Los tres acusados en el caso de los supuestos sobornos que ayudaban a introducir mercancía falsificada por el puerto de Las Palmas en 2011 y 2012 empleaban en sus conversaciones telefónicas un lenguaje convenido, muy similar al de los narcotraficantes, según los investigadores.
En la segunda sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Las Palmas contra un comerciante, su abogado y un funcionario vigilante de aduanas, los dos guardias civiles responsables de estas diligencias han explicado al tribunal del Jurado que ese lenguaje denota que trataban de ocultar el contenido de sus conversaciones y que para referirse a los contenedores empleaban el término “tabla”.
El instructor ha indicado que se llegó a estos tres acusados por una investigación inicial por un supuesto soborno de un importador a un guardia civil de aduanas, por lo que se solicitó autorización judicial para “pinchar el teléfono” de esa persona, que condujo hasta el funcionario Mario César H.S., con el que no se le halló actividad ilícita, pero sí con el comerciante procesado, Shashi N.K y su abogado, Juan Manuel G.C..
De esas escuchas, ha dicho que se pudo averiguar que en enero de 2012 iba a llegar un contenedor con mercancía ilegal, que se dejó despachar y que, tras su inspección por la Guardia Civil, se hallaron las figuras de cerámica de imitación del “Diablo de Timanfaya”, cuya patente pertenece a la Fundación César Manrique de Lanzarote.
El instructor ha explicado que la inspección de ese contenedor, que había salido con el visto bueno de aduanas, la efectuó el acusado Mario Césa H.S., que no había seguido el procedimiento habitual, según le comentaron los otros funcionarios de aduana, por lo que se llevó a su detención el día 16 de enero y al día siguiente a su cuñado, el abogado procesado.
También se detuvo en ese entonces a dos agentes de aduanas de una empresa que estaban enterados de la operación.
Así mismo, el instructor ha indicado que el acusado Shashi N.K., en su primera declaración confirmó las sospechas que se derivaron de la investigación practicada y que su actitud fue de “absoluta colaboración” tras ser descubierto.
El instructor ha señalado también que los funcionarios de vigilancia de aduana se cambiaban entre ellos la asignación de las funciones que se les encomendaba sobre los contenedores, según la información que le facilitaron.
La guardia civil que actuó como secretaria de las diligencias instruidas ha señalado que en una de las conversaciones intervenidas entre el abogado Juan Manuel G.C. y el comerciante Shashi N.K., el primero le explica cómo debe distribuir la mercancía ilegal en el contenedor, que después fue intervenido en enero de 2012.
Así mismo, ha manifestado que en otra conversación telefónica intervenida se sabe que el acusado Mario H.S. no pudo hacer nada sobre un contenedor que llegó meses antes con mercancía falsificada y que fue interceptada, porque su cuñado y el comerciante le dieron la información demasiado tarde.
En esta jornada también ha declarado el guardia civil que halló los Diablos de Timanfaya en las cajas numeradas como 6.000 a 6.028, que ha indicado que, por la investigación, se sabía que en ellas se encontraba la mercancía ilegal.
La técnico de Hacienda, que coordinaba la sección de muelles en esos años y que trabajó con el acusado Mario H.S. ha señalado desconocer la información a la que puede acceder un funcionario de vigilancia de aduana.
Ha explicado que el actuario (un técnico de Hacienda) es la persona que despacha la mercancía y da el visto bueno tras el reconocimiento previo del funcionario de vigilancia.
Este último es el encargado de rellenar la diligencia de reconocimientos conforme a las órdenes establecidas por el actuario, que despacha la mercancía si en aquella no hay reparos.
El juicio continuará esta tarde y mañana con la reproducción de las escuchas telefónicas y las conclusiones finales de las acusaciones y las defensas, y posterior elaboración del objeto del veredicto para que el tribunal pueda comenzar a deliberar sobre la culpabilidad o no de los procesados.
Los tres acusados se enfrentan a penas de entre 4 y 6 años de prisión, si bien la fiscal Beatriz Sánchez ha anunciado su intención de rebajar la condena al comerciante por su confesión y por las dilaciones indebidas habidas en el proceso.
La Abogacía del Estado también está personada como acusación en esta causa, en representación de la Agencia Tributaria.