La Sección Segunda de la Audiencia Provincial que ha juzgado el caso Las Teresitas señala en varias de sus páginas a una persona que fue esencial para que la operación se llevara a cabo, pero que no se sentó en el banquillo, sino que declaró como testigo. Se trata del que en 2001 era presidente de CajaCanarias, Rodolfo Núñez Ruano, que fue investigado por un posible cohecho.
Los magistrados llegan a advertir que Rodolfo Núñez ocultó la verdad a los concejales del Ayuntamiento y al propio tribunal, durante el juicio, al intentar hacer creer que la tasación que aportó CajaCanarias sobre el valor de los terrenos era una tasación objetiva, cuando en realidad era un informe sesgado y manipulado.
Es más, en la sentencia se dice que Miguel Zerolo se sirvió de la ayuda de Núñez Ruano, quien se prestó a presentar ante los concejales municipales, durante “el simulacro” del proceso negociador con la Junta de Compensación de Las Teresitas (en realidad, con los dueños de Inversiones Las Teresitas, Antonio Plasencia e Ignacio González) la tasación de TINSA “como propia de la Caja” y con una fecha de emisión posterior a cuando se llevó a cabo el informe, (19 de junio en vez de marzo de 2001).
Si bien llamó la atención de los magistrados que el expresidente de CajaCanarias se convirtiera en uno de los “instrumentos” de Zerolo para convencer al Ayuntamiento de que el precio de 8.750 millones de pesetas a pagar por 11 parcelas del frente de la playa era el ajustado a derecho, más les llamó la atención del préstamo de 5.600 millones de pesetas a Antonio Plasencia y a un “testaferro” (así lo califican) de Ignacio González, que a la sazón se sentaba en el consejo de administración de la entidad financiera y que se votó a sí mismo la concesión de ese crédito.
En la sentencia se recogen las “extraordinarias circunstancias” en las que se otorgó ese crédito, el mayor concedido hasta entonces por la Caja, debido a la incertidumbre que había sobre la posible revalorización de los terrenos y a la falta de garantías sobre su devolución. Se recuerda, incluso, que la sentencia del Tribunal Supremo por la que se declaró la vigencia del Plan Parcial de 1988 y la posibilidad de construir en la zona se dio a conocer tres días después de la concesión del préstamo.
“Estas circunstancias ya fueron advertidas a la Caja por su Comisión de Control. Entre otras, ”el hecho de que fuera convocada una sesión extraordinaria del Consejo para autorizarla (algo que sólo había ocurrido en dos ocasiones anteriores), y que el presidente de la Caja y su director general (Álvaro Arbelo) justificaron únicamente por lo interesante de la operación; que la sociedad peticionaria del crédito ni siquiera había sido constituida; la falta de una verdadera tasación; la falta de consistencia de la estimación de valor facilitada por TINSA y, en particular, que tal valoración no cumplía los requisitos condicionantes“.
Por ello, el tribunal que ha juzgado el caso las Teresitas, sostiene que “la versión de los hechos no ha resultado creíble”, no ya solo por la concesión del préstamo, sino por entregar al Ayuntamiento, de la mano de Zerolo, la falsa tasación y (en este punto inciden varias veces), “por las sospechas que genera el hecho de que Núñez Ruano tuviera que llegara admitir haber recibido cuatro millones de euros del acusado señor Plasencia, transferencia que justificó únicamente como un préstamo personal debido a razones de amistad”.
En efecto, durante la vista oral se conoció que Antonio Plasencia le regaló al expresidente de CajaCanarias esos cuatro millones de euros entre 1998 y 2002, años en los que se fragua el caso Las Teresitas, que le le facilitaron su entrada en la aerolínea canaria Binter.
Es por ello porque los magistrados concluyen que este testigo “bien ha faltado a la verdad, bien ha ocultado al tribunal datos relevantes que debieron haber facilitado(...)”.
Por estos hechos, y ese trasvase de cuatro millones de euros, Rodolfo Núñez fue investigado por un posible cohecho, además de posible “cooperador necesario” del exalcalde condenado en la manipulación del precio de la playa, aunque finalmente la Fiscalía anticorrupción no encontró pruebas suficientes para sentarle en el banquillo.