La portavoz de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Mogán, Isabel Santiago, ha presentado esta semana un escrito ante la Fiscalía de Siniestralidad Laboral de Las Palmas en el que se informa de los trabajos realizados en el vertedero de Balito en los que, presuntamente, se realizó por parte de dos trabajadores la retirada de restos de uralita sin las medidas de seguridad necesarias.
Según Santiago, el pasado 11 de noviembre tuvo conocimiento de que el pasado 11 de noviembre dos trabajadores fueron enviados por los responsables del Ayuntamiento de Mogán para que iniciaran los trabajos de separación de toda la uralita para su posterior extracción del citado vertedero.
En el escrito adjunta hasta cinco fotografías en las que Santiago explica que sirve para acreditar “fielmente por un lado que están utilizando un cubo como medio para trasladar la uralita de su ubicación inicial a otro punto donde se está acumulado”, y que por otro lado “se constata que los únicos medios de protección son unos guantes, obviando por completo el resto de medidas de seguridad que se deben adoptar para salvaguardar la saluda de los trabajadores”.
“Así mismo, se observa como es la pala de un tractor la encargada de remover entre los desperdicios acumulados en el solar de propiedad municipal para facilitar la separación de las piezas de uralita a los trabajadores”, añade Santiago.
Entiende la concejala nacionalista que estos hechos denunciado “son de una gran importancia dada la peligrosidad que supone manipular el amianto sin la debida formación y protección”.
Así, recalca que estos hechos podrían ser constituyentes del delito tipificado en el artículo 316 de nuestro código penal vigente, el cual reza que “los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses”.
Además, la portavoz recuerda que las empresas están obligadas a facilitar medios a los trabajadores para garantizar su seguridad e higiene y evitar poner en peligro la vida. “Por todos es sobradamente conocido el efecto cancerígeno que representa manipular el amianto sin protección alguna para la salud de las personas”. Con todo esto cree que las posibles responsabilidades recaen en la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno; el concejal de Recursos Humanos, Mencey Navarro; y el concejal de limpieza, Juan Carlos Ortega.
Por todo esto, el texto insta a la Fiscalía a que admita a trámite el escrito y realice cuantas gestiones sean oportunas para determinar si estos hechos son constitutivos de algún delito, por lo que para ello pone los datos de los trabajadores. La portavoz también recuerda que con anterioridad ya había denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente los vertidos “incontrolados” de uralita en el citado vertedero.