El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha anulado el acuerdo plenario del 28 de diciembre de 2015 por el que la alcaldesa del Ayuntamiento de Mogán, Onalia Bueno, subió el sueldo a aquellos funcionarios que, según Nueva Canarias, son simpatizantes de Ciuca, partido que gobierna en el Consistorio junto al PSOE. El demandante fue la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias.
Tal como recuerda la concejala de Nueva Canarias en Mogán, Isabel Santiago, en la última sesión plenaria del año 2015 Ciuca y el PSOE sometieron a consideración el expediente por el que se iba a incrementar el salario a determinados funcionarios del Ayuntamiento, “entre los que se encontraban colaboradores y simpatizantes de Onalia Bueno”.
La formación nacionalista pone como ejemplo el caso del funcionario Salvador Álvarez, que tuvo un incremento de 27.736,14 euros. Álvarez es una persona de total confianza de Bueno, de hecho, en la grabación que implica al partido en la trama de la compra de votos aparece como la persona que trabajó en la financiación de la misma. También se ha anulado el incremento de 9.119,32 euros del primo hermano de Onalia Bueno. A todo esto hay que añadir que en un pleno anterior al que se aprobó la subida salarial, la alcaldesa definió a las personas afectadas por la sentencia como “simpatizantes de Ciuca”.
La propuesta fue aprobado en aquella sesión por la mayoría de gobierno pero sin la alcaldesa, que se autoexcluyó. Como rememora Santiago, la actual primera teniente de alcalde, la socialista Pino González, definió la medida como una forma de “optimizar recursos y evitar la contratación de personal de confianza”.
En la sentencia, fechada el pasado mes de junio, se sostiene que la potestad de auto organización de los ayuntamientos está sometida a la ley y al derecho y, en el caso de Mogán, se ha incumplido con el trámite previo de la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), aparte de que no hace una correcta ponderación de los criterios de valoración de cada puesto, así como que no procede que se haga solo de unos puestos concretos y no de todos, motivos todos ellos por los que se declara nula la decisión adoptada en el pleno.
Isabel Santiago recalca que ya en aquella sesión plenaria advirtió al grupo de gobierno que el expediente no se ajustaba a derecho porque contradecía el informe del interventor municipal, que expresaba la necesidad de realizar previamente la RPT para poder modificar los complementos específicos, así como que los sindicatos municipales no apoyaron la propuesta en la mesa general de negociación.
Para Nueva Canarias algunos de los funcionarios beneficiados del incremento salarial “no eran los más idóneos para el desempeño del nuevo puesto por razones formativas y de titulación” y entiende que el criterio que se ha seguido en los incrementos salariales es “el de la simpatía y afinidad al partido de la alcaldesa”, por lo que exige a Bueno y González que asuman la responsabilidad de la derrota judicial y que reclamen a los trabajadores “el sueldo indebidamente cobrado para evitar incurrir en un delito de malversación de fondos públicos, así como que paguen de su bolsillo las costas judiciales”.
Esta sentencia se une a la recientemente conocida en la que también el demandante era el Gobierno de Canarias y por la que se anulaba la mejora laboral del hermano de Onalia Bueno. Además, Bueno está pendiente de que se dicte sentencia por la denuncia que le interpuso la Fiscalía por realizar un contrato a dedo de un conserje.
Solicitud para suspender de empleo a Salvador Álvarez
Isabel Santiago y el concejal no adscrito Domingo Rodríguez han registrado un documento en el Ayuntamiento por el que piden que se suspenda de empleo y sueldo al funcionario Salvador Álvarez por “su aparente situación de incompatibilidad” ya que posee nueve cargos en ocho sociedades mercantiles, lo que al parecer de estos dos concejales “pone en serias dudas su imparcialidad y objetividad en sus actuaciones como coordinador de las práctica totalidad de las áreas en las que se estructura la acción del Gobierno de Ciuca-PSOE”.
Álvarez es coordinador de las Áreas de Servicios Centrales, de Acción Social y Sociocomunitaria; Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad; y de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras y Embellecimiento y en la actualidad está tomando parte de numerosos expedientes y en los tribunales en lo referido a las listas de reserva del Ayuntamiento.
Los dos ediles de la oposición ponen de ejemplo de imparcialidad y falta de objetividad del funcionario el caso del expediente de recogida y traslado de residuos sólidos en el municipio ya que el arquitecto Xerach Negrín, a quien se le adjudicó el contrato para redactar el proyecto, tiene su dirección en el mismo domicilio social de una empresa de la que es administrador Álvarez. Al día siguiente de dársele el contrato por un total de 16.050 euros hizo entrega del proyecto, por lo que Santiago y Rodríguez sospechan que Negrín tenía toda la información “antes de ser formalmente el adjudicatario del proyecto”.
Aparte de la solicitud de suspensión de empleo y sueldo, los dos concejales solicitan que se le abra un expediente disciplinario contra Salvador Álvarez, se le aparte de cualquier asunto de interés público y se abstenga de participar en nad aque tenga que ver con cualquier expediente municipal derivado del ejercicio de sus responsabilidades.
Igualmente, instan a que se anulen todos los actos en los que ha intervenido el funcionario y se informe del procedimiento jurídico que debe seguir el Ayuntamiento en aras a determinar la situación de incompatibilidad o no en la que pudiese estar incurriendo el funcionario, y que se revisen los actos de carácter económico en los que haya intervenido y que se revise el pago realizado al arquitecto Xerach Negrín.