El pasado día 12 de julio de 2018 el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria dictó la cuarta y última sentencia por la que ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por uno de los cuatro policías locales después de que el Ayuntamiento de Mogán les suspendiera de empleo y sueldo durante seis meses.
El juez estima “la falta de justificación o motivación de la medida” del Ayuntamiento de Mogán, “en idénticos términos a los ya examinados por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de los de esta Ciudad”.
En un comunicado, Nueva Canarias (NC) celebra “esta cuarta resolución judicial” y exige a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y al concejal de Recursos Humanos y Policía, Mencey Navarro, una disculpa pública por el daño causado a los agentes y a sus familias.
La portavoz de NC en el consistorio grancanario, Isabel Santiago, considera que “la sentencia confirma que la alcaldesa y el concejal de Policía Mencey Navarro han actuado como siempre, sin justificar las decisiones que adoptan en materia de personal”.
Además, Santiago ha querido recordar que tanto Bueno como Navarro evitaron comparecer ante el pleno reclamado por la oposición para explicar “las verdaderas razones de la apertura de este expediente y la suspensión de empleo y sueldo, que afecta a un delegado sindical y a otros tres agentes, y que aclarase si el concejal de Policía había participado activamente en la redacción y preparación de los expedientes sancionadores”.
NC cree que “estas cuestiones quedaron sin respuesta porque la portavoz del PSOE y primera Teniente de alcalde Pino González salvó a sus compañeros de Gobierno de comparecer y dar explicaciones, aludiendo a la ley de transparencia”.