Un exalcalde de Lanzarote confiesa haber recibido sobornos para beneficiar al hotelero amigo de Soria
El exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, ha confesado ante la Audiencia Provincial haber recibido sobornos, “dádivas” valoradas en 60.000 euros por la Fiscalía, por el otorgamiento de varias licencias urbanísticas a sabiendas de su frontal colisión con la normativa urbanística, para la construcción del puerto deportivo Marina Rubicón, propiedad del grupo Martinón, de Enrique Martinón, el hotelero amigo del exministro de Turismo, José Manuel Soria (PP). El Juzgado de primera instancia número 99 de Madrid consideró acreditado que Soria “fue invitado” por Martinón al hotel Breathless Punta Cana, en República Dominicana.
Reyes es responsable de haber otorgado docenas de licencias urbanísticas ilegales a villas, hoteles y complejos de apartamentos en el sur de Lanzarote. Se enfrenta a la petición de 25 años de cárcel en el juicio del caso Yate por esas licencias, y acaba de reconocer que cometió los delitos contra la ordenación del territorio que se le imputan y que cobró más de 300.000 euros de varios promotores. El juicio comienza el 20 de marzo.
El exalcalde, que perteneció a Coalición Canaria (CC) y al Partido Nacionalista de Lanzarote, ya ha sido condenado en cuatro ocasiones por prevaricación y ha cumplido seis meses de cárcel por la licencia que otorgó a Carlos Morales, el marido de Alexia de Grecia, para que se construyera su casa. En esa ocasión, como ahora, reconoció los hechos para evitar el juicio, en el que también están acusados de blanqueo de capitales su mujer y tres de sus hijos.
No es la primera vez que reconoce que prevaricó y tampoco es la primera vez que reconoce que recibió dinero. En este mismo procedimiento, en el año 2009 confesó, tras su detención, que había recibido dinero de varios empresarios, pero después se retractó. Ahora confiesa que prevaricó al dar las licencias y que fue “gratificado por diferentes promotores y constructores” con 300.172 euros “en metálico”, aunque no desvela quiénes. También confiesa que recibió “dádivas” por favorecer a tres empresas: Construcciones Isla de Lobos, de un empresario local, Carmelo González Clavijo; Gestión y Desarrollo Janubio, de Rafael Mesa Ferrer, uno de sus asesores fiscales; y de Puerto deportivo Marina Rubicón, cuyo accionista mayoritario es el grupo Martinón.
La Fiscalía solicita en este juicio que se anule la licencia del puerto deportivo, que fue obtenida en 2003 sólo seis después de su solicitud y con las obras casi terminadas. En esa fecha el puerto tenía tres propietarios: un 25% era de BTL, la sociedad de Juan Francisco Rosa que también es propietaria de la Bodega Stratvs, cerrada por orden judicial y de los hoteles Princesa Yaiza y Son Bou, que obtuvieron la licencias de Reyes en un plazo de tres días y que también están anuladas. El Ayuntamiento ordenó en 2016 a Rosa que presentara un proyecto de derribo del Son Bou porque es ilegalizable, ya que construyó tres veces más de lo permitido.
Otro 25% es de Rafael Lasso a través de Canarias Rent and Investment y el resto es de Horinsa, como socio mayoritario, una empresa representada por Francisco Armas y que pertenece al grupo Martinón, propietario a su vez del Hotel Volcán de Playa Blanca, cuya licencia concedió Reyes en 1998 y que está anulada por los tribunales desde hace diez años. El grupo Martinón es el propietario del Hotel de Punta Cana donde el ex ministro José Manuel Soria pasó sus vacaciones el año pasado invitado por la propiedad. Soria también se alojó pasó en el Hotel Volcán Lanzarote en varias ocasiones.
Dádiva de unos 60.000 euros
Los tres empresarios citados estuvieron imputados en el procedimiento, pero la Fiscalía pidió el archivo de las actuaciones contra ellos en marzo de 2012, a pesar de afirmar que Reyes había recibido una dádiva de unos 60.000 euros, que es el precio que le hubiera costado pagar el atraque de ocho años en ese puerto del barco El Pachi, que Reyes compró por 143.000 euros con el dinero que cobró de forma ilegal por licencias urbanísticas. Sin embargo, el antiguo Código Penal no penaba el cohecho pasivo para quien otorgaba la dádiva si ésta era posterior a la actuación administrativa que le favorecía.
En el escrito en que se solicitó el archivo de las imputaciones para los empresarios, la Fiscalía sostenía que, en el caso de la licencia al Hotel Volcán, “al margen de los datos incriminatorios”, el delito habría prescrito porque habían pasado más de diez años desde la concesión de las licencias hasta la declaración judicial de Francisco Armas.
En el caso del puerto, el fiscal señalaba que “los indicios incriminatorios de haber participado en la entrega de algún tipo de dádiva para lograr la inactividad municipal entre los años 2000 y 2003 y la posterior concesión de la licencia en 2003 (...) tampoco son suficientes para mantener su imputación, así como que esos indicios se basaban en la lógica deductiva pero no en la realidad constatada”.
Las obras del puerto deportivo Marina Rubicón estuvieron paralizadas porque no tenían licencia, tras la denuncia de otro empresario, Juan Padrón, que denunció los hechos por la vía contenciosa y por la vía penal. Desistió de todos los procedimientos tras llegar a un acuerdo con los propietarios del puerto por 1,8 millones de euros. Padrón, ya fallecido, tenía una parcela en primera línea, donde construyó un centro comercial, que quedó relegado a la parte trasera del puerto deportivo.
