Juan Carlos Santos, administrador del concurso de acreedores de Seguridad Integral Canaria (SIC), empresa ya en fase de liquidación, considera que hay “indicios, que no evidencias” que apuntan a que Miguel Ángel Ramírez siguió manejando de hecho la sociedad cuando dejó de ser administrador, en agosto de 2011. En esa fecha cedió el testigo a su entonces mano derecha, Héctor de Armas, el otro acusado en el juicio que se celebra desde esta semana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
Es una de las cuestiones que se dirimen en el procedimiento, determinar hasta dónde alcanza la responsabilidad del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas en los hechos presuntamente delictivos. La causa investiga el pago de horas extra camufladas como dietas y otras maniobras para, presuntamente, eludir obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en el periodo comprendido entre 2009 y 2017.
La defensa de Ramírez sostiene que su responsabilidad termina en agosto de 2011. Para la Fiscalía y el resto de las acusaciones, en cambio, siguió gestionando la empresa de facto a partir de esa fecha pese a que el administrador único era ya Héctor de Armas. El Ministerio Público considera que ese cambio al frente de la sociedad estuvo motivado por la inhabilitación que había recaído sobre Ramírez por otra causa judicial y los problemas que ello podría acarrear a la hora de presentarse a los concursos públicos de seguridad y transporte de fondos.
Santos ha declarado como testigo en la sesión de este miércoles, la tercera del juicio. Este economista y auditor de cuentas fue designado administrador concursal de Seguridad Integral Canaria en enero de 2018. Ese concurso está en fase de liquidación.
Durante su declaración ha puesto tres ejemplos de lo que, a su juicio, son “indicios” del desempeño de Ramírez como administrador de hecho a partir de agosto de 2011. Por un lado, ha aludido a los “importantes movimientos”, que llegaron a ser de “300.000 o 600.000 euros”, registrados en una cuenta asociada a la empresa. “Eso no lo hace una persona que no administra”, ha señalado Santos a preguntas de la Abogacía del Estado, que ejerce también la acusación en representación de la Agencia Tributaria.
El economista ha precisado que se llegaron a mover siete millones de euros, aunque después, ante cuestiones de la defensa, dijo que esa cuenta era de “socios y administradores” (Ramírez era propietario del 91% de las acciones de SIC) y que había sido liquidada. Es decir, que los fondos habían sido devueltos.
Santos también aludió a facturas por pagos que Ramírez realizó los días 5 de enero de los años 2015, 2016 y 2017 en la joyería Saphyr. “Es otro de los síntomas”, ha dicho. Esas facturas, que ascendían a 98.000, 53.000 y 103.000 euros, se habrían abonado con cargo a servicios futuros de Seguridad Integral Canaria a la propia joyería.
El tercer “indicio” apreciado por el administrador concursal tiene que ver con la venta de acciones que Seguridad Integral Canaria tenía en la Unión Deportiva Las Palmas propio Ramírez como persona física por un precio presuntamente inferior a su valor, una operación que, junto a otras, se investiga en el marco de otro procedimiento que se tramita en el Juzgado de Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria. Esta venta (por 240.000 euros) no logró el propósito de inyectar liquidez en la sociedad, según el administrador concursal.
A preguntas del abogado de Ramírez, Santos dijo que desde agosto de 2011 el empresario no estaba autorizado para operar en las cuentas bancarias de la sociedad y que no figuraba en contrato o póliza alguna.
Durante la declaración, el administrador concursal también se refirió a la alta litigiosidad de la empresa en los juzgados de lo social, con “más de 4.000 procedimientos abiertos”. Santos ha explicado que han sido “muchísimos” los trabajadores que han demandado a la empresa por distintos motivos, como las diferencias entre las cantidades percibidas y las fijadas en el convenio estatal de seguridad o las que tienen que ver con el pago de horas extra, en cuanto a retenciones y cotizaciones no practicadas, el objeto de la causa. Y ha admitido que, como consecuencia de esos pleitos laborales, algunos trabajadores han podido cobrar “dos veces” las horas extra. “Lo tendré que resolver”, ha dicho.
El auditor ha señalado que el concurso de acreedores de SIC está pendiente de calificación (para determinar si es fortuito, culpable o, incluso fraudulento). Según explicó ante la Sala, fue él mismo quien pidió su suspensión a la espera de lo que depare la causa penal que se sustancia en el Juzgado de Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria y que investiga el presunto desvío de fondos y vaciado de las cuentas de la empresa. La fiscal de Delitos Económicos Evangelina Ríos quiso incidir sobre ese proceso, pero el presidente del tribunal, el juez Miguel Ángel Parramón, interrumpió esa línea de interrogatorio al entender que las preguntas no eran procedentes porque se desviaban de los hechos por los que se juzga a los empresarios Ramírez y De Armas.
A preguntas del abogado de Ramírez, Santos ha dicho que la deuda de SIC antes de la declaración del concurso de acreedores ascendía a 16 millones de euros con la Seguridad Social y a 7 millones con Hacienda, aunque precisó que se trataba de un informe provisional y que el definitivo, que presentará en próximas fechas, ya habla de 38 millones solo con la Seguridad Social. En esta causa penal se acusa a los procesados de un fraude fiscal de 36,66 millones de euros.
Más trabajadores
Además del administrador concursal, en la sesión de este miércoles han declarado otros trece extrabajadores de Seguridad Integral Canaria. Sus testimonios han incidido, en términos generales, en lo ya apuntado el martes por la mayoría de los vigilantes que testificaron. Esto es, que hacían un importante número de horas extra (uno de ellos llegó a decir que había hecho casi 200 en un mes) y que se les pagaban por debajo de convenio y a través de una transferencia independiente de la nómina y bajo el concepto de dieta o “compensación” o “gratificación”, sin cotización a la Seguridad Social ni tributación.
El juicio se reanudará el martes con nuevas testificales.