado por Clavijo “es un recurso extraordinario que tiene efectos suspensivos y devolutivos”, y por lo tanto ha acordado suspender sine die la declaración del presidente, prevista para este viernes, día 15.
La abogada de la acusación popular, Sandra Rodríguez, ha declarado a este periódico que recurrirá esa resolución por considerar que el mero anuncio de un recurso de casación -que ella entiende que no cabe en este caso- no significa ni que esté preparado ni que esté formalmente interpuesto. También ha anunciado recurso Unidos Se Puede, que igualmente está personado como acusación popular.
Previamente, la letrada Sandra Rodríguez ha presentado un escrito ante la jueza Blanco reclamándole que, “con la misma celeridad y diligencia” con la que ha actuado ante las pretensiones de Clavijo, pida al TSJC que informe si el recurso del presidente ante el Supremo está formalmente preparado, es decir, tramitado por el alto tribunal canario frente al Supremo. La acusación popular cree que han transcurrido de sobra los plazos sin que ese trámite se haya cumplido satisfactoriamente, por lo que recurrirá en apelación directamente ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife reclamando que se anule el auto de la jueza y se fije nueva fecha para la declaración de Fernando Clavijo como investigado.
Las dos magistradas que, junto al presidente del TSJC, firmaron el auto que ahora recurre Fernando Clavijo, sostuvieron en esa resolución que contra ella no cabe ningún tipo de recurso. Pero el voto particular del presidente del TSJC, Antonio Doreste, ha servido al presidente de Canarias para anunciar recurso de casación ante el Supremo, y acto seguido, conseguir la suspensión de su declaración para después de las elecciones autonómicas. Salvo que la providencia de la jueza Celia Blanco dictada este martes quede sin efecto atendiendo los recursos de las acusaciones.
No sería la primera vez que la Audiencia Provincial enmendara la plana a esta jueza en este caso. Ya ha habido dos autos ordenándole la práctica de pruebas que se negó a efectuar a pesar de las continuas peticiones de las partes. Blanco decretó el archivo sin imputar a nadie y, tras las resoluciones de la Audiencia Provincial, ya están en situación de investigados el presidente del Gobierno, su sucesor al frente de la alcaldía de La Laguna, José Alberto Díaz, y el portavoz de Coalición Canaria en ese Ayuntamiento, Antonio Pérez-Godiño.