La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha suspendido el inicio de la vista oral del juicio por el llamado caso Palmera --previsto para este lunes-- y lo ha pospuesto para el próximo 22 de octubre, al incomparecer por enfermedad justificada la letrada de uno de los acusados.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un comunicado, en concreto, el plenario se celebrará entre el 22 y el 26 de octubre del presente año.
El caso palmera sienta en el banquillo de los acusados al exalcalde de Santa Lucía de Tirajana Silverio Matos y al exconcejal Antonio Ruiz Pérez, entre otros, por unos hechos ocurridos en 2005 por las supuestas ilegalidades cometidas en relación al parque eólico proyectado por el Ayuntamiento grancanario.
El Ministerio Fiscal acusa a Matos y a Ruiz de un delito de prevaricación administrativa, y pide para cada uno de ellos una pena de ocho años de inhabilitación.
En la causa está personado en calidad de acusación particular el ex concejal de Santa Lucía de Tirajana Rufino Pérez, que amplía los cargos a otras dos personas y formula acusación por delitos de abuso en el ejercicio de las funciones públicas y uso de información privilegiada. Esta parte pide seis años de cárcel para Matos y Ruiz, y un año de prisión para los empresarios José Luis Alemán Suárez y Antonio Marcial Sánchez Franco.
“La Justicia no estaba preparada para un caso como este”
El abogado de la acusación Alexis Bethencourt, ha señalado que la “clave del delito radica en que el Ayuntamiento de Santa Lucía, de forma secreta, con amigos, decide participar saltándose toda ilegalidad” en el concurso eólico convocado por la comunidad autónoma en 2004.
Además, ha considerado que el denunciante, que es testigo, ha ejercido la acusación durante todo este tiempo “contra viento y marea y es el pequeño héroe anónimo que se merece su reconocimiento”, pues además ha vivido este procedimiento como “un calvario”.
Según Bethencourt, contra su cliente se querellaron los acusados diciendo que mentía y como el asunto estaba bajo secreto de sumario no podía demostrar que decía la verdad, lo que le sumió en una gran depresión.
En cuanto a las dilaciones, el letrado de la acusación ha indicado que obedecen a que “la Administración de Justicia no estaba preparada para un caso como este”, pues solo para la peritación de los terrenos se tardaron cuatro años.
El letrado de Matos, José María Guerra, ha enmarcado los cambios formulados por la acusación popular en una estrategia para que se siga hablando sobre el caso en los medios de comunicación, y sostiene que los hechos que se juzgan se derivan de un error administrativo.
Guerra ha hecho hincapié en que el denunciante, antes de estar en el grupo mixto había sido edil del PP, y que su denuncia la hace coincidir de forma interesada en “pleno escándalo” de los casos Faycán y Eólico, y ha apuntado que ahora ha cambiado la calificación porque ve que la causa se ha “desinflado”.
El abogado de la defensa ha señalado que se trata de una causa con 10.098 folios, que se centra en la investigación del patrimonio de Matos y su familia, y en intervenciones telefónicas de la Guardia Civil en la que “que no se encontró nada que imputara a Silverio por esos supuestos amaños con otras personas implicada en el asunto”.
Según Guerra, la Fiscalía acusa porque el Ayuntamiento no convocó un concurso publico para que los propietarios privados con parcelas colindantes pudieran concurrir, pero lo que ocurre es que los únicos dueños de esos terrenos eran tres, que son los que firmaron los convenios con el Ayuntamiento.
Para Guerra, se trata de un error y el fiscal no vio la documentación registral que acredita que esas parcelas de otros propietarios son los mismos que se unieron al procedimiento del concurso.